Conoce personal de la Fiscalía de Oaxaca marco jurídico sobre tortura

OAXACA, Oax. 14 de febrero de 2024.- Al dar inicio al proceso de formación Marco Jurídico Nacional e Internacional en Materia de Prevención, Investigación y Sanción de la Tortura, el Fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, indicó que estas labores de formación tienen el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), para atender y erradicar las prácticas relacionadas con un delito de Lesa Humanidad reconocida en el estándar internacional como tortura.

En compañía del ponente de la primera sesión del proceso formativo, de la asociación denominada Documenta A.C., Héctor Pérez Rivera; la oficial de Proyectos del Programa de Prevención de la Tortura de Documenta, análisis y acción para la justicia social A.C., Zuri Olmo Martínez; la directora del Servicio Profesional de Carrera de la FGEO, Amalia Rueda Alonso y del director del Instituto de Capacitación y Formación de la FGEO, Juan Pablo Morales García; el Fiscal General, sostuvo que, la tortura es un delito que priva a las personas de su dignidad, informó la Fiscalía en un comunicado.

Añadió que, este proceso de formación es parte de las acciones que se realizan como parte del proceso de reingeniería institucional, asimismo, busca hacer más eficiente las herramientas de investigación, los procesos de documentación, así como los resultados que se les tiene que dar a la población, a fin de ser una institución digna y humana, que esté a la altura de las circunstancias que las y los oaxaqueños requieren.

Durante el evento, el ponente de la primera sesión Documenta A.C., Héctor Pérez Rivera explicó que, este proceso de formación genera un intercambio de experiencias, pata brindar a las servidoras y servidores públicos de la FGEO, estrategias para su adecuada implementación de la prevención, sanción e investigación de la tortura.

En este sentido, indicó que las y los servidores públicos de la FGEO tienen el papel fundamental de “garantizar la justicia a las víctimas, a fin de evitar que actos de tortura se repitan en el estado de Oaxaca”.