La Constitución de 1854 y la crisis de México
Pensar en una vida sin internet hoy en día es algo imposible, por ello, es esencial que se mantenga el trabajo constante en él, especialmente a través de la elaboración de políticas públicas, programas y acciones que garanticen el que todas y todos podamos contar con el pleno goce de este.
El acceso a internet se ha convertido en un motor para el desarrollo que, en el corto y largo plazo, promueve el combate a la pobreza y a las brechas de desigualdades, debido a que permite facilita y promueve conocimiento y habilidades.
Independientemente de que el internet se ha convertido en la principal forma de comunicación, así como la plataforma principal para el desarrollo de actividades académicas, derivado de la pandemia por COVID-19; este servicio cuenta con la capacidad de promover que emprendimientos y negocios cuenten con escaparates mundiales para distribuir bienes y servicios, que si se aprovecha de forma óptima, provocaría mayores y mejores beneficios para micro, pequeñas y medianas empresas; así como para profesionales independientes.
A pesar de las bondades que nos ofrece la vida en el entorno digital, la emergencia sanitaria en la que nos hemos visto envueltos, ha dejado al descubierto la falta de programas y acciones serios por parte de autoridades de cualquier índole de gobierno, así como el poco seguimiento que se le ha dado a agendas enfocadas al desarrollo de agendas de derechos digitales; teniendo como principal objetivo el acceso asequible y digno a internet.
Es indispensable que se generen acciones coordinadas desde el sector gubernamental y el sector de las organizaciones civiles, agendas coordinadas que apelen a la mejora del sector, así como el combate al rezago de las brechas digitales.
En Latinoamérica podríamos resaltar iniciativas como las de Brasil, en donde han hecho una inversión considerable en servicios de almacenamiento de la nube para garantizar servicios enfocados en el internet de las cosas. En igual rumbo, Colombia ha aumentado considerablemente la inversión enfocada a la conectividad nacional.
Para el caso mexicano, contamos como ejemplo el programa de Aportación Solidaria para la Tecnología y Conectividad CMT, impulsado por la asociación civil oaxaqueña: Congregación Mariana Trinitaria. Este esfuerzo otorga subsidios que promueven la adopción de dispositivos electrónicos que cuenten con la capacidad técnica de navegar en internet, así como la adopción de un internet digno y asequible.
No sólo se tiene que hacer ley el internet como derecho humano, hacen falta acciones que realizar para que las brechas de desigualdad se cierren y quienes más lo necesiten puedan mejorar sus condiciones integrales de vida.