Aunque lo nieguen, sí hay terrorismo
CIUDAD DE MÉXICO, 19 de julio de 2020.- ¡Llegó el circo..!
Y arrancó con el desfile de las fieras, de los animales exóticos y las infaltables “focas aplaudidoras”.
Y, como todo desfile circense que se respete, también aparecieron los trapecistas, con sus impensables acrobacias; los enanos que, junto con los payasos de las cachetadas, hacen la delicia de grandes y chicos.
De igual manera desfilaron “el hombre bala”, los equilibristas que cruzan –a toda velocidad–, de lado a lado la carpa, sin red de protección.
Pero la gran atracción del circo, en los tiempos de la pandemia, es “el escapista”; aquel hombre al que siguen todos los ojos cuando desaparece en un extremo de la pista y que, casi de manera milagrosa, aparece entre la multitud, muerto de risa, en medio del aplauso “del respetable”.
Un escapista llamado Emilio Lozoya, que llegó a México procedente de España, en calidad de extraditado, pero que nunca llegó a prisión, sino a un hospital de lujo, a pesar de que los medios lo siguieron en el trayecto al Reclusorio Norte.
Un grosero montaje del gobierno federal; impostura degradante desde el mismo momento en que el ex director de Pemex llegó a la Ciudad de México, a quien sacaron del aeropuerto a escondidas, mientras que los medios seguían a un impostor sembrado en medio de la caravana que viajaba rumbo al reclusorio. Un gobierno convertido en “circo engañabobos”.
Un circo que pretende desviar la atención social –desde hoy y hasta las elecciones federales de julio del 2021–, de un gobierno fallido y reprobado por casi todos; circo que busca que la opinión pública no vea la tragedia económica que ha multiplicado a los pobres y a los pobres extremos y, sobre todo, un circo que intenta ocultar es escándalo inocultable de miles de muertes, sea por la violencia, sea por la pandemia.
Pero, sobre todo, se trata de un circo para esconder la monstruosidad política y la violación constitucional a la que han recurrido el presidente y sus “compinches” quienes no sólo se han apropiado de la impartición de justicia sino que la han convertido en vulgar venganza de Estado.
Sí, porque la persecución y negociación final con Emilio Lozoya, lleva impreso el mismo sello de venganzas como las emprendidas contra Rosario Robles, contra el ex ministro Eduardo Medina Mora; como la posible venganza contra la senadora Vanesa Rubio, quien se va del país, justo cuando llega a México, extraditado de España, Emilio Lozoya.
Pero acaso lo más escandaloso del circo sea el vulgar manoseo ilegal de la justicia. Es decir, el ilegal e inconstitucional manejo de un supuesto acuerdo con Lozoya, desde la casa presidencial.
Y si dudan de la ilegalidad, van las pruebas.
1.- En las mañaneras, de manera ilegal e inconstitucional, el mismísimo presidente anunció la detención y extradición de Emilio Lozoya.
2.- En las mismas mañaneras, Obrador reveló –también de manera inconstitucional–, un acuerdo de impunidad con Emilio Lozoya quien, a cambio del perdón presidencial –que no de la justicia institucional–, revelaría presuntas redes de corrupción en el gobierno de Peña Nieto.
3.- El problema, sin embargo, es que López Obrador miente, ya que tanto la Constitución, como la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Código Nacional de Procedimientos Penales prohíben los “pactos de impunidad”, como los que anunció el presidente.
4.- Por ejemplo, el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que “se podrá abstenerse del ejercicio de la acción penal”, siempre que se hayan reparado o garantizado los daños causados a la victima u ofendido y, sobre todo, cuando se trate de delitos que no ameriten pena privativa de la libertad.
5.- ¿Pero qué creen? Que según el artículo 400 del Código Penal Federal, el delito de “Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” –que es uno de los delitos imputados a Lozoya–, tiene una pena de privación de la libertad “de cinco a quince años”.
6.- Por tanto, Lozoya está imposibilitado, legalmente, de hacer pacto, acuerdo o negociación de impunidad alguno, como lo presumió el presidente.
7.- Por tanto, el presidente, el Fiscal General y el Ministerio Público estarían violando la ley y la Constitución.
8.- Peor aún, la Ley Contra la Delincuencia Organizada establece que corresponde al Juez de la causa el análisis del caso y, al dictar sentencia, podría reducir la pena, nunca eximir al acusado de la misma.
Así pues, el grosero circo que montaron el gobierno federal y el propio presidente –con la extradición de Lozoya–, para desviar la atención por los errores de su gestión y para ocultar los horrores de la irresponsabilidad oficial frente a la pandemia, confirman que López Obrador “mangonea” los poderes Legislativo y Judicial y que, desde el Ejecutivo, no promueve la impartición de justicia sino “la venganza ejemplar”.
Así el circo, con sus fieras, animales exóticos; sus focas aplaudidoras, sus “hombres bala” y sus trapecistas; sin faltar los enanos, los escapistas y los payasos de las cachetadas; el circo de “La Familia López Obrador”.
Al tiempo.