Atiende Sala Constitucional cinco controversias en la materia

OAXACA, Oax. 12 de febrero de 2014 (Quadratín).- El presidente de la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado, magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, informó que a cuatro meses de su creación este órgano ha dado trámite a cinco controversias constitucionales y a la promoción de un juicio para la protección de los derechos humanos, hecho que convertirá a Oaxaca en ejemplo para el país al brindar tutela judicial a los derechos de las personas.

Al hablar sobre los beneficios que ha traído a los ciudadanos la creación de dicha Sala impulsada por el titular del Poder Judicial, magistrado Alfredo Lagunas Rivera, afirmó que es la única en el país que pone a disposición de los ciudadanos un juicio para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDJHPO).

Resaltó que la cifra de casos recibidos hasta ahora representa un número mayor a los atendidos por las Salas Constitucionales de otros estados de la República, pues en algunas entidades, como el Estado de México, en un periodo de seis años se ha dado seguimiento  únicamente a cinco asuntos por acciones de inconstitucionalidad.

El magistrado Pinacho Sánchez comentó que la instalación de la Sala era un reto inaplazable para Oaxaca, pues anteriormente los casos de inconstitucionalidad, controversias o los procedimientos para control previo de la Constitucionalidad de decretos eran atendidos únicamente por el Poder Judicial Federal; y mucho más, insistió, por la falta de un juicio para proteger los derechos humanos.

“Es un desafío muy grato el hecho de recibir una oportunidad de cumplir con esta función histórica; quienes integramos la Sala vamos a actuar como actúa la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder lograr el cumplimiento de las recomendaciones y con ello, dotamos de herramientas a la Defensoría”, expresó.

Las cinco controversias constitucionales que actualmente se encuentran en la Sala, corresponden a promociones realizadas por autoridades municipales en contra de acciones del Poder Legislativo y un juicio particular en materia de derechos humanos.