Abelardo Martín Miranda / Dintel / Los medios al principio y al final

Oaxaca, Oax. 16 de marzo del 2012 (Quadratín).- Es sabido que en los últimos meses de su mandato la capacidad del presidente de la República en turno para producir cambios disminuye a medida que se acerca la elección de su sucesor.
Se trata de una verdad a medias, pues depende de múltiples factores, en especial la personalidad y el carácter del mandatario en turno. Así, por ejemplo, José López Portillo, estatizó los bancos a 90 días de dejar el cargo. Otros, en cambio, permiten a su sucesor el nombramiento y las decisiones que tienen repercusiones para el siguiente gobernante.
El Centro para la Protección a los Periodistas CPJ (por sus siglas en inglés) presentó su reporte anual sobre ataques a la prensa en todo el mundo, en el que hace un recuento de la situación global de los periodistas.
En el informe ”Attacks on the press 2011” del CPJ, el capítulo dedicado a México lo escribe Mike O´Connor, colaborador de Animal Político, y señala: ”Los periodistas mexicanos atienden el más mínimo indicio de amenaza con seriedad porque saben que es tan fácil asesinar a un periodista y salir indemne”.
La palabra que define esta situación es impunidad: asesinar sin consecuencias. Ninguna para el asesino, al menos. Pero las consecuencias para el pueblo mexicano son graves: “los periodistas tienen miedo de cumplir con su labor informativa”.
O’Connor detalla el caso de Jorge Medellín, de Milenio, quien recibió amenazas vía el sitio de su diario. El reportero con más de 15 años en temas de seguridad, ”se sintió amenazado” señala el miembro del CPJ, y asegura que el hecho se dio en un momento importante en la lucha contra la impunidad en México.
”Sólo cinco semanas antes, el presidente Felipe Calderón Hinojosa había prometido ante una delegación del CPJ, la Sociedad de Prensa Interamericana y al país entero que se movería con firmeza para proteger a la asediada prensa mexicana. Se establecería un programa de protección para periodistas, un nuevo fiscal especial llevaría a juicio a los asesinos y una nueva legislación convertiría a la violencia en contra de la prensa en un delito federal”, agrega O´Connor. A lo largo del año 2011, según la investigación del CPJ, el presidente Calderón y su gobierno fracasaron en casi todas sus iniciativas.
Según el informe del CPJ, en todo México, hacia fines de 2011, el número de periodistas caídos y trabajadores de medios asesinados o desaparecidos llegó a 48 desde que Calderón asumió su cargo. Al menos 13 de las víctimas cayeron en relación directa con su labor informativa, reveló la investigación, la mayoría al intentar cubrir la vasta red de crimen, narcotráfico y corrupción oficial.
El delegado del organismo en nuestro país, advierte que ”no se logró condena alguna en ninguno de los casos. Sino que sólo cinco países en todo el mundo contaban con más cantidad de asesinatos no esclarecidos de periodistas en su historial a fines de año, entre estos México. Además, de que únicamente a ocho periodistas amenazados se les había otorgado protección gubernamental en 2011, pero cinco de ellos indicaron que había sido inútil. Las cifras, y los cadáveres, siguen sumando”.
“El gobierno de Calderón inició acciones en 2011 pero no obtuvo resultados, dejando a los periodistas sin motivo para creer que el clima de impunidad cambiaría en algún momento próximo. El mecanismo de protección de periodistas resultó ser más una promesa que una realidad, en tanto que la fiscalía especial se vio falta de personal e irresoluta”.
Estas iniciativas podrían haber aportado algún cambio, pero terminaron como compromisos olvidados. La idea de sacar los crímenes contra de la prensa de las autoridades estatales aún tenía sentido, pero el presidente no pudo hacer que esta medida se aprobara en el Congreso. ”Como cuestión práctica, la capacidad de Calderón para producir cambios disminuye a medida que se acerca la elección de un nuevo presidente. Será esa la persona en la cual los periodistas eventualmente depositarán sus esperanzas”, concluye Mike O’Connor.
Este es un tema espinoso y difícil, casi siempre se atribuyen las agresiones a periodistas a supuestos o reales vínculos con personajes o grupos que actúan al margen de la ley y, muy pocas veces, por los riesgos que implica el trabajo periodístico que denuncia deficiencias, anomalías y corruptelas.
Las relaciones gobierno-medios son de suyo complicadas y con frecuencia difíciles y en los últimos años distantes aunque, paradójicamente, muy cercanas. Los medios de comunicación tienen responsabilidades sociales y obligaciones éticas que cumplir que pasaron a segundo plano por el imperio de una relación comercial cada vez más fría y pragmática.
El gobierno centra su comunicación en las cada vez menos efectivas campañas publicitarias y esta comunicación no lo acerca al pueblo y contribuye poco a la gobernabilidad.
Periodistas, medios y políticas de comunicación social son un tema sustantivo en las tareas de gobierno y aunque nunca es tarde, el final de un sexenio no es el mejor momento para intentar hacer lo que no se hizo, más allá de explicaciones o justificaciones. Es uno de los temas y de las tareas que acusa grave rezago. No sólo, aunque es muy importante, lo que tiene que ver con la seguridad o riesgos de los periodistas sino en la gobernabilidad.