Análisis a Fondo

OAXACA, Oax. 23 de enero de 2015.- En la entrega de este miércoles preguntaba yo si quien saliera electo gobernador en las elecciones de junio venidero -que parece que, por razones de estado, sería Silvano Aureoles Conejo, a la sazón presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión-, gobernaría también bajo la sombra de un todo poderoso procónsul o virrey, que en realidad eso era el Comisionado para el Desarrollo Integral de Michoacán.

Pues al parecer el siguiente mandatario local sólo tendrá encima la mirada de un general, un cuidador -que por el momento es Felipe Gurrola Ramírez- y sólo con el mote de “mando de la seguridad en Michoacán”.

Alfredo Castillo es sacado de Michoacán –el anuncio de su cese lo dio el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong–, perseguido por duros cuestionamientos de la oposición de todos los tintes.

Parece que el llamado virrey no cumplió el cometido que le encargó el presidente de la república, a pesar de que tuvo a su mano ingentes recursos para hacerlo. Su presupuesto inicial, cuando fue designado con el pomposo título de Comisionado para el Desarrollo Integral de Michoacán, anduvo frisando los mil millones de pesos, una barbaridad de billetitos.

Osorio Chong argumentó ante la televisión que la decisión de remover a Castillo fue tomada para no contaminar el proceso electoral del seis de junio venidero, pero en el fondo suena como parte de acuerdos no publicitados para que, una vez probado el fracaso del comisionado, la tarea de gobernar la entidad sea devuelta a la institución mandatada por la Constitución general y la local, que consagra a los estados como libres y soberanos.

Y esa institución está encarnada en la figura del gobernador -poder ejecutivo- y los otros poderes estatales, el legislativo y el judicial.

La decisión presidencial ha caído muy bien a quienes nunca vieron con buenos ojos lo que consideraron intromisión federal en asuntos internos de un estado libre y soberano.

El problema de la inseguridad y la violencia, pese a los esfuerzos federales, sigue vigente en Michoacán. El ícono del crimen organizado, Servando Gómez Martínez, La Tuta, aún sigue latente y con mayor fuerza porque se convirtió en leyenda. Las malas lenguas dicen que podría estar muerto.

A los diputados panistas, por ejemplo, les inquietaba la legalidad y legitimidad de la comisión, ya que ésta no encajaba con las facultades que le da a la federación la Constitución Política. La comisión, que en la práctica era igual que un proconsulado o virreinato, excedía las facultades de la federación en materia de coordinación, ya que asumía el control de la entidad, desplazando al gobierno estatal, pero prescindía de la participación del Senado en la emisión de la declaratoria y en el nombramiento del gobierno provisional. Es decir, la comisión operaba desde un vacío legal.

Las magras cuentas entregadas por Castillo, aunque magnificadas, en honor a la verdad no correspondieron a los pingües recursos que le entregó Hacienda para su trabajo. Su presencia en Morelia significó cuantiosos recursos y ejércitos completos de personal llevado desde ciudad de México.

Reconfortante decisión presidencial que le alegra el corazón a muchos michoacanos. Michoacán está en momentos culminantes para rehacer su vida institucional. Y sea quien fuere el próximo gobernante, seguramente tendrá todo el apoyo de los sectores políticos, económicos y sociales para crear otro clima y rehacer el tejido social, perenemente roto.

Pero por supuesto que Aureoles Conejo se mostró muy complacido por la decisión presidencial, aunque aprovechó para advertir que la salida de Castillo obliga a revisar a fondo la estrategia del gobierno federal en Michoacán y se corrija aquello que no ha dado resultados.

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