Obtiene FGEO fallo histórico por desaparición forzada en Oaxaca

OAXACA, Oax. 30 de abril de 2025.- La sentencia de 300 años de prisión dictada contra H.M.G., exsecretario municipal de San Francisco Jayacaxtepec, por el delito de desaparición forzada agravada, es histórica.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca evidenció la participación directa de autoridades municipales en crímenes graves cometidos en Oaxaca, como lo documentó a través de un trabajo profesional que derivó en la sentencia.

De acuerdo con la investigación penal, H.M.G. formaba parte del Cabildo que ordenó y ejecutó la detención ilegal de cinco personas el 28 de enero de 2017, en jurisdicción de Totontepec Villa de Morelos, quienes posteriormente fueron halladas sin vida.

La implicación de figuras de autoridad en la comisión del delito muestra un patrón de abuso institucional que durante años permaneció sin castigo.

De acuerdo con la causa penal del caso, las víctimas fueron detenidas y trasladadas a la cárcel municipal por autoridades municipales de la Agencia de San Francisco Jayacaxtepec, perteneciente al referido municipio, entre quienes se encontraba el hoy sentenciado H.M.G., momento en que fungía como secretario municipal en el periodo en que ocurrieron los hechos.

El caso fue retomado por la Vicefiscalía de Atención a Víctimas y a la Sociedad, que logró la aprehensión del exfuncionario y presentó pruebas contundentes que permitieron al Tribunal de Enjuiciamiento dictar la sentencia, junto con una multa y reparación del daño.

La Fiscalía resaltó que la manipulación de los hechos, la omisión deliberada de información y el uso de la cárcel municipal como herramienta de violencia demuestran un uso criminal del poder local, lo cual constituye una forma agravada del delito de desaparición forzada.

Tras el desahogo de pruebas aportadas por la Fiscalía General de Oaxaca y valoradas en audiencia, el Tribunal de Enjuiciamiento que atiende la causa dictó sentencia condenatoria de 300 años de prisión en contra de H.M.G., por su responsabilidad en el delito de desaparición forzada agravada, además de imponer el pago de una multa y la reparación del daño de manera abstracta por cada víctima.

Con este fallo, se subraya el papel activo que pueden desempeñar autoridades locales en violaciones a derechos humanos, y la importancia de aplicar justicia incluso años después de los hechos.

La institución reafirmó su compromiso con una procuración de justicia basada en evidencia científica y con perspectiva de derechos humanos.