Apoyo a campesinos e indígenas que conserven el agua, propone Benjamín

MÉXICO, D.F. 11 de febrero de 2014 (Quadratín).- El senador del PRD, Benjamín Robles Montoya, propuso que los campesinos que realicen obras y actividades que contribuyan a la protección, mejoramiento, conservación y restauración de las cuencas hidrológicas queden exentos de los decretos de veda de mantos acuíferos.

Al sustentar una iniciativa para adicionar un Artículo 41 Bis a la Ley de Aguas Nacionales, el legislador por el estado de Oaxaca recordó que el derecho al acceso al agua de manera suficiente, accesible y asequible está considerado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos instrumentos internacionales.

Robles Montoya señaló: “Hay discriminación, las comunidades indígenas y los campesinos son objeto de ella, toda vez que son sus territorios los que constantemente son objeto de veda de los mantos acuíferos. Sin embargo, los campesinos han demostrado durante años su preocupación por el deterioro de los mantos acuíferos, porque precisamente son ellos quienes de manera organizada realizan acciones instrumentadas para no perder tan vital líquido.

Y es que explicó que al establecerse una zona de veda se limita la actividad de los poseedores originarios de la tierra porque se instaura una supuesta administración de las obras que tendieran a la extracción del agua del subsuelo, y a la constante vigilancia con el fin de quienes ocupan el agua no sobre excedan la capacidad explotable de los acuíferos y así evitar y prevenir perjuicios y procurar la conservación de los acuíferos en condiciones de explotación racional, lo que limita sus actividades, desarrollo y principalmente el acceso al vital líquido.

Un ejemplo, dijo, son las comunidades indígenas y campesinas de los Valles Centrales de Oaxaca, especialmente de aquellos que habitan la zona de Zimatlán – Ocotlán, quienes han asumido el compromiso de seguir construyendo obras de recarga de agua a los mantos del subsuelo.

Por ello, el legislador perredista propuso un trato de excepción a los campesinos que realicen obras y actividades que contribuyan en forma constante en la protección, mejoramiento, conservación y restauración de las cuencas hidrológicas, con previa verificación de la autoridad del agua.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y posterior dictamen.