Afectar la economía estatal, implica vulnerar el derecho al desarrollo

OAXACA, Oax. 17 de noviembre de 2013 (Quadratín).-  La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) hace un llamado  a la Sección 22 del Sindicato  Nacional de Trabajadores de la Educación (Snte) para que durante el ejercicio de  su derecho a la libre manifestación reconsidere  aquellas acciones que representan una afectación a  los derechos humanos de las demás personas.

El deber de esta Defensoría, órgano  público, autónomo y ciudadanizado,  es   proteger los derechos y libertades de todas las personas, por lo tanto, considera que  el movimiento magisterial debe abstenerse de exceder los límites de la legalidad, porque los derechos de sus integrantes terminan donde empiezan los de terceras personas, un derecho constitucional que debemos ejercer todas  y todos los mexicanos.

Este organismo público, autónomo y ciudadanizado rechaza cualquier tipo de protesta, por más legítimas que sean sus causas,  y que durante su desarrollo se vulneren  derechos del resto de la ciudadanía.

Ante esto la DDHPO también hace un llamado a las autoridades de todos los niveles de gobierno para que en el ámbito de sus atribuciones  intervengan  de manera efectiva para la solución del conflicto  magisterial a través de los causes iniciados, a través del diálogo, la concertación y la construcción de acuerdos, siempre preservando el interés superior de las niñas  y niños de Oaxaca y de la ciudadanía en general.

Este organismo reitera  su rechazo a cualquier tipo de confrontación y cualquier acto que violente los derechos humanos por parte de representantes del Estado y de delitos cometidos por particulares.

Acciones del magisterio oaxaqueño  como el bloqueo a centros comerciales implican  daños a la economía estatal que se verán reflejados en el desarrollo de nuestra entidad.

Asimismo, la Defensoría puntualiza que las acciones que la autoridad considere realizar deben apegarse en todo momento a los principios de racionalidad, congruencia y proporcionalidad para evitar posibles violaciones a los derechos humanos.