Alberto López Morales / Los chimalapas no cederán tierras

Juchitán, Oax., 20 de febrero 2011 (Quadratín).- La primera vez que conocí la cabecera municipal de Santa María Chimalapa fue en los primeros días de diciembre de 1986. En ese entonces los zoques mantenían como rehén a Ernesto Castellanos Domínguez, acusado de aprovechar ilegalmente los recursos forestales de los chimalapas. El hermano del entonces gobernador chiapaneco, el general Absalón Castellanos Domínguez, había sido retenido en un aserradero ubicado en la congregación de Chocomalatlán, en la región limítrofe con Chiapas.
En esa época, los zoques ya venían denunciando que grupos de campesinos chiapanecos, azuzados por talamontes y perseguidos por la pobreza se dedicaban a invadir áreas boscosas y selváticas de Santa María y de San Miguel Chimalapa, que en el año de 1967 habían recibido sus respectivas resoluciones presidenciales que les dotaba en conjunto de unas 600 mil hectáreas de tierras.
Tras una semana de intensas negociaciones entre los gobiernos de Oaxaca (Heladio Ramírez López) y de Chiapas (Absalón Castellanos Domínguez), Ernesto Castellanos y cinco caporales retenidos en el aserradero de Chocomalatlán fueron liberados y se creó por primera vez en la historia del conflicto agrario una Comisión Interinstitucional que tendría el objetivo de resolver la disputa por las tierras, bosques, selvas y obviamente recursos madereros.
Desde ese entonces muy poco se avanzó para resolver el litigio. En 1994 los chimalapas recuperaron 42 mil hectáreas de tierras en la zona conocida como “La Gringa”, perteneciente a San Francisco La Paz, Santa María Chimalapa, cuyos habitantes vivieron en los meses previos una época de terror que se caracterizó por violaciones de mujeres, asesinatos y quema de sus viviendas por parte de los ganaderos y talamontes chiapanecos.
El año pasado concluyeron en la zona del conflicto (región oriente de los chimalapas), los trabajos técnicos de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), con el aval de los gobiernos de Chiapas y Oaxaca y quedó demostrado que 41 mil 148 hectáreas de los chimalapas están invadidas por núcleos ejidales de Chiapas y que esas tierras son del estado de Oaxaca.
De manera simultánea a esos trabajos técnicos, que consistieron básicamente en un brecheo físico en la zona, personal de ambos gobiernos y bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), construyeron una agenda para el desarrollo social de los chimalapas que viven en condiciones de alta marginación, sin embargo, los recursos comprometidos por esa dependencia, de orden de 17 millones de pesos, que serían aplicados para la rehabilitación de caminos, introducción de electricidad, agua potable y proyectos productos para desalentar la migración, nunca fueron liberados porque en el 2010 se daría el cambio de gobierno.
Curiosamente, durante el último trienio del gobierno de Heladio Ramírez López se creó la Vocalía Ejecutiva de los Chimalapas que tuvo a su cargo Gustavo Esteva Figueroa, del ocho de junio de 1989 a marzo de 1991, que contó con poco más de tres mil millones de viejos pesos.
De acuerdo con los indígenas zoques, los recursos fueron dilapidados porque se establecieron proyectos como madererías en poblados que no tenían electricidad.
En medio de ese contexto de resistencia por la defensa de sus recursos naturales y agobiados por la pobreza, el pasado viernes 18 de febrero llego a la cabecera de Santa María Chimalapa, el subsecretario de ordenamiento de la propiedad rural de la SRA, Tomás Ríos Bernal, quien pidió a los zoques que acepten una propuesta del gobierno federal para resolver el conflicto agrario que por más de 40 años ha sumido a los chimalapas en la violencia, incertidumbre y devastación de sus recursos madereros.
La propuesta consistió en que los chimalapas acepten un pago de 70 millones de pesos a cambio de que permitan que los ejidos chiapanecos se queden con las 41 mil 148 hectáreas de selvas y bosques que han venido invadiendo desde 1967. Los zoques, quienes en febrero del 2004 recuperaron 13 mil hectáreas de bosques que estaban en manos de la Colonia Cuauhtémoc, perteneciente a Matías Romero y anunciaron frente al entonces presidente de México, Vicente Fox, que irían por la recuperación de las tierras invadidas por Chiapas, rechazaron la propuesta.
Para los chimalapas resulta más viable que el actual gobierno federal disponga de esos 70 millones de pesos para que reubique a los ejidatarios chiapanecos, pero ellos no cederán ni un milímetro de sus propiedades comunales.