Abelardo Martín / Dintel / Finanzas determinan rumbo del Pacto Federal

Oaxaca, Oax. 25 de junio de 2013 (Quadratín).- Desde tiempos del presidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) el control y rumbo de la política se inclinó a los temas económicos y financieros, es decir, los técnicos de los números adquirieron mayor protagonismo en las decisiones y también atrajeron los reflectores y el poder.
Desde hace varios sexenios, el secretario de Hacienda al ser nombrado se ubica en el arrancadero de la sucesión presidencial, independientemente del peso y poder real en las decisiones del Presidente de la República, no solo en temas de su competencia, sino también de la política y de las elecciones.
En el gobierno actual, el presidente Enrique Peña Nieto, ha buscado el equilibrio entre finanzas y política no solo para corregir rumbo, sino para proteger y prevenirse de conflictos futuristas. Para nadie es secreto que los titulares de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray; y el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, son por ahora, los principales actores para lo que se vivirá en el 2018, cuando ocurra la hoy lejanísima sucesión presidencial.
Analistas políticos afirman que Hacienda tiene en la actualidad más herramientas de influencia y control de estados y municipios que Gobernación, inclusive ahora que se le devolvieron responsabilidades vinculadas a la seguridad.
Sin embargo, aunque durante el panismo se pretendió usar a Hacienda para reducir el control de los gobernadores en sus entidades y municipios, las finanzas de los estados se han convertido en un grave problema para la vigencia del Pacto Federal, es decir, para la unidad e integración del Estado mexicano.
Las leyes de fiscalización en los estados tienen ”fuertes deficiencias” en puntos clave, porque no garantizan consecuencias a los resultados de las auditorías y no obligan a hacer públicos los informes de sus procesos, entre otros, determinó el estudio ”Auditorías Superiores Locales en México: evaluación de su normatividad, prácticas y transparencia”.
El análisis, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara, destaca que 14 de las 32 entidades federativas en el país ”obtuvieron una calificación reprobatoria” en transparencia de la fiscalización.
Entre las entidades reprobadas se encuentran Jalisco, el Distrito Federal, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Guanajuato. Otras siete entidades (Campeche, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas) no hacen públicos los informes de la fiscalización de recursos.
De acuerdo con la directora de Proyectos de Competencia del IMCO, Jana Palacios, los desvíos de recursos que se han denunciado durante los últimos meses en distintas entidades del país son resultado de la baja calidad de la fiscalización, lo que da lugar a que se cometan actos de corrupción, que en los estados de Tabasco, Morelos y Chiapas ya han costado a los ciudadanos al menos 4 mil millones de pesos.
Puso los focos rojos en Veracruz y Aguascalientes, donde no se han ”armonizado las reglas para auditar”.
El estudio midió tres aspectos de la fiscalización de las auditorías superiores en todo el país, que consisten en los ordenamientos jurídicos; las experiencias y perspectivas del personal que trabaja en las entidades de fiscalización, y la medición de la capacidad de los portales electrónicos para difundir la información.
Pero la fiscalización no puede ni debe verse solo en la etapa de la revisión o auditoría sino en toda su integralidad, porque los abusos cometidos en los últimos años en estados y municipios en cuanto a endeudamiento y administración de recursos públicos deja mucho que desear.
Por ahora son 14 los estados que en fiscalización están reprobados pero, si se le rasca un poco, saldrán muchos más quienes tendrían que rendir cuentas de los excesos y abusos, todo en aras de ”sanear” las finanzas o hacer obra de oropel. El endeudamiento irresponsable nunca ha sido el camino de la eficiencia y menos la justicia.
Es importante, porque las dos principales reformas pendientes, la Energética y la Hacendaria tendrán que considerar la distorsión histórica de que la política fuera estrictamente financiera. El equilibrio siempre lleva a buen puerto.
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