Abelardo Martín/ Dintel Impacto/ Informalidad = ingobernabilidad

Oaxaca, Oax. 14 de diciembre de 2012 (Quadratín).-A Ernesto P. Uruchurtu, un sonorense que gobernó la ciudad de México cuando la administración citadina era un simple ”Departamento” y no como pomposa y falsamente se le denomina hoy (¿gobierno?), se le recuerda porque controló, con mano firme, el ambulantaje y la instalación de puestos callejeros.
A él se atribuye la instalación de los mercados públicos, que no es otra cosa, sino la organización de quienes se instalaban en las calles y que, a partir de entonces, se volvían contribuyentes cautivos, pagaban impuestos municipales y federales.
Uruchurtu se convirtió en un icono y ejemplo de gobernante, aunque fue depuesto por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, en una burda maniobra o trampa ”política”. Desde entonces se le añora, si acaso, solo le pisó la sombra el también ex regente Carlos Hank González. El resto de los gobernantes capitalinos han visto como los problemas les crecen y, a algunos también sus fortunas personales, sin que les importe, además, el estado en que dejan la ciudad.
Uruchurtu tuvo razón, aunque quizá no tuviera conciencia de que, informalidad, o sea ambulantaje y comercio callejero, son representativos de impunidad e ingobernabilidad, el rasgo más característico del país, no solo de la capital, durante los últimos años.
Sin embargo, a la llamada ”informalidad” solo se le da carácter económico, cuando en realidad debiera dársele más importancia política y social, no solo en cuanto al problema de empleo o salario que significa. Es ante todo, un fenómeno de ingobernabilidad e incumplimiento de la ley.
El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) informó que la informalidad creció. Seis de cada diez mexicanos que realizan alguna actividad laboral no tiene acceso a la seguridad social, se desprende de la nueva medición del empleo informal en México.
La informalidad laboral en México afecta a 29.27 millones de personas, un universo que representa 60.1 por ciento de todos los trabajadores en el país, que suman 48.7 millones, reportó ese organismo. Antes de esta nueva medición, se incluía en el sector informal a 14.2 millones de personas, cifra que, bajo los nuevos parámetros, se elevó a 29.27 millones de personas, sobre un universo de 48.7 millones de personas que realizan una actividad económica. El nuevo sistema de medición de la informalidad incluye, además de actividades como el comercio informal, al empleo doméstico, el trabajo en unidades familiares y en la agricultura, es decir, a todas las personas que realizan una actividad económica sin tener acceso a la seguridad social. Reconoce a 29.3 millones de personas que trabajan en la informalidad pero que no se consideraban con anterioridad, lo que significa un incremento de 15.049 millones de personas más, es decir el doble, que con la medición anterior.
Los datos, solos y fríos, revelan un problema económico con sus claras consecuencias sociales. Pero una lectura un poco más profunda, desvela la incapacidad gubernamental para garantizar a la sociedad, –no nada más a las clases privilegiadas– gobernabilidad, es decir el mantenimiento de condiciones propicias para que cada ciudadano y cada habitante del país cuente con las oportunidades para realizarse como persona y ser útil a la sociedad.
La informalidad es ingobernabilidad, pero los economistas y sus ciegos seguidores solo ven la parte cuantitativa, la cualitativa nunca les ha merecido atención, por soberbia o incapacidad. Pero ese es otro problema.
Por eso, una figura como la de Uruchurtu, capaz de poner límites y gobernar se añora, no obstante el mucho tiempo que ha pasado desde que controló la informalidad.
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