Alberto López Morales/Conflictos agrarios, focos rojos en Oaxaca

Oaxaca, Oax., 28 de junio 2011(Quadratín).- El “porrazo” de lluvia caía sin cesar. No daba tregua. La visibilidad era nula. En esa época y bajo esas condiciones climatológicas, primera semana de diciembre de 1986, viajar a Santa María Chimalapa significaba una osadía, pero sobraban razones para hacer el viaje, una de ellas y muy poderosa fue la detención de Ernesto Castellanos Domínguez, hermano del entonces gobernador de Chiapas, el general Absalón Castellanos Domínguez, por parte de comuneros zoques, en el paraje conocido como Chocomalatlán, en la zona oriente de Los Chimas, acusado como talamonte e invasor de las tierras comunales zoques.
Pronto se cumplirá un cuarto de siglo de ese enésimo desencuentro entre oaxaqueños y chiapanecos, que afloró en 1977 cuando los chimalapas desmantelaron varios aserraderos clandestinos que tenía la familia Moguel en los límites con Chiapas, y el conflicto agrario prevalece y está clasificado como uno de los llamados “focos rojos”.
Ahora, Santa María Chimalapa está comunicada con una carretera asfaltada. Desde la desviación sobre la carretera Transístmica a la cabecera uno puede recorrer los cincuenta y tantos kilómetros en una hora. Antes, en diciembre de 1986, la brecha lodosa y sin puentes se recorría en casi siete horas. Han pasado 24 años de esa historia, pero los indígenas zoques aun viven en la pobreza y la marginación y el conflicto agrario está presente y en cualquier momento puede estallar con sus antecedentes de violencia, sobre todo en la región oriente, donde confluyen comunidades oaxaqueñas como San Antonio, Benito Juárez y José López Portillo y ejidos chiapanecos como Ramón E. Balboa, Flor de Chiapas y Gustavo Díaz Ordaz.
Desde la perspectiva institucional de Oaxaca, ese añejo conflicto agrario con Chiapas que nació en 1967, fue conocido de cerca por los ex gobernadores Heladio Ramírez López, Diódoro Carrasco Altamirano, José Murat Casab y Ulises Ruiz Ortiz. En 24 años el gobierno federal, a través de la SRA, también conoció de cerca el problema, pero nadie ha frenado la voracidad de ganaderos, talamontes y ejidatarios chiapanecos que tienen en su poder casi 150 mil hectáreas de tierras comunales zoques.
¿Qué falla impidió la solución de ese añejo conflicto agrario? Dinero, hubo y por carretadas. Tan solo el gobierno de Ramírez López destinó más de tres mil millones de viejos pesos a través de una Vocalía Ejecutiva que intentó impulsar el desarrollo de la vida campesina de los zoques llevando carpinterías comunitarias en pueblos donde ni siquiera había energía eléctrica.
El conflicto agrario de los chimalapas es uno de los 24 que registra Oaxaca con “antecedentes de violencia” y uno de los 66 con “riesgo de enfrentamientos” de los casi 500 que aun prevalecen en la entidad.
En los últimos días los surcos del campo oaxaqueño volvieron a teñirse de sangre. En la sierra Sur, Amoltepec y Yucutindó velas armas, al igual que San Lucas Camotlán y San Miguel Quetzaltepec, en la región zapoteca/mixe. En este año, van más de 15 muertos por la lucha en la posesión de la tierra, como el que protagonizan los ex aliados en contra de San Pedro Yosotato, San Sebastián Nopalera y Lázaro Cárdenas.
La lista de los líos agrarios es larga y el riesgo de que estalle la violencia es latente, como en la región de los chimalapas o como en problema que sostienen desde 1972 los vecinos de Ixhuatán y San Francisco del Mar, Pueblo Nuevo.
Algo sigue fallando en este gobierno del cambio porque ya es mucha sangre derramada en el campo de Oaxaca, a pesar de que la solución de esos problemas agrarios depende de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y a pesar de que el gobernador Gabino Cué ofreció que la conciliación y el diálogo serían premisas para resolver los conflictos agrarios.
