Convocan a capacitarse en combate a la corrupción a nivel municipal
OAXACA, Oax. 20 de septiembre de 2013 (Quadratín).- Todos nosotros podríamos vernos involucrados en un problema de carácter penal, ya sea como víctima o responsable de un delito. En cualquier caso, desearíamos que nuestros derechos se respetaran y se nos juzgara de acuerdo a la verdad.
A partir de septiembre del año 2006, el sistema de justicia penal empieza a transformarse en Oaxaca resultado de la aprobación de un nuevo Código Procesal Penal que adopta el Sistema Acusatorio Adversarial y respeta la normativa constitucional y los tratados internacionales sobre derechos humanos; lo que coloca a nuestro estado a la vanguardia de la justicia penal en México.
Fue el 18 de junio de 2008 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional que dio inicio a la transformación del Sistema de Justicia Penal en México, lo cual obliga a las Entidades Federativas a realizar un conjunto de adecuaciones y transformaciones en el fondo y en la forma de procurar, administrar e impartir justicia.
Con esta reforma se inició un proceso de transición de un sistema penal inquisitorio mixto hacia uno de corte acusatorio y adversarial; en el que se crean nuevas figuras jurídicas cuya finalidad es alcanzar mejoras sustantivas en términos de eficiencia, accesibilidad y transparencia a fin de garantizar el debido proceso penal en todas las partes involucradas en el mismo.
Se trata de un profundo cambio estructural en el que participan la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, la Procuraduría de la Defensa del Indígena y Grupos Vulnerables y la Secretaría de Seguridad Pública, todas ellas integrantes del Órgano Implementador del Sistema Acusatorio en el Estado de Oaxaca.
Las entidades y la federación tienen hasta 2016 para implementar este nuevo sistema, que brindará un servicio más humano y eficiente, soluciones más rápidas a tus asuntos y procesos más transparentes.
En Oaxaca el Sistema Acusatorio Adversarial se ha implementado hasta ahora en las regiones del Istmo de Tehuantepec, la Mixteca y la Costa. En los próximos días entrará en funciones en la Cuenca del Papaloapan y para el 2013 se contempla quede establecido en los Valles Centrales.
Con el nuevo sistema de justicia penal, todas las audiencias serán orales, públicas y el juez deberá estar presente en todo momento.
Esto significa que cualquier persona puede presenciarlas y que todas las intervenciones se hacen a viva voz; es decir de manera oral. En las audiencias de juicio oral, ambas partes deben estar presentes y todo argumento y medio de prueba que ofrezca cada una de ellas debe ser conocido por la parte contraria. Estas pruebas se presentarán al juez o tribunal de juicio oral, quien dictará una sentencia dentro de la propia audiencia oral.
Este proceso garantiza la transparencia y la igualdad de partes, y se hace para conocer la verdad de los hechos. Además, se hacen más breves los procesos penales y se descongestiona el sistema de justicia penal, al existir la justicia alternativa, el procedimiento abreviado y los principios de concentración y continuidad, que implican que las audiencias no deben ser interrumpidas y los asuntos deben resolverse en el menor número posible de audiencias.
La justicia alternativa logra solución rápida y equitativa a los conflictos de las personas, y busca fundamentalmente que se repare el daño causado, Es un mecanismo para que mediante el dialogo, la conciliación, y la mediación entre las partes, se llegue a un acuerdo y se soluciones el conflicto antes de llegar a juicio.
La investigación científica, la oralidad, la capacitación de los operadores, la justicia alternativa y la presencia del juez contribuyen a que la mayor cantidad de conflictos penales se resuelvan, lo que significa que se genere menor impunidad.
Se reconoce el principio de presunción de inocencia a nivel constitucional, que significa que a la persona que se le acuse de haber cometido un delito deberá ser tratada como inocente hasta que con pruebas se demuestre lo contrario y un juez dicte sentencia. Esto además disminuye el uso de la prisión preventiva.
Asimismo, se protegen los derechos humanos de la víctima u ofendido y del imputado en todas las etapas del proceso, para garantizar una mejor justicia.