Uber, Rappi y el dilema del siglo 21: ¿flexibilidad o derechos?

Punto de quiebre

México ha entrado —casi sin darnos cuenta— en uno de los debates laborales más complejos y disruptivos de nuestra era:
¿Cómo regular el trabajo en plataformas digitales sin destruir aquello que precisamente las hizo exitosas?
¿Seguridad social… cuando ni siquiera hay medicinas para cubrir las necesidades básicas?

Esta semana, conductores y repartidores de Uber, Didi y Rappi bloquearon Paseo de la Reforma, en el corazón de la Ciudad de México. Protestaban contra la inminente entrada en vigor de una nueva regulación laboral que los reconoce como trabajadores con derechos formales: seguridad social, aguinaldo, vacaciones, reparto de utilidades, acceso al IMSS.

A simple vista, suena como una victoria para la justicia laboral.
¿Quién podría estar en contra de que un trabajador tenga derechos? ¿Es solo una medida recaudatoria?

Pero aquí es donde el siglo 21 rompe con las inercias del 20.

La economía de plataformas no encaja en los esquemas tradicionales. No son empleos de tiempo completo, con horarios fijos, supervisores, oficinas ni nóminas clásicas. Para millones de personas, son actividades complementarias, ingresos adicionales, soluciones temporales o alternativas flexibles frente a un mercado laboral cada vez más hostil, excluyente y desigual.

La paradoja es brutal:

Si el Estado insiste en tratarlos como empleados tradicionales, obligando a las plataformas a asumir toda la carga laboral, lo más probable es que estas reduzcan su operación, aumenten comisiones o expulsen a decenas de miles de conductores y repartidores. De hecho, Uber ya advirtió que, con la nueva norma, hasta 83,000 socios conductores podrían salir de su sistema en México.

Y cuando eso suceda, los primeros afectados serán precisamente los trabajadores que hoy el Estado dice querer proteger. También se verá afectado el consumidor, ante un inevitable aumento de tarifas y una presión inflacionaria adicional.

Pero si no se regula nada, la precariedad se mantiene: jornadas interminables, sin prestaciones, sin seguridad social, con ingresos inciertos. Lo que en la práctica es una brutal externalización de riesgos por parte de las plataformas.

Estamos, literalmente, frente al dilema laboral del siglo 21:
¿Cómo equilibrar derechos y flexibilidad sin destruir ni la fuente de ingreso ni el modelo de negocio?

Es el choque de dos mundos: un legislador que juzga con ojos del pasado a un fenómeno del presente… que ya vive en el futuro.

El reto real no es imponer o no imponer derechos, sino diseñar una regulación nueva, pensada para este modelo híbrido, que no es empleo formal, pero tampoco es autoempleo puro.
Urge construir alternativas, tomar ejemplos internacionales y adaptarlos al contexto mexicano:
• Modelos de cotización proporcional: donde el trabajador aporta en función de las horas efectivamente laboradas.
• Fondos colectivos de protección social: financiados con un porcentaje de las comisiones que capturan las plataformas.
• Esquemas mixtos de seguridad social voluntaria: para que los trabajadores puedan construir derechos, aunque no tengan un contrato fijo.

Pero todo eso requiere inteligencia, diálogo, flexibilidad del Estado y una comprensión profunda de la economía digital. También exige evitar la politización y no convertir un tema de productividad nacional en una herramienta de rentabilidad electoral.

La solución no puede ser —como parece ahora— trasladar la estructura laboral de 1970 a un modelo tecnológico de 2025.
Eso sería como querer regular Spotify con las leyes de los discos de vinilo.
O como intentar organizar elecciones modernas con el espíritu de Hugo Chávez.

El verdadero riesgo es que, por querer sobreproteger, terminemos expulsando a miles de personas de su única fuente de ingreso, reduciendo la oferta de servicios, encareciendo los precios y regalándole el mercado a la informalidad absoluta —esa sí, sin ningún derecho.

El trabajo en plataformas necesita derechos, sí. Pero también necesita una regulación pensada hacia el futuro, no diseñada desde el pasado.

Porque si esto fuera realmente un éxito legislativo, la avenida más importante del país no estaría llena de manifestantes, sino las redes sociales llenas de aplausos y felicitaciones al Congreso y al gobierno.

No hay duda:
Estamos en un punto de quiebre en materia laboral.