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Oaxaca, Oax., 5 de septiembre de 2011 (Quadratín).- Garantizar el respeto a sus derechos humanos y el ejercicio pleno de los derechos civiles, sociales, económicos y culturales que sean compatibles con su condición en reclusión, a las y los internos de los centros penitenciarios, es su compromiso, comentó durante la segunda audiencia carcelaria en La villa de Cosolapa, región del Papaloapam, Berta Ruth Arreola Ruíz, procuradora de la Defensa del Indígena y Grupos Vulnerables, en representación de Gabino Cue Monteagudo, gobernador constitucional del estado de Oaxaca.
La visita tiene como propósito que los internos de acuerdo con su particular situación jurídica, conozcan sus derechos, para exigirlos y ejercitarlos, verificar el respeto irrestricto a sus derechos humanos, que les garanticen una estancia digna y segura en la prisión.
La Procuraduría de la Defensa del Indígena y Grupos Vulnerables, en coordinación con las instituciones de procuración, administración de justicia y derechos humanos, organizaron la segunda audiencia penitenciaria buscando como sede, el reclusorio de la villa de Cosolapa, de donde presos son de origen indígena, a fin de escuchar a los internos y revisar sus procesos para conocer el estado jurídico en que se encuentran actualmente, agilizar el trámite, y de acuerdo a la etapa o instancia que conoce de su procedimiento, darles a conocer las alternativas jurídicas para atender su problemática, añadió Arreola Ruíz.
Hasta hace poco tiempo, la cárcel era un espacio de olvido, porque se pensaba que un interno era una persona que había ofendido a la sociedad y por lo tanto debía ser castigado sin miramientos, afortunadamente, la cultura de los derechos humanos en este ámbito ha logrado grandes avances, para quienes la habitan, ya que después de haber permanecido en el anonimato, ahora sus muros se han abierto para que la sociedad civil vea quien, como, y porque se vive ahí dentro; para que se entere de cómo son tratados y en qué condiciones permanecen quienes han sido condenados a la privación de la libertad.
La Procuradora dijo que en este gobierno es de sumo interés para el ejecutivo del estado, y de los integrantes de la sexagésima primera legislatura del estado, conformar una comisión multidisciplinaria, a efecto de revisar la situación jurídica de todas las mujeres y hombres indígenas, así también no indígenas privados de su libertad, en calidad de sentenciados o procesados, que se encuentran internados en los distintos centros de readaptación social de Oaxaca.
La Procuraduría de la Defensa del Indígena y Grupos Vulnerables, a través de los defensores públicos y de oficio, otorga defensa y asesoría jurídica a todos los ciudadanos que así lo requieran y que no cuenten con un abogado, primordialmente a los grupos indígenas y de escasos recursos económicos, no solamente en materia penal, sino también en materia civil, familiar, agraria y de amparo. El compromiso de la procuraduría es brindar asesoría jurídica oportuna, eficaz y gratuita, a todas aquellas personas indígenas o no indígenas que se encuentren privadas de su libertad por condiciones de pobreza, diferencias culturales, marginación social o desconocimiento de sus garantías individuales.
Cabe señalar que gracias a esa audiencia se obtuvo el beneficio de libertad con Reinserción social entrego a cuatro presos, beneficios de ley del sistema penitenciario, a: Antonio Solís Felipe, Antonio Villalobos Antonio, Celestino Carbajal Hilario, Guillermo Aguilar García. Libertades bajo caución por parte de la PRODI: Brigido Criollo y Cristóbal Martínez Fernández. Cabe señalar que también se entregó balones de basquet ball, fut ball, bolly ball y beis ball (dos manoplas).
En el acto estuvieron también presentes: Raúl Ezequiel Gómez Martínez, presidente de la Segunda Sala Penal, en Representación de Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera, presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia; Alejandro Enrique Figueroa, integrante de la Primera Sala Penal; Fernando Enrique Mendez Ortega, integrante de la 3ª Sala Penal; Crescencio Modesto Martínez Geminiano, integrante de la Segunda Sala Civil; Marina Santiago Cuevas, coordinadora de Derechos Humanos; Jorge Andrés Mancilla Montellano, director general de Reinserción Social y representante de Marco Tulio López Escamilla, secretario de Seguridad Pública; Gustavo Díaz Sánchez, presidente Municipal Constitucional de La Villa de Cosolapa; Adriana Medina Geronimo, jefa del Depto. del área Jurídica en representación de Erendira Cruz Villegas, comisionada
Especial para los Derechos Humanos de la Gubernatura y Zenon Faustino SalinasQuevedo, director del Reclusorio.