Aprueban suspensión definitiva a proyecto eólico en el Istmo

JUCHITÁN, Oax., 16 de diciembre de 2015.- El Juez Séptimo de Distrito con sede en Salina Cruz aprobó la suspensión definitiva del proyecto eólico que se autorizó instalarse en Juchitán con la empresa Eólica del Sur, en respuesta al amparo promovido por mil 166 opositores de la región.

El Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec informó a través de un comunicado que la suspensión de realizó el pasado 11 de diciembre.

El dictamen fue celebrado por la organización que fundó el Obispo Emérito Arturo Lona Reyes, detallando que “esta suspensión es un logro importante para los pueblos indígenas del país en la lucha por la conservación del territorio: ratifica que han existido violaciones a los derechos de nuestros pueblos, por parte de diversas autoridades, entre ellas la SENER y SEMARNAT”.

CDH-Tepeyac anotó que dicha suspensión definitiva sólo implica que el proyecto está detenido durante el proceso legal, hasta que el juez emita la sentencia, por lo que la empresa no puede realizar ningún tipo de acción y construcción porque estarían violando la orden judicial.

Resaltaron que la consulta indígena que se realizó en Juchitán, el Estado mexicano no actuó de ninguna manera de buena fe, pues otorgó permisos y autorizaciones previas a la realización de la consulta, además de que es el primer ejercicio de consulta después de 24 parques eólicos ya instalados en la región.

“La consulta no fue libre porque no pudimos expresar nuestra opinión y posición durante consulta, pues fuimos hostigados y perseguidos, por nuestros mismos paisanos, que ya tenían pactos realizados con las empresas y con el gobierno municipal”.

También denunciaron que el presidente de Juchitán, Saúl Vicente, anunció obras asociadas a la construcción del parque de Eólica del Sur como un Hospital de Especialidades, un velódromo y un Jardín Etnobotánico, cuando éstas supuestamente fueron promesas de campaña del presidente Enrique Peña Nieto.

Además, acusaron que desde el primer momento en que se interpuso el amparo han sufrido amenazas y hostigamiento, son vigilados y perseguidos.

Pidieron a los gobiernos federal, estatal y municipal, que respete este amparo y cese en el respaldo a las empresas privadas de ocupar el territorio.