Análisis a Fondo

MÉXICO, DF, 2 de febrero de 2015.- Espléndida oportunidad para que todos queden satisfechos y contentos: los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, estado de Guerrero; los defensores de los derechos humanos que buscan a alrededor de 20 mil (?) desaparecidos en la guerra del narcotráfico; los sectores de la sociedad mexicana agraviados por las constante violación de garantías individuales; la comunidad internacional solidaria y el gobierno de México, que puede (éste) probar que está a favor de la justicia y la paz, porque la paz sólo puede ser producto de la justicia.

Entre el 2 y 3 de febrero en Ginebra, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), llama a cuentas para evaluar su actuación de cara a las desapariciones forzadas, a lo que denominan Estado Mexicano, que en realidad es el llamado poder ejecutivo, para que rinda cuentas de su política para erradicar esa forma de violación al derecho a la vida, que es práctica común en México y que se han incrementado a raíz de que el otrora presidente Felipe Calderón le declarara la guerra al narcotráfico, en 2006.

Cuando rindió protesta el actual presidente de la república, en diciembre de 2012, eran enlistados por los oficiales de la Secretaría de Gobernación, del área de derechos humanos, unos 26 mil desaparecidos o que también eran llamados extraviados. Y el asunto tomo dimensiones de escándalo nacional e internacional, a finales de septiembre de 2014, cuando fueron desaparecidos 43 estudiantes normalistas en la ciudad guerrerense de Iguala, caso que ha causado ruda controversia, división y encono, pues las autoridades del ministerio público federal no han convencido a los agraviados de la veracidad de sus pesquisas y de la conclusión de que ya no puede continuar con las investigaciones porque presumiblemente los estudiantes secuestrados fueron asesinados e incinerados por un grupo del crimen organizado.

Una representación de dos de los padres de los normalistas desaparecidos viajó el sábado a Ginebra, para pedir al Comité contra Desapariciones que exija al gobierno de México decir la verdad sobre lo que ocurrió con sus hijos los pasados 26 y 27 de septiembre en Iguala.

Minutos antes de partir, Bernabé Abraham e Hilda Legideño, padres de normalistas desaparecidos, aseguraron que también pedirán a la instancia internacional, ante la que comparece el Estado mexicano, lunes y martes, que no se den por concluidas las investigaciones de la presunta masacre; que se castigue a los responsables y haya justicia en el caso. Ellos creen que sus hijos están vivos.

El Comité contra desapariciones forzadas de la ONU, compuesto por 10 expertos independientes en derechos humanos de distintas nacionalidades, monitorea la implementación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Y México es uno de los 44 Estados que han ratificado la Convención y está obligado a presentar un informe para revisión del Comité.

El Estado mexicano (entendido estado mexicano por gobierno mexicano) sustentará ante el Comité contra la Desaparición Forzada su primer informe relativo a la implementación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

El examen se basará en el informe que el Estado mexicano presentó en abril de 2014, así como en una lista previa de cuestiones remitida por el comité a al gobierno mexicano y a la cual la cancillería mexicana dio respuesta en enero del presente año.

A su vez, un tercero en discordia, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se reunirá en privado con integrantes del Comité a quienes presentará un diagnóstico del problema.

El informe de la CNDH versa sobre la desaparición forzada en el país y las propuestas para atender este problema, tipificado como una violación grave a los derechos humanos.

México es evaluado por primera vez por el Comité de la ONU, cuyas facultades son buscar y encontrar personas desaparecidas mediante el procedimiento internacional de habeas corpus, y recibir denuncias individuales e interestatales.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki Moon, había pedido ya al gobierno mexicano una investigación a fondo de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, así como de todas las demás personas de quienes se desconoce su paradero en el país.

Actualmente también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) apoya las investigaciones. Y veremos de qué cuero salen más correas.

A DESFONDO: Ese domingo se instaló el segundo periodo ordinario del tercer año de la 62 legislatura del Congreso de la Unión, que entre los temas más álgidos abordará la creación de un sistema nacional anticorrupción, y aprobará las reformas y leyes que en materia de seguridad propuso Peña Nieto en ocasión de la desaparición de los estudiantes normalistas.

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