Día 18. Genaro, víctima de la seguridad nacional de EU
Tu ego se puede convertir en un obstáculo para tu trabajo. Si comienzas creyendo en tu grandeza, es la muerte de tu creatividad: Marina Abramovic
Pese a toda la propaganda, la idea de llevar a nuestra Constitución la figura de revocación de mandato no es autoría de Andrés Manuel López Obrador, como él insiste en hacerle creer a sus seguidores, investido de la túnica de Clístenes de Atenas, el considerado padre de la democracia en Grecia, quien quitó el poder a la aristocracia y la pasó a manos del pueblo.
No, lo cierto es que desde varias décadas atrás en nuestro país existía esa demanda por parte de partidos de oposición y organizaciones ciudadanas concientes de la necesidad de disponer de una herramienta jurídica que permitiera poner fin, en forma anticipada, al mandato presidencial de quien en el ejercicio del poder incumple o traiciona las promesas que hizo a los electores.
En diciembre de 2019, con el apoyo no solamente de Morena, sino también de los legisladores del PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y de algunos del PAN, y de las legislaturas locales, logró aprobarse y entraron en vigencia las reformas al Artículo 35 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos.
Se establecieron en dichas reformas los derechos políticos electorales ciudadanos de participar en consultas populares -como la fallida del supuesto juicio a expresidentes-, del pasado primer domingo de agosto y el proceso de revocación del mandato del Presidente de la República.
En justicia, fue el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador quien prometió someterse a este plebiscito a mitad de su mandato, y si la memoria no falla, ofreció irse a su rancho -La Chingada- si el pueblo ya no lo quería.
Es AMLO quien hoy más presiona al Congreso de la Unión para emitir la Ley Federal de Revocación de Mandato, en tiempo y forma, porque quiere ser el primero en someterse a este plebiscito ciudadano en el 2022.
Mucho se insiste en que parece un contrasentido, puesto que es Morena quien lleva la batuta en el Congreso para apurar los consesos y tiempos legislativos que hagan posible que AMLO estrene esta nueva herramienta jurídica, cuyo propósito es aplicar la voluntad ciudadana en contra de los malos gobernantes.
Lo sorprendente es que pese a todo el antagonismo que ha generado el jefe del Ejecutivo por su estilo personal de gobernar, el diario El Financiero publicó los resultados de una encuesta reciente sobre si se adelantaba la consulta de revocación de mandato, el 59% de los mexicanos votaría a favor de que López Obrador continúe en el cargo, mientras que el 37% votaría porque deje la presidencia.
Sin duda que podamos disponer del recurso de revocación de mandato constituye un avance democrático, pero aplicarlo sólo como un recurso de ratificación para el gobierno actual, con un costo aproximado de 3 mil millones de pesos, sería un atentado contra las finanzas públicas de una nación en austeridad. Un grave dispendio para satisfacer un ego enorme.
El proceso de revocación requerirá de la petición firmada por el 3% de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral -alrededor de 2.8 millones-, luego de verificar la autenticidad de estas, el INE revisará la previsión presupuestal y organizará el proceso en forma similar a otra elección federal, a celebrarse el primer domingo después de los noventa días después de la emisión de la convocatoria, en marzo o abril de 2022.
Aún se desconoce la pregunta final, en el dictámen elaborado por comisiones del Senado de la República se incluye una interrogante contraria al sentido de la revocación -para no variar: ¿Estás de acuerdo en que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato?
Por qué, si se trata de una revocación y no de una ratificación, la pregunta directa sería: ¿Estás de acuerdo en que el presidente Andrés Manuel López Obrador sea revocado del cargo antes de concluir su mandato?
Preocupa por qué el presidente de la República es el principal impulsor y quiere ser el primer protagonista de este juicio democrático, parece confiar en que pese a haber decrecido el respaldo ciudadano a su persona y su partido él saldrá triunfante.
Como muestran los resultados electorales del 2018 al 2021, -pasaron las votaciones de 30.1 millones a 17-, y pese a la pobre participación ciudadana en la consulta pública -de sólo 7.1 % del padrón electoral–, confía en contar con el apoyo ciudadano necesario para mantenerse en el cargo.
Para que los resultados de la revocación de mandato sean válidos deberá lograrse el 40% de participación del Padrón electoral, alrededor de 38 millones de ciudadanos, y si se aplicara la interrogante morenista, necesitaría el aval del 50% de los participantes más uno, por el sí, que continúe.
Siguiendo con la hipótesis, ¿qué pasaría si ganara el no, entonces el presidente del Congreso de la Unión tendría que asumir la presidencia de la República de forma provicional y un mes después elegiría a quien la ocupe hasta el término del sexenio.
¿Quiénes de la mayoría legislativa actual -morenista- tienen un perfil para asumir la máxima magistratura del país, quién podría alcanzar el consenso? ¿Sería peor el remedio que la enfermedad?
Será que el popular mandatario ya se vio -a sí mismo- cómo pasará a la historia convertido en el prócer de la democracia en México al haber inaugurado el ejercicio de un nuevo derecho político para los mexicanos y, claro, haber obtenido una ratificación abrumadora de su cargo. (Fanfarrias).
Son tan altas sus ambiciones de trascendencia históricas que el inconciente lo traicionó en la mañanera de este miércoles, cuando comparó a su movimiento (la 4T) con la potencia comunista, dijo: “Yo entiendo, es como cuando se derrumbó la Unión Soviética, todo lo que se había formado con esa concepción, ideología, se sintieron abandonados, como que cayeron en el vacío, se quedaron colgados de la brocha, es ahora lo mismo”.
De ser cierto que aún cuenta con la mayoría mínima para mantenerse en el segundo trienio de su mandato, ¿crecerá el peligro de aumentar sus caprichos de autócrata?
Lo cierto es que no podrá eludir otra responsabilidad histórica que seguramente lo alcanzará, la de ser el líder que ha alentado entre los mexicanos un proceso de confrontación sin parangón: entre ricos y pobres, clasemedieros y pobres, neoliberales y liberales, empresarios y trabajadores, indígenas del pasado y descendientes de indígenas, mexicanos y españoles, progresistas y conservadores, morenistas y opositores, etcétera.
Nadie mejor que Andrés Manuel López Obrador ha logrado dividirnos denostando a quien no comparte su visión del mundo o no se somete a sus designios: a los periodistas críticos los ha deslegitimado con el genérico de «chayoteros», a los intelectuales los devaluó con el adjetivo de «orgánicos», a los consejeros del INE y magistrados del TEPJF los conmina a renunciar por inmorales, deshonestos…
Pese a sus excesos, la mayoría de los analistas políticos opinan que el mejor escenario sería que López Obrador concluya su periodo sexenal para no caer en la inestabilidad política que acarrearía pasar el mando al Congreso, la división interna en el partido en el poder acarrearía mayor retroceso y violencia al país.
Pareciera que no tenemos alternativa a la vista, a menos que algún partido de oposición presente un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Motivos parecen sobrar: porque la interrogante sui-generis no aplica o porque no es retroactiva la aplicación de esta herramienta o quizá haya otros recursos jurídicos que impidan esta costosa tragicomedia.