A un mes de haber asumido el cargo de gobernador, Gabino Cué Monteagudo aprovechó la conmemoración de la promulgación de la Ley Agraria (seis de enero), y anunció la creación del Consejo Estatal para la Conciliación Agraria. Ahí ofreció la elaboración de un diagnóstico o especie de atlas de riesgos agrarios. Sin embargo, ese organismo es fantasmal. ¿Quién lo preside? ¿Cuál es su fortaleza presupuestal? ¿Qué nivel de independencia política respecto de los actores de los conflictos agrarios tiene?
Después de los casos violentos registrados en Amoltepec y Yucutindó, el lunes 27 la secretaria general del gobierno de Oaxaca, Irma Piñeyro Arias soltó frases desafortunadas ante los medios como decir que “este gobierno ha empleado todo su empeño por atender los 134 casos que persisten en la entidad”, que “el problema se genera las zonas limítrofes de conflicto, toda vez que pobladores de ambas comunidades comienzan a trabajar las tierras y es ahí donde se dan los enfrentamientos violentos” y “que a través de la Junta de Conciliación Agraria, se están atendiendo cada uno de los casos a fin de poder resolverlos de fondo”. Si el gobierno se ha empeñado y la Junta atiende cada uno de los casos, ¿por qué se dan los enfrentamientos, aun sea en las zonas limítrofes?
El Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011/2016, establece que “en el escenario actual de Oaxaca, los conflictos agrarios constituyen una de las principales amenazas para la estabilidad, la paz social y la gobernabilidad”. ¿Si ese es el diagnóstico, complementado con el hecho de que tres de cada 10 municipios de la entidad están involucrados en demandas agrarias y en los tres Tribunales Agrarios establecidos en la capital, en Tuxtepec y en Huajuapan de León hay 100 sentencias pendientes de emitir y más de 130 sentencias sin ejecutarse, cuál sería el esquema de solución que le permita a este gobierno presumir la visión de Oaxaca para el 2016 enmarcada como una entidad “con paz social y estabilidad política”?
El 19 de abril de este año, el titular de la SRA Abelardo Escobar, le recordó al gobernante oaxaqueño Cué Monteagudo que “no basta la voluntad política de las instituciones agrarias ni los recursos para resolver los conflictos por la tenencia de la tierra, sino que se requiere de la voluntad de las partes involucradas para construir las soluciones”, pero a pesar de que todos saben que esa es la realidad, al menos en Oaxaca nadie lo ha entendido y los enfrentamientos entre los pueblos persisten.
Persisten porque en los conflictos agrarios, donde se involucra la lucha por el control del agua, los bosques, la siembra de estupefacientes, los recursos mineros (oro, plata, hierro, litio) y el tráfico de armas, hay beneficios económicos para personajes vinculados al poder, a las mismas instancias agrarias. Persisten porque el proceso de diálogo y conciliación carece de un esquema de participación comunitaria y social transparente y porque es más fácil administrar el conflicto que encararlo y resolverlo. Persisten porque para la burocracia es incomprensible el valor de la tierra como fuente de sustento que tienen las comunidades, por encima de resoluciones y sentencias administrativas o pago de alguna compensación económica.
Persisten porque no hay un programa integral y multianual orientado a restablecer el tejido social entre las partes en conflicto. Persisten porque la burocracia no alcanza a comprender el valor del tiempo histórico, la explosividad, los rezagos ancestrales y las secuelas del encono generacional que ofrece cada caso.
En Oaxaca a Heladio Ramírez le explotó el conflicto de Yaxe y Chichicapam, con 17 policías asesinados, a José Murat le reventó el problema de Textitlán y Xochiltepec, con 25 campesinos muertos, a Diódoro Carrasco le explotaron los conflictos de Chimalapas/Cuauhtémoc y San Francisco del Mar e Ixhuatán, con saldo de viviendas quemadas y muertos por ambos lados, a Ulises Ruiz, le rebotó el conflicto de Chalcatongo e Ixcatlán, con viviendas incendiadas y campesinos muertos. Gabino Cué ya vio los surcos ensangrentados.
La violencia en el campo no puede ser el sino de Oaxaca, donde paradójicamente el campo luce en el más completo abandono, yace improductivo y los campesinos son clientela electorera que sobreviven en la pobreza y la marginación a pesar de que son dueños de vastos recursos naturales.