Asegura Profepa reptiles que pretendían ser enviados por paquetería

MÉXICO, DF, 27 de junio de 2015.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 11 reptiles que pretendían ser enviados de forma ilegal a los estados de Puebla, Morelos, Oaxaca y Michoacán desde el Distrito Federal y Estado de México, mediante la empresa de paquetería FedEx.

En un comunicado se informa que la propia empresa detectó 4 paquetes sospechosos declarados como “material médico” por lo que hizo la denuncia correspondiente e inspectores de la Profepa revisaron el contenido y encontraron a dichos ejemplares de vida silvestre.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de junio y se pudo impedir el acto ilícito debido a la colaboración que la empresa FedEx mantiene con la dependencia federal para permitir la verificación de los paquetes y su contenido, en el Centro de Distribución.

Las especies a las que pertenecen dichos reptiles tienen gran demanda por coleccionistas nacionales e incluso extranjeros, principalmente de Europa y Norteamérica, además de estar listados algunos en categoría de riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

El paquete número 1 contenía un ejemplar de cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletti), con destino a la ciudad de Puebla.

El paquete número 2 contenía 7 ejemplares diversos: 1 de camaleón de velo (Chamaeleo calyptratus); 1 de serpiente falso coral (Lampropeltis triangulum); 1 de serpiente se leche (Panterophis guttata); 2 ejemplares de varano (Varano niloticus); y 2 de rana ojos rojos (Agalychnis dacnicolor), con destino a la ciudad de Oaxaca.

El paquete número 3 contenía 1 ejemplar de tortuga lagarto (Chelydra serpentina), con destino a la ciudad de Morelos.

El paquete número 4 contenía 2 ejemplares de tortuga tres lomos (Staurotypus triporcatus), con destino a la ciudad de Morelia.

Los ejemplares asegurados fueron canalizados a un herpetario especializado para su cuidado y valoración médica.

La Profepa inició la investigación y aportación de elementos para la integración de la denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), por tratarse de un delito contra la biodiversidad que puede ser castigado hasta con 9 años de prisión.