¿Qué podría reformarse en la Constitución de Oaxaca?

La X en la frente

Proponer la reforma integral de la Constitución desde el Poder suena contradictorio desde el punto de vista democrático.
Pero deja de parecerlo si la propuesta de reforma contribuye a ensanchar lo caminos de la democracia, la participación ciudadana y la garantía de los derechos humanos.
El escenario de supermayoría que estamos viviendo en Oaxaca puede ser terreno fértil para dar ese gran salto que ningún otro gobierno se ha atrevido a dar en contextos político partidistas más competitivos, contestatario y plurales.
Hoy en Oaxaca no pasa nada relevante porque la oposición política no existe.

Incluso en el Congreso no existe ni siquiera algo que se pudiera llamar minoría.

La presencia de partidos distintos al del gobernador en la legislatura es testimonial.
Y por esta misma circunstancia, cualquier reforma que se proponga desde el poder a la Constitución, no pondrá en peligro los controles políticos que ejerce el ejecutivo.
Consideró que sería una buena oportunidad para ensayar reformas constitucionales de verdadero calado democrático, bajo la lógica de que las mayorías de hoy podrían ser las minorías de mañana.
Así funcional la historia política y no se gana para siempre.
Salomón Jara podría pasar a la historia como el gobernante que relanzó la Constitución sentando las bases para un Oaxaca más justo, democrático, inclusivo y de vanguardia.
¿Qué tendría que incluirse en la Constitución para que fuera de gran calado?
Me permito opinar en lo concerniente al Poder Judicial y a la Justicia Constitucional que son las materias propias de la Magistratura.
La independencia del Poder Judicial es de naturaleza financiera. Solo la autonomía y certidumbre presupuestaria del Poder Judicial podrían darle a los ciudadanos garantía de su independencia.

Propongo que se incorpore a la Constitución la obligación de asignarle, con cada ejercicio, el 3% del presupuesto del estado de acuerdo a los estándares internacionales.
Respecto de la propuesta de creación de 7 salas regionales mixtas en el Tribunal Superior de Justicia, considero que no es una buena idea.
El acceso efectivo a la justicia va íntimamente relacionado con la especialización. Y la creación de Salas mixtas implicaría que la totalidad de los magistrados conocieran de todas las materias.
Todos los magistrados tendrían que ser expertos en penal, civil, familiar, mercantil, justicia para adolescentes, constitucional y justicia indígena.
La sola idea del Magistrado todólogo debería causar escalofrío a todo litigante y justiciable que debería saber que su asunto será resuelto en segunda instancia por magistrados que abarcan mucho y aprietan poco.
Se debe buscar la manera de armonizar el espíritu de la regionalización con la necesaria especialización que exige la judicatura y la magistratura.
Además de que me parece innecesario limitar constitucionalmente el número de magistrados que integran el pleno del Tribunal Superior de Justicia a un número fijo de 16 o 22.
El Tribunal debe -desde mi óptica – mantener la autonomía para decidir (de acuerdo a las necesidades del servicio) el número de magistradas y magistrados que sean necesarios.
La Justicia Constitucional también necesita robustecerse, al ser el conjunto de procedimientos que garantizan que los poderes y los órdenes de gobierno estatal y municipal no invadan sus funciones; ni que el Congreso o el ejecutivo puedan aprobar y sancionar leyes contrarias a la Constitución; ni que las violaciones a los derechos humanos de los oaxaqueños se queden sin ser reparadas.
Siendo que la lógica de la Justicia Constitucional es el litigio contra el poder, nada legitimaría más una reforma Constitucional desde el poder que el ensanchamiento de las vías procedimentales para que los ciudadanos accedan a la tutela de sus derechos.
Por eso propongo que:
1) Se reconozca constitucionalmente a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia como la garante de la supremacía y el control de la Constitución.

2) Que el Juicio para la Protección de los Derechos Humanos proceda por cualquier violación a los derechos humanos reclamada por los ciudadanos y no sólo por el incumplimiento de las recomendaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
3) Que los ciudadanos tengan constitucionalmente reconocida la calidad de sujetos legitimados para interponer acciones de inconstitucionalidad y del Control Previo de Constitucionalidad.
4) Que se adicione como supuesto de procedencia del Juicio Para la Protección de los Derechos Humanos, el incumplimiento de las medidas cautelares decretadas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
5) Que las reformas Constitucionales sean sujetas a referéndum, o en todo caso que para reformar la Constitución sea requisito, además del voto de las tres cuartas partes de los diputados locales, el voto de la mitad más uno de los ayuntamientos del estado.
6) Que se consulte el pueblo con cada generación (cada 10, 15 o 20 años) si es su deseo actualizar su constitución o modificarla sustancialmente de acuerdo a los cambios sociales, o si considera que se debe mantener en los términos en que se encuentre.
El cambio Constitucional debe ser asunto del pueblo, no del gobierno. Porque la Constitución es en esencia un catálogo de restricciones y garantías contra el gobierno, es su control, es su límite pactado.
Es lógicamente contradictorio que el poder decida reformar la Constitución para limitarse a sí mismo.
Pero si estuviéramos hoy ante esa posibilidad, deberíamos de aprovecharla.
*Magistrado Presidente de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca

*La columna se publica a título del autor y no tiene vinculación alguna con el Tribunal Superior de Justicia

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