Análisis a Fondo

OAXACA, Oax. 3 de febrero de 2015.- Es que los políticos mexicanos pocos asuntos toman en serio. Y más cuando consideran que los agraviados, en este caso los familiares de los desaparecidos, son sus enemigos; son subversivos. Atentan contra la seguridad del Estado, o lo que es lo mismo la seguridad personal y de grupo de los políticos.

Muy poco puede esperarse entonces de la comparecencia de los representantes del «Estado mexicano» (más exactamente «del gobierno mexicano») ante el Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, que lunes y martes sesiona en Ginebra y ante el cual el gobierno de Peña Nieto rinde cuentas de la actuación del Estado ante las miles de desapariciones registradas en los archivos de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la República, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de cuanto centro independiente de defensa de los derechos humanos opera en el país. Obras son amores y no buenos pareceres.

Es cierto lo que le confesó a El Universal de ciudad de México, Javier Hernández Valencia, representante del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, de que México llega adolorido y lastimado ante el Comité sobre Desapariciones Forzadas. Y cómo no va a ser así, si hay un número indeterminado de casos de desapariciones en todo el país -son miles-, muchos cementerios clandestinos y muchas hectáreas sembradas de cadáveres irreconocibles.

Tan sólo en el estado de Guerrero, en ocasión de la búsqueda de los 43 normalistas secuestrados hace poco más de cuatro meses, fueron descubiertas algo así como 39 osamentas humanas enterradas en parajes solitarios. Y habrá que arrimarse por las regiones donde ha sido más dramática la confrontación de las bandas del narcotráfico y la delincuencia organizada, o los municipios en donde autoridades gubernamentales acostumbran esconder los cuerpos de sus presuntos enemigos.

Sin embargo, y esta es una realidad que aparentemente no tiene remedio pese a comparecencias ante instancias supranacionales, los miles de familiares de personas desaparecidas, además de no encontrar consuelo, a pesar de vivir el “drama cotidiano” de no tener consigo a sus seres queridos, “nadie los toma en serio”, como acusó el representante en México del Alto Comisionado.

Pero quisiéramos creer que todo va en serio. Que de verdad los políticos están decididos a parar las violaciones a los derechos humanos, en este país campeón de la sevicia, de la tortura, de la corrupción y de la impunidad. Tal vez ingenuamente estamos pensando en que, después de esta comparecencia ante la ONU, los encargados de los órganos del gobierno actuarán con respeto absoluto a la vida de los ciudadanos y se aplicará todo el peso de la ley inclusive a los que dejan hacer, dejan pasar…

Si eso ocurriese, ya no tendría sentido la existencia de comisiones nacionales de derechos humanos, ni habría padres y madres que presionaran al gobierno porque sus hijos fueron secuestrados y no aparecen, ni el mismo gobierno tendría que hablar de que reconoce retos a superar en desapariciones, ni habría ninguna necesidad de comparecencias ante la ONU.

Pero la realidad es otra, dura, hiriente, agobiante, desesperante, sin una luz de esperanza no obstante el formalismo de la comparecencia del gobierno ante la Comisión supranacional, aunque el presidente Peña Nieto tendría que aprovechar la ocasión para reconciliarse con sus críticos del exterior, aquellos que primero lo elogiaron exageradamente y ahora lo cuestionan acremente.

La de Ginebra es una excelente oportunidad que se le presenta al presidente de la república para mostrar al mundo que está dispuesto a ponerse decididamente del lado de los que sufren porque les fue arrebatado un familiar, ya sea por sicarios de las bandas de la delincuencia o por agentes gubernamentales.

Algo de ello refirió Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al reconocer ‘retos que México debe superar en la materia’, y llamó a observar un minuto de silencio por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Sus palabras tienen que ser avaladas por los hechos. Es que la gente ya no cree en palabras.

«Cuando se juzgue y sancione a todos los responsables de estos actos de barbarie y se acredite plenamente el paradero de los desaparecidos, podremos, Estado y sociedad pasar del dolor a la recomposición del tejido social», argumentó el funcionario mexicano, en clara oposición a los llamados presidenciales a «no quedar atrapados» y trascender Ayotzinapa.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González, presentó ante el Comité contra la Desaparición Forzada 14 medidas para atender el problema, entre las que destacan el reconocimiento de la competencia de dicho Comité para recibir peticiones individuales; aprobar una Ley General sobre Desaparición Forzada y expedir el Reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas….

Pero las palabras de los políticos tienen que estar sustentadas en hechos… Si no, mejor que se queden callados.

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