Aquiles Córdova / Los altos cobros de la CFE, un problema nacional

Oaxaca, Oax. 22 de octubre de 2010 (Quadratín).- Como decía en mi colaboración anterior, el panorama económico y social del país no es nada tranquilizador. Más de 50 millones de pobres, de los cuales 20, o algo así, viven en la indigencia; una tasa de desempleo cuya magnitud, como quiera que se le mida, es un foco rojo; salarios bajísimos que, en el mejor de los casos, oscilan entre los dos y tres salarios mínimos (es decir, entre 100 y 150 pesos más o menos) con los que una familia promedio debe solventar todas sus necesidades; servicios públicos como salud y educación insuficientes y malos; grave rezago en otros como agua, luz, drenaje, vivienda, pavimentación, caminos, carreteras y comunicaciones en general, entre otros.
Y frente a todo esto, una política del gasto social volcada hacia los programas “contra la pobreza”, que no son otra cosa que limosna pública para paliar el hambre y comprar votos para la hora de las elecciones.
Pues bien, en medio de este panorama desolador, comienza a cobrar fuerza en todo el país el descontento de los estratos de más bajos ingresos en contra de los altísimos y abusivos cobros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), todos ellos usuarios domésticos de la energía, salvo pequeñísimos negocios que no alcanzan a modificar el perfil social de la masa descontenta. Este problema, como lo sabe bien la propia CFE, no es nuevo; viene de muchos años atrás y se genera en dos factores básicos: 1) la aplicación de tarifas “diferenciales” de acuerdo con un criterio que, por brevedad, podíamos sintetizar así: que pague más quien consuma más; y 2) la corrupción desbocada de los encargados de efectuar las mediciones del consumo, elaborar los “recibos” y realizar los cobros.
En relación con lo primero, cabe decir que, en teoría, parece racional, puesto que nadie puede oponerse a que pague más quien puede y debe hacerlo. Pero resulta que en los hechos, como siempre, ocurre todo lo contrario: las tarifas más altas se aplican a los pequeños consumidores, mientras que a las grandes empresas y zonas residenciales, legal o subrepticiamente, se les cobran cuotas de verdadero regalo a costillas de los otros consumidores.
En relación con lo segundo, se ha documentado una y mil veces que los recibos de los consumidores modestos, esos que no tienen voz ni fuerza política o económica para hacer oír y respetar sus derechos, llegan, con altísima frecuencia, artificialmente inflados de manera exorbitante, sin que tal incremento exagerado corresponda con ningún cambio en los hábitos de consumo de energía de la familia. Y también se ha acreditado una y mil veces que no se trata de un “error”, sino de una política sistemática y bien calculada para exprimir recursos a los indefensos, como lo demuestra el hecho, atestiguado por miles, de que ya puede el usuario defraudado tocar todas las puertas que quiera o pueda; ya puede, si se lo permiten, desgranar todos sus argumentos en busca de que su “recibo” sea corregido; una y otra vez la respuesta es la misma: no hay error y tiene que pagar, de lo contrario procederemos a cortarle el servicio.
Años de abusos y años de resignada paciencia del consumidor. Pero hoy hay dos elementos nuevos que explican la rebeldía de los sumisos. El primero es la situación del país a que me referí brevemente al principio: desempleo, bajos salarios, carestía, cero desarrollo social en todos los órdenes; el segundo es un factor externo, el cierre de la frontera norteamericana, que golpea de frente a miles de familias cuyos ingresos dependían, de un modo u otro, del libre paso de personas y mercancías hacia Estados Unidos.
Así se entiende que el descontento haya brotado y sea más agudo en los estados norteños fronterizos, principalmente Baja California y Sonora, donde, además, se suma el hecho de que el duro clima vuelve a ser asunto de vida o muerte para la gente pobre, por el uso intensivo de modestos aparatos eléctricos para mitigar sus rigores y, en consecuencia, que su consumo sea mayor al del resto del país.
Miles de sonorenses de todo el estado se están organizando para dos cosas: demandar a la CFE la tarifa más baja entre las que aplica y la revisión drástica a la baja de sus recibos que, de pagarlos tal cual, los dejaría prácticamente sin comer.
En Guaymas se ha conformado un grupo de más de cinco mil usuarios, encabezado por el presidente estatal de Antorcha Campesina, Ricardo Esquivel Castañeda, cuyas demandas son las que quedan dichas. Esto ha alborotado el enjambre político de la zona.
De pronto han surgido “líderes”, hasta hoy desconocidos, que reclaman mayor “derecho” que Ricardo a encabezar a la gente, señores diputados que, con el tacto de un elefante en cristalería, llegaron amenazando a los inconformes de que no pagar los abusivos cobros es “robarle al país” y que hoy, al ver que sólo consiguieron el repudio general, cambian de táctica y comienzan a “prometer” lo que, como siempre, saben que no habrán de cumplir.
La CFE de Guaymas, por su parte, tal como era de esperarse, ha respondido con regaños insolentes, menosprecio a la representación social y amenaza de cortar el servicio. O sea, gasolina al fuego. Pero la gente ya se dio cuenta de quién es quién en esta lucha y se mantiene firme con los antorchistas. Los intentos por dividir y desorientar al grupo y por aislar a Ricardo Esquivel han fracasado. Desde aquí les decimos a los guaymenses que su demanda es justa y que cuentan con la simpatía y el apoyo de todo el antorchismo nacional, que no los dejará solos. La CFE nacional debe tomar el asunto en sus manos con la seriedad y la sensibilidad que necesita, y entablar un diálogo respetuoso y constructivo con el antorchismo sonorense, representado por Ricardo Esquivel, y nacional, representado por la diputada federal Maricela Serrano Hernández. Así lo requieren las difíciles condiciones actuales de la nación entera