Llora, el país amado…
Que el gobierno debe estar sujeto a las leyes positivas del Estado parece una obviedad, porque así debe ser, sin embargo, esta conclusión es más teórica que práctica, nadie en su sano juicio puede estar en contra.
Sin embargo, es de difícil operación. La ley es una limitante para la eficacia del ejercicio del poder público, solo se toma como referente general por los gobernantes. A los gobernantes gustan más de la discrecionalidad en su toma de decisiones, que es una forma de toma de decisiones sin violar a la ley. El buen gobernante deberá de saber de la amplitud de la discrecionalidad de la ley para tomar las decisiones pertinentes del momento.
La discrecionalidad es un margen de libertad que tiene el gobernante para ser eficaz o eficiente en sus decisiones, sin caer en el voluntarismo, en la arbitrariedad o de plano, en la ilegalidad.
De la misma manera, es la libertad que tiene para la toma de decisiones entre las opciones legales que se le presentan.
Deberá tomar la decisión a partir del estudio de la mejor opción. La mejor opción siempre será entre inconvenientes y deberá ser la que tenga menos inconvenientes, esto se sabe por estudio o por perspicacia política.
Para la toma de decisiones discrecionales entre inconvenientes, es muy importante tomar en cuenta las circunstancias, el momento y la relación de las fuerzas que intervienen, Maquiavelo dijo tomar en cuenta la ocasión.
La discrecionalidad de la ley está lejos de la arbitrariedad y de las decisiones no razonables. Desde luego, estos ejercicios son relevantes en el contexto del entramado jurídico ya existente. En sociedades o regímenes políticos que no son proclives al gobierno de las leyes estas normas salen sobrando. En este caso, el gobernante tendrá como prioridad el establecimiento de las bases necesarias para el imperio de la ley. Este imperio requiere la formación de la cultura de la legalidad que es el mejor ambiente para el ejercicio del poder bajo leyes aprobadas y legitimadas.
La sociedad se compone de, no solo de individuos, sino de individuos agrupados en clases sociales, grupos de interés, de presión, que quieren ocupar los mejores espacios dentro de la estructura social, recuérdese que el poder político es una posición dentro de la distribución de los poderes en la sociedad. Estas relaciones son mejor desenvueltas en los marcos institucionales que en las relaciones cara a cara.
El gobernante, entonces, deberá preocuparse de la solidez de las instituciones políticas para la estructuración del Estado de derecho. Cada país ha tenido, en su historia, un gobernante o varios de ellos que fueron forjadores de instituciones políticas sólidas.
La disputa por el poder político que se da en el marco del Estado, una verdadera jungla, donde cada espacio se lucha para estar en posición de poder, se pasa por alto el orden jurídico, que por demás fue construido por los detentadores del poder político en un momento determinado, cuya esencia es la conservación de los privilegios de ese grupo político.
Por lo que es fácil deducir que cualquier orden jurídico lleva el sello del grupo o de la clase políticamente dominante. Si la sociedad es imperfecta en los términos jurídicos y políticos señalados, un orden jurídico será más eficaz cuando se encuentra en concordancia con la estructura social, económica y política de la sociedad y que la imparcialidad sea su característica en el marco de la justicia.
Dentro del orden jurídico es necesario hacer predecible la conducta del gobierno, donde la arbitrariedad sea reducible a lo mínimo posible.
Las arbitrariedades de los gobernantes son males permanentes para las sociedades y para las personas, en lo particular.
Los niveles de seguridad sobre las conductas de los gobernantes hacen de las sociedades más estables. A nadie le gusta vivir en la incertidumbre de las conductas gubernamentales. Sobre todo en aquellas áreas encargadas de la resolución de los conflictos sociales.
Asimismo, la seguridad en la propiedad privada y en la propiedad pública es requisito indispensable para tener un buen orden social.
Contener las ambiciones de los poderosos es un factor importante para una mejor justicia social. Habría que recordar que los gobernantes encuentran obediencia a los gobernantes que logran orden jurídico y político, jamás en los que se desenvuelven en la anarquía. Leyes e instituciones son marca de los buenos gobiernos.