Ataques a periodistas y medios de comunicación continúan después de las elecciones en México

México, D.F. 31 de julio 2012 (Quadratín).- Mientras Enrique Peña Nieto se prepara para asumir la presidencia de México, su objetivo público ha sido reducir la violencia relacionada con los carteles de droga en el país. Al mismo tiempo, al menos cuatro incidentes se han registrado en donde periodistas han sido atacados, secuestrados, amenazados o arrestados desde las elecciones del 1ero de julio, lo que continúa el record nefasto de esta nación en cuanto a la protección a periodistas y sus derechos.
Grupos que trabajan por la libertad de prensa, incluyendo al Instituto Internacional de Prensa (IPI), la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) y el Foro Mundial de Editores (WEF), reiteraron su llamado al Presidente electo Peña Nieto a asumir la responsabilidad por las violaciones a la libertad de prensa y a dar prioridad a los derechos y la seguridad de los periodistas durante su nuevo mandato.
“Comprendemos que la situación política de México es muy compleja y que gobiernos sucesivos no pudieron enfrentar el creciente problema de los carteles de droga y la ineficacia de las instituciones del Estado para gobernar al país. Sin embargo, los Estados tienen la mayor responsabilidad en lo que respecta a la seguridad de los periodistas que trabajan dentro de las fronteras de sus territorios y deben hacerse responsables”, comentó la Directora Ejecutiva del IPI, Alison Bethel McKenzie.
Larry Kilman, sub-director de WAN-IFRA, agregó: “En México, los periodistas son identificados, intimidados y atacados simplemente por hacer su trabajo. Los autores de estos ataques las llevan a cabo en absoluta impunidad. El resultado de estas acciones conlleva a que los ciudadanos ya no sean correctamente informados y a que la prensa ya no pueda desempeñar de manera apropiada su papel de perro guardián de las instituciones públicas.”
El 29 de julio, las oficinas del diario Sierra Madre, una filial del periódico El Norte ubicadas en San Pedro Garza García, cerca de Monterrey, fueron atacadas por hombres armados que ingresaron al edificio, rociaron gasolina para luego incendiarla. Este fue el tercer ataque al periódico El Norte en menos de un mes: el 10 de julio, una granada fue lanzada en Monterrey en la sede de La Silla, y ese mismo día, agresores atacaron con una granada y disparos a Linda Vista. Ambos son suplementos de El Norte.
El 23 de julio, el reportero gráfico Miguel Morales Estrada fue reportado como desaparecido. La última vez que se tuvo contacto con él fue el 19 de julio, cuando Morales le dijo a los ejecutivos del Diario de Poza Rica que se iba de la ciudad para ”resolver ciertos problemas personales”, de acuerdo a las declaraciones del gobierno de Veracruz.
Morales Estrada ya había tenido problemas en el pasado, al ser secuestrado en su oficina por un pistolero el año pasado. De acuerdo a la agencia española de noticias EFE, en los últimos dos años, nueve trabajadores de medios de comunicación han muerto en Veracruz, ciudad considerada uno de los lugares más peligrosos para un periodista, mientras los carteles de droga locales luchan despiadadamente por la supremacía absoluta.
El 16 de julio, alguien saqueó el hogar de Hiram González Machi, periodista y director de un programa local de noticias en la ciudad de Nogales, en el estado Sonora, quien también cubría la sección de crímenes del diario Nuevo día de esa ciudad. Varios mensajes con amenazas de muerte fueron encontrados en la escena del crimen. Uno de los mensajes advertía: “Vas a morir, reportero”. La casa de González Machi ya había sido robada en tres ocasiones anteriores.
Las oficinas de El Mañana en Nuevo Laredo fueron atacadas también el día 10 de julio por agresores que lanzaron una granada en la entrada principal. El Mañana fue atacado nuevamente al día siguiente con otra granada. Después de un ataque similar en mayo, El Mañana publicó un editorial que manifestaba que ellos ya no cubrirían los conflictos entre organizaciones criminales. El periódico reiteró su suspensión en otro editorial luego de los ataques de julio.
El 5 de julio, las autoridades arrestaron por dos días a la periodista de Monterrey Sanjuana Martínez, aparentemente en relación a un caso civil en el que estaba involucrada. Martínez, una reconocida periodista, había escrito una columna el 2 de julio denunciando que se había cometido fraude en las elecciones federales presidenciales. Asimismo, había publicado en 2008 una denuncia contra la juez que ahora ordenó su arresto. Grupos que promueven la libertad de prensa han cuestionado el motivo del arresto, en donde se cree que se está utilizando una disputa civil para castigarla. La naturaleza del arresto de Martínez también es sospechosa, ya que ella fue detenida sin orden de arresto, la cual sólo se le mostró luego de tenerla bajo custodia.
“El IPI exhorta al presidente electo Peña Nieto a dar prioridad a la seguridad y los derechos de los periodistas bajo su gobierno, porque sin medios independientes, un país no puede ser verdaderamente democrático”, agregó Bethel McKenzie.
“La única manera de ponerle fin a la violencia contra los periodistas acabando con la impunidad. Hacemos un llamado a Peña Nieto para que acepte este desafío”, comentó Erik Bjerager, Presidente del WEF.
La Asamblea general del IPI en junio aprobó unánimemente una resolución en donde se hace un llamado al gobierno mexicano para que proteja a sus periodistas y para que ponga fin a la impunidad para los asesinos. WAN-IFRA expresó su apoyo total a esta resolución.
En esta resolución, los miembros del IPI resolvieron “que el estado federal mexicano tiene la responsabilidad última de garantizar la seguridad de todos periodistas que trabajen dentro de sus fronteras, incluyendo aquellos que cubren conflictos en curso entre el gobierno, el crimen organizado y los narcotraficantes”.
A principios de este año, cinco periodistas mexicanos fueron asesinados en un periodo de 30 días, entre abril y mayo. En 2011, México estuvo entre los países más peligroso del mundo para los trabajadores de la prensa, de acuerdo a cifras tanto del IPI como de la WAN-IFRA. La mayoría de estos crímenes aún no han sido resueltos.
Peña Nieto asumirá la presidencia el 1 de diciembre, lo que lleva de nuevo al poder al Partido Revolucionario Institucional (PRI) luego de una ausencia de 12 años que interrumpió los 71 años de mandato del PRI. Peña Nieto ganó con 38% de los votos; mientras que Manuel López Obrador, ex alcalde de Ciudad de México y candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ocupó el segundo lugar con 32% de los votos; y Josefina Vázquez Mota, del Partido de Acción Nacional (PAN) obtuvo 25% de los votos. López Obrador, quien calificó a las elecciones como un engaño, acusó al PRI de comprar votos y ha tomado formalmente acciones legales.
Se espera que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declare válidos o inválidos los comicios el 6 de septiembre.
Antes de las elecciones presidenciales en México, la WAN-IFRA, el IPI y el WEF enviaron cartas a los tres candidatos presidenciales, pidiéndoles que explicaran las medidas que tomarían para ponerle fin a la violencia contra periodistas y para enjuiciar a los atacantes.
“Nos preocupan mucho los niveles tan altos de violencia contra periodistas en México”, escribió el grupo. “Al menos 53 han sido asesinados en los últimos seis años y muchos más han desaparecido. En muy pocos casos los culpables han sido enjuiciados y aquellos que matan y amenazan a los periodistas son protegidos rutinariamente por el clima de impunidad reinante”.
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