Atribuyen a edil de Pochutla protección a médico negligente

Huatulco, Oax. 8 de febrero de 2009 (Quadratín).- María Perla Alberto Ziga acusó al edil de San Pedro Pochutla, José Manuel Ricárdez López, de brindar protección al regidor de Hacienda, Rogerio Antonio Ramírez Buy, sometido actualmente a proceso penal como presunto responsable de lesiones causadas a su sobrina Blanca Estela Alberto López.
El daño ocurrió cuando este concejal, en su condición de médico general, intervino quirúrgicamente a la paciente en junio del año pasado para practicarle una cesárea en su clínica particular Servicios Médicos Pochutla, según la averiguación previa 183/2008 de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Como consecuencia de esta operación –“no adecuada” según el dictamen del médico legista y forense– la paciente presenta síntomas “devastadores en su estado de salud física y emocional”, además de padecer otras secuelas porque su organismo no puede retener los nutrientes por carecer de casi todo su intestino delgado.
“Blanca necesita mucha atención; hasta ahorita el doctor se pasea por las calles como si nada hubiese hecho; no puede ser posible que las autoridades municipales estén protegiendo a este delincuente, desgraciadamente es una gran realidad”, dijo Alberto Ziga.
Conforme a documentos en poder de este diario, lo hechos también constan en la averiguación previa número 54(VG) 2008, integrada ante el agente del Ministerio Público de la mesa seis de Responsabilidad Oficial, Médica y Técnica, adscrita a la Visitaduría General de la PGJE.
“Yo le pido al presidente municipal que sea humano, que tenga principios de ética y legalidad como autoridad municipal; por este medio también le quiero pedir al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, como padre de familia, que haga lo que este en su alcance y que no se fomente la impunidad en Oaxaca”, afirmó en forma categórica durante una entrevista.
La denunciante narró que una muestra de la protección que Ricárdez López ofrece al médico acusado es que Cuitlahuac Aguilar, secretario particular del edil, ha sido el abogado defensor de Ramírez Buy durante el proceso iniciado desde el año pasado.
Acompañada de Jorge Alberto Ziga, padre de la joven afectada, quien ahora tiene 18 años de edad, denunció que ella ha sido objeto de amenazas vía telefónica para que desista de la demanda entablada contra el galeno, por lo que responsabilizo a Ricárdez López y a Ramírez Buy “de lo que me pueda suceder a mí y a mi familia”.
María Perla Alberto Ziga aseveró que cuando el inculpado se enteró de la querella en su contra, tanto ella como su hermano fueron convocados en una ocasión en el despacho del presidente municipal de San Pedro Pochutla.
“Nos mandó llamar al ayuntamiento ofreciéndonos una cantidad de dinero para retractarnos de todo cargo en contra del doctor, incluso nos ofrecieron meter a la nómina a Blanca por el tiempo que la administración estuviese en Pochutla, y que la administración entrante se haría responsable de seguirla manteniendo en la nómina”, acusó.
Los hermanos y la propia afectada recurrieron recientemente a los diputados locales para pedir que el Poder Legislativo del estado revoque el mandato que como regidor ostenta Ramírez Buy, ya que además de considerarlo autor del delito culposo de lesiones con la agravante de responsabilidad médica los tres creen que goza de la protección de políticos vinculados al gobierno estatal.
“Confiamos en las autoridades, confiamos en el Congreso del estado, órgano legislador de leyes, que deben ser los primeros en cumplir las leyes y actuar con legalidad y transparencia, que no exista mas la impunidad en Oaxaca o que quieran politizar el asunto”, manifestó María Perla
Los asesores jurídicos de los quejosos argumentan en su petición al Congreso local que el Juzgado Mixto de primera instancia de San Pedro Pochutla cometió “una irregularidad” al considerar que el hecho imputado a Ramìrez Buy “no está considerado como delito grave”.
“De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 23 Bis A del Código de Procedimientos Penales en el estado de Oaxaca y los preceptos aplicables que fueron sustento para dictar la orden de aprehensión en contra del regidor de Hacienda sí están considerados como graves”, dice el documento recibido el martes 3 de febrero en la oficialía de partes del Poder Legislativo del Estado.
Los denunciantes sostienen que por estar Ramírez Buy sujeto a un proceso penal se ubica en la causal prevista por el artículo 89, fracción II de la Ley Municipal del estado de Oaxaca, el cual se refiere a la suspensión provisional del mandato de uno o varios de los miembros de un ayuntamiento.