Apareció el peine de la CIDH: Ejército, Corte Penal y Ebrard

Indicador Político

MÉXICO, DF, 8 de octubre de 2015.- Detrás de la presión inusual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-OEA sobre México por el caso Iguala-Cocula-Ayotzinapa se localizan tres elementos políticos de largo alcance:

1.- A pesar de que México ya cumplió con los compromisos para desmilitarizar la justicia militar involucrada con civiles y acotar el fuero castrense, la intención del grupo de investigadores de la CIDH es la de sentar al ejército en el banquillo de los acusados, a pesar de que todas las evidencias periciales involucran a políticos municipales y estatales del PRD. El objetivo es sacar al ejército de la seguridad interior para que EE.UU., que controla la OEA, abra su paraguas militar sobre México.

2.- La meta final de la CIDH de la OEA es la de obligar a México a aceptar sus conclusiones aunque sean políticas y luego llevar el caso de Iguala-Cocula-Ayotzinapa a la Corte Penal Internacional contra el Presidente de México. Ya lo intentaron en otros casos con Ernesto Zedillo y con Felipe Calderón. La CIDH puede acusar a México de no cumplir con sus compromisos con este organismo, reabrir el caso Ayotzinapa en función sólo de sus intereses y poner a los investigadores de este organismo como testigos de cargo.

3.- Detrás del activismo antisistémico de Emilio Álvarez Icaza, en su tarea simultánea de liderar víctimas y representar la “objetividad” tramposa de la CIDH, se localiza nada menos que Marcelo Ebrard Casaubón, ahora en el exilio francés por irregularidades en obras en el GDF que pudieran llevar a que se ordene su aprehensión. Icaza y Ebrard coincidieron en el DF en 2006-2009 y los dos se sienten traicionados por el sistema priísta y por compromisos, según ellos, incumplidos por el presidente Peña Nieto. Ebrard ha sido señalado como la mente estratégica en la revelación de la “casa blanca” y culpa de su exilio al Presidente de la República. Y Álvarez Icaza dijo haber tenido el apoyo del entonces gobernador Peña Nieto para la CNDH, pero a última hora el PRI votó por Raúl Plascencia.

Las tres acciones en torno al caso Iguala-Cocula-Ayotzinapa forman parte de una ofensiva estratégica contra el Estado mexicano, sus instituciones fundamentales -sobre todo las fuerzas armadas como la última línea de defensa de la seguridad nacional- y el gobierno priísta. Detrás del operativo se localiza el sistema de inteligencia, seguridad nacional, espionaje y estructura militar de EE.UU. que busca engullirse a México y liderar desde Washington la lucha contra el narcotráfico no para liquidarlo o acotarlo, sino para hacerlo funcional a los intereses estadunidenses de consumo de drogas.

La reorganización del enfoque de seguridad nacional de Washington tiene que ver con el regreso de la guerra fría EE.UU.-Rusia-China y la penetración islámica, china y rusa en América Latina. Este nuevo escenario fue el que apresuró a Barack Obama a reconocer a Cuba, aprovechando el estado geriátrico de Fidel Castro y su urgencia en encontrar una salida al hundimiento de Cuba en la pobreza. Al recuperar a Cuba para los intereses geopolíticos de EE.UU. y congelar el activismo regional de Fidel, Washington afectó a la zona de influencia de Castro: Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador y Nicaragua.

El endurecimiento de México al acoso inusual de la CIDH mostró que el juego geopolítico de los derechos humanos ha sido descubierto.

Sólo para sus ojos:

La Suprema Corte rompió un juego sucesorio en Oaxaca que venía operando el gobernador Gabino Cué, aliado al priísta José Murat. El hijo de Murat no podrá ser gobernador.

Si alguien ha visto por ahí a José Antonio Meade, nuevo secretario de Desarrollo Social, díganle que se reporte al PRI porque ha desparecido del radar sucesorio. ¿Será que no quiere ser candidato presidencial?

Si México es un Estado laico, nada tiene que hacer el papa Francisco en el congreso durante su visita el año próximo. Pero la hipocresía de políticos buscarán bendiciones privadas. El papa viene como jefe de los católicos, no como jefe del Estado Vaticano.

Y por cierto, habrá que recordar aquella frase de López Portillo: “tengo elementos jurídicos para demostrar la inexistencia del Estado Vaticano”.

De nada ha servido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la ofensiva de la CIDH-OEA contra México. El reporte del grupo investigador hizo añicos el reporte de la CNDH sobre Ayotzinapa.

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