No a la justicia a la mexicana, advierte la OEA

Punto de quiebre

Cuando un país pretende disfrazar de democrático un proceso hecho a la medida del poder, el mundo observa. Y esta vez, la Organización de los Estados Americanos alzó la voz. Fundada en 1948 y conformada por 34 países —entre ellos México, Estados Unidos, Brasil y Canadá—, la OEA ha sido un pilar en la defensa de la democracia en el continente. Su evaluación preliminar sobre la elección judicial mexicana no deja lugar a dudas: lo ocurrido no sólo es preocupante, sino que no debe replicarse.

En este contexto, resulta especialmente relevante el informe preliminar emitido por la Misión de Observación Electoral de la OEA tras la elección judicial celebrada la semana pasada en nuestro país. Una elección marcada por una muy baja participación ciudadana, denuncias de acarreo y prácticas de inducción al voto, como el uso de los llamados “acordeones”, donde se indicaba por quién votar.

Entre los principales señalamientos del informe destacan:
1. Una participación ciudadana alarmantemente baja, con un estimado del 13% del padrón electoral. A esto se suma un número considerable de votos nulos o no marcados.
2. Un proceso electoral llevado a cabo en un tiempo muy breve, dentro de un entorno político complejo, polarizado y con un alto nivel de litigiosidad.
3. La ausencia de precedentes a nivel mundial de un modelo en el que la totalidad de los jueces de un país se elijan por voto popular.
4. La proliferación de denuncias a pocos días de la jornada electoral por el uso de acordeones, práctica que pone en entredicho la libertad del sufragio.
5. Como conclusión contundente, la OEA no recomienda replicar este modelo de selección judicial en otros países de la región.

Esta evaluación no puede ni debe tomarse a la ligera. Que un organismo internacional con el peso histórico de la OEA desaconseje exportar este ejercicio electoral debería encender todas las alarmas. Las instituciones judiciales no se construyen sobre la base de la popularidad o la votación masiva, sino a través de procesos rigurosos, meritocráticos y con perfiles profesionales sólidamente formados.

Lo que se vivió en esta elección judicial no sólo deja dudas sobre su legitimidad, sino que expone una fractura institucional profunda, un punto de quiebre que pone en riesgo la independencia judicial y la calidad democrática del país.