Avanza Oaxaca en implementación del sistema penal acusatorio

OAXACA, Oax. 12 de abril de 2015.- El Gobernador Gabino Cué Monteagudo encabezó la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Acusatorio en el Estado, donde se dieron a conocer los avances de las reformas y aprobación de las nuevas leyes en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.

En un comunicado de prensa se informó que durante el encuentro realizado en Palacio de Gobierno, el Jefe del Poder Ejecutivo indicó que el Sistema Penal Acusatorio garantiza a la sociedad procesos más humanos, transparentes y confiables con estricto apego a los derechos humanos, además de transformar la impartición y procuración de justicia mediante un modelo de carácter oral para recuperar la confianza ciudadana.

El mandatario afirmó que el Estado de Oaxaca es punta de lanza en el país con la operación de este modelo de justicia restaurativa, toda vez que a partir del año 2007, este esquema ya opera en las regiones del Istmo, Mixteca, Costa y Cuenca del Papaloapan, teniendo como meta implementar dicho sistema en las regiones faltantes –Cañada-Sierra Norte, Sierra Sur y Valles Centrales- al cierre del ejercicio 2016.

En presencia del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Alfredo Lagunas Rivera, el Gobernador Gabino Cué analizó los avances alcanzados a través de este modelo de justicia, al tiempo de anunciar que se tiene contemplado para el presente ejercicio la construcