Promueve policía de Oaxaca de Juárez prevención y proximidad social
OAXACA,Oax.,18 de enero de 2024.- Periodistas del estado de Oaxaca e integrantes de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) y el colectivo Desde Provincia, dieron a conocer la falta de protocolos por parte de los estados de la república para la protección a periodistas.
En una conferencia de prensa realizada en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, Karen Rojas Kauffman del colectivo Desde Provincia, mencionó que realizaron una investigación en 10 estados para saber cuáles son las condiciones para la atención de periodistas.
En los estados de Guerrero, Morelos y Sinaloa son entidades en donde las instancias de protección a periodistas están operando sin titular y simulando que se protegen a periodistas.
Otro ejemplo de lo que sucede en entidades como Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas, quienes colaboran en esas instituciones, lo hacen de forma honoraria, es decir, sin recibir pago por su trabajo.
Otro estado en donde pasa algo similar es Puebla en donde simulan proteger a periodistas a través de tres oficinas que tienen recursos financieros y humanos mínimos.
En Oaxaca, la Unidad Especializada en Investigación en Delitos contra la Libertad de Expresión que se creó el año pasado y solo operan dos agentes del ministerio público, que trabajan sin presupuesto asignado.
Señaló que aunque habían mencionado que habían protocolos para la atención de periodistas, no los hay y ponen el riesgo la integridad de los trabajadores de los medios.
Muchos de estos protocolos son de defensores de derechos humanos que operan para la protección de periodistas.
Por su parte, Antonio Mundaca, señaló que el mecanismo de protección a periodistas «no sirve y esperemos que empiece a funcionar, ya que son paliativos y más bien funcionan como una coladera de recursos para pagar a funcionarios ineptos».
Protección de papel para periodistas en México documentó lo que sucede en diez estados donde supuestamente cuentan con mecanismos de protección, con hallazgos como el pago a consultores extranjeros para elaborar diagnósticos que paradójicamente los medios desconocen, las víctimas colaterales de los homicidios de periodistas no reciben la protección del estado y tampoco hay un protocolo específico para definir a quién se protege.