El nuevo poder judicial

Lo que el INE validó no fue la renovación del poder judicial federal; con la elección se inaugura la debacle de la República; no son expresiones excesivas o grandilocuentes es la consecuencia de una justicia sometida al régimen político y no sólo eso, se pierden las condiciones para la independencia del juzgador respecto a los intereses que inciden en su desempeño. Por ejemplo, eliminar la movilidad del juez lo expone a quien mande en su territorio, por la buena o por la mala. Se acomoda o la padece él y su familia con todo lo que implica en un país donde impera la corrupción y la violencia, con amplias zonas en las que el Estado ha sido derrotado por el crimen. La polarización se había agotado como parte del proceso democrático, no como posibilidad política y como tal se procedió destruir las premisas básicas de la democracia, como es la coexistencia de la diversidad, la constitucionalidad de los actos de autoridad, el imperio de las libertades, la certeza de derechos y el sentido del poder hacia el interés nacional. La polarización destruyó el edificio democrático. Es ironía que los seis consejeros del INE que avalaron -algunos con encomiables credenciales intelectuales- no hayan defendido la razón de ser de una institución emblemática de la democracia mexicana. Seguramente, de no haber validado la elección el Tribunal Electoral, igualmente colonizado por el régimen, lo hubiera hecho. Al final de cuentas no se invalidaría la elección (viciada en todas sus etapas, además desairada por la abrumadora mayoría de los mexicanos y con resultados alineados al acordeón del régimen), el Tribunal resolvería, pero el INE habría acreditado su razón de existencia y que a pesar de la agresión de la que ha sido objeto desde que el obradorismo se hizo del poder, resistiría como entidad fundamental de la democracia. El nuevo poder judicial ya no es tal, es decir, un poder autónomo e independiente. Es el poder del régimen, al servicio del régimen y protegido por el régimen. El problema no es menor porque el voto, por lo viciado del proceso, no da para legitimar. Recurrir a la figura indígena de su presidente como prueba de sabiduría de la democracia popular es una patraña, además de racismo que ofende y engaña. Eliminar la toga va por el mismo camino, destruir todos los símbolos de la justicia republicana para transformarla en la justicia cuatrotera. La presidenta de la República no enfrentará resoluciones judiciales adversas. Los nuevos juzgadores, además de incompetentes en su mayoría, saben a quién se deben y no solo eso, el régimen construyó una instancia de control para inhibir cualquier acción que afecte el interés del gobierno. Los juzgadores perdieron independencia y como sucede con muchos periodistas con la autocensura, en sus resoluciones cuidarán no ser objeto de señalamiento cuando estén de por medio intereses del gobierno y de la cúpula política. La cuestión es que casi todo lo que resuelve el Poder Judicial Federal corresponde a asuntos entre particulares o de relevancia local. Es imposible que el régimen pueda supervisar decenas de miles de casos, tampoco lo podrá hacer la instancia disciplinaria. Esto significa que los juzgadores tendrán amplio espacio discrecional a partir de la ignorancia y de la venalidad propia de la manera como fueron seleccionados, razón por la que en ningún país civilizado deposita en el voto popular la elección de sus jueces. Los pocos que lo hacen, la evidencia muestra su inconveniencia. El régimen tendrá que hacerse cargo del nuevo poder judicial y será una tarea más de la presidenta que por ahora se ha centrado en hacer lo que corresponde: legitimar su renovación a través de la calumnia respecto a quienes antecedieron en tal condición. Los ministros, magistrados y jueces que dejan el encargo pasarán a la hoguera de la injuria a manera de abrir paso a quienes el régimen ha impuesto. Lenia Batres por encima de Norma Piña, de ese tamaño es la diferencia entre quienes llegan y se van. Todos requieren de certeza de derechos, situación que no se advierte hasta cuando se presenta la circunstancia y se valora el significado de una justicia confiable e independiente; pero quienes más lo necesitan por la naturaleza de sus actividades son los empresarios. Llama la atención la complacencia o su silencio por el cambio, lo que revela es que quienes hablan por ellos o los representan son de la idea absurda y suicidad de que un juez a modo es lo mejor para sus negocios. En su salud lo probarán.