Aprueba Congreso las APP como alternativa moderna de financiamiento

Oaxaca, Oax. 06 de febrero de 2013 (Quadratín).- El pleno de la LXI Legislatura del Estado aprobó este miércoles la creación de la Ley Estatal de Asociaciones Público Privadas (APP), que dota a Oaxaca de una alternativa moderna y eficiente de financiamiento con relación a los métodos tradicionales de inversión, basados en recursos presupuestales ordinarios o derivados del crédito público.
Durante la sesión ordinaria, con 32 votos de los Diputados presentes, el pleno avaló el dictamen con proyecto de decreto presentado por la Comisión Permanente de Administración de Justicia, que preside el legislador Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, donde se establecen las bases constitucionales de prudencia presupuestaria para desarrollar infraestructura y mejorar los servicios.
El pleno Legislativo autorizó también un dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca.
Además, un tercer dictamen emitido por la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales que preside el diputado perredista Emmanuel Alejandro López Jarquín, por el que se reforman los artículos 59, fracciones XXI bis, y 113 inciso C, fracción II, cuarto párrafo, y se adiciona un segundo párrafo a la fracción XXVI del Artículo 59 de la Constitución Política estatal.
INICIATIVA PREFERENTE
En tribuna, el legislador López Jarquín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y coordinador de la bancada del PRD, resaltó que se trata de la primera “iniciativa preferente” que se dictamina en el marco de la nueva constitucionalidad que la LXI Legislatura aprobó en el año 2011.
“Con ello se da un paso hacia adelante para imprimir mayor transparencia y certeza a los proyectos público privados”, dijo el Legislador y explicó que “frente a la prudencia en la deuda y la falta de recursos financieros, las asociaciones público privadas surgen como una alternativa de financiamiento para evitar la parálisis de inversiones en infraestructura”.
Sostuvo que con el nuevo marco constitucional habrá una Ley Reglamentaria que dará más certeza y legalidad tanto a los inversionistas que quieran ser desarrolladores de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) en Oaxaca, como al sector público y a la ciudadanía.
Subrayó que la aprobación de este dictamen abre la posibilidad de que en Oaxaca se concluyan los tramos de la supercarretera de Mitla a Tehuantepec, Barranca Larga a Ventanilla, así como la construcción del acueducto de Paso Ancho a la Ciudad de Oaxaca de Juárez, entre otros proyectos prioritarios que detonarán el crecimiento económico.
López Jarquín señaló que el esquema tradicional para desarrollar la infraestructura y mejorar los servicios, es la contratación de deuda y ésta ha sido un instrumento eficaz, pero ya no es sostenible su incremento.
Refirió que Oaxaca fue pionero en la implementación del esquema de las Asociaciones Público Privadas (APP) adoptando el modelo federal que estaba vigente, por lo que ahora se da un paso adelante para darle mayor transparencia y certeza a los proyectos público privados.
OBRAS QUE GENERARÁN DESARROLLO
En relación con la iniciativa de Ley Estatal de Asociaciones Público Privadas, la diputada María Mercedes Rojas Saldaña, del PRI, afirmó por su parte que la aprobación de la misma permitirá la realización de obras de beneficio social que generarán desarrollo para la entidad.
En tribuna, la Legisladora resaltó que esa ley es de vanguardia, porque permitirá a los oaxaqueños tener la certeza de que los recursos que se destinen en los proyectos de las APP serán licitados conforme a la ley.
“Ello se haría con transparencia y en plazos aprobados por el Congreso del Estado, que garanticen a la hacienda pública finanzas sanas, sin comprometer el futuro de los oaxaqueños”, puntualizó la priista.
Planteó, sin embargo, que el Gobierno estatal, “que se jacta de ser transparente”, pase de las palabras a los hechos e integre un Comité social que cumpla acciones de vigilancia y supervisión.
Afirmó que la bancada priista pugna porque ese Comité incluya a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), los Colegios de Ingenieros y Arquitectos, urbanistas, Contadores Públicos y organizaciones de protección al ambiente.
Aclaró que la participación del Comité Social, si bien no definirá los proyectos a realizar, sí permitirá la aportación de conocimientos para que con bases científicas y técnicas se arropen los proyectos y sean también no sólo generadores de empleos y desarrollo, sino un punto de unión entre la sociedad y el gobierno en busca de un fin común.
BASES PARA LOS PODERES DEL ESTADO
La iniciativa de Ley Estatal de Asociaciones Público Privadas fue enviada por el gobernador Gabino Cué Monteagudo al Congreso del Estado el 30 de noviembre de 2012, y establece las bases a que deberán sujetarse los Poderes del Estado, los municipios y las entidades que formen parte de la administración pública paraestatal y paramunicipal.
Ello, para celebrar contratos para prestación de servicios a largo plazo en los casos previstos en la ley, y regular lo relativo a su planeación, programación, presupuestación, autorización, adjudicación, contratación, garantías, mecanismos de pago, ejecución y control.
LA LEY DE ADQUISICIONES
En tanto, las reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones de la Ley para Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca, aprobadas con 33 votos, y cuyo dictamen fue elaborado por las Comisiones Unidas de Administración de Justicia y Hacienda, que presiden los diputados Luis de Guadalupe Martínez Ramírez y Guadalupe Isaac Rodríguez Soto, del PAN, establecen, entre otros puntos, la integración de un Catálogo Institucional de compras gubernamentales en la materia.
Esto con el fin de homologar el gasto público estatal, delimitando la participación a los proveedores registrados en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal.
También, acotar la dictaminación bajo libre albedrío en materia de adquisiciones de bienes y servicios por parte de las dependencias y entidades, en función de las atribuciones conferidas por la Ley.