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MÉXICO, DF, 29 de diciembre de 2014.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atrajo el caso de la activista Elisa Zepeda Laguna, su familia y demás agraviados, por el cual tiene ya radicada una queja, y solicitó a la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca, a la Procuraduría estatal y a la Sindicatura Municipal de Eloxochitlán el establecimiento de medidas preventivas que permitan garantizar la seguridad e integridad física de los mencionados.
En un comunicado el organismo informa que solicitó a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca remita a la CNDH el expediente que integró, así como toda información y documentación que, de ser el caso, exista o llegue a recibir relacionada con este hecho.
Mediante oficio dirigido al licenciado Arturo Peimbert Calvo, Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Comisión Nacional señala que dada la naturaleza de los hechos y su impacto en la opinión pública nacional, se inició el correspondiente expediente de queja y acordó la atracción del caso, con el fin de proceder a la investigación y resolución del mismo.
En acción paralela, dirigió sendos oficios al Secretario General de Gobierno de Oaxaca, Alfonso Gómez Sandoval Hernández; al Procurador General de Justicia de la entidad, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, y al Síndico Municipal de Eloxochitlán de Flores Magón, Juan Manuel Hernández Mendoza, con el fin de que lleven a cabo las gestiones a que haya lugar ante las autoridades competentes, para que se establezcan mecanismos de protección suficientes para garantizar la seguridad e integridad física de la activista, su familia y demás agraviados.
En los documentos se establece que el Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos tiene como objetivo primordial salvaguardar los derechos de los integrantes de esos grupos, con base en lo establecido en los artículos 3º, párrafo tercero, 6, fracción II y 40 de la Ley de la CNDH, así como 116, 117 y 118 de su Reglamento Interno, en razón de lo cual se solicita que tales medidas cautelares sean por el tiempo necesario.
La Comisión Nacional realizará la investigación correspondiente, y en su oportunidad emitirá la determinación que conforme a derecho proceda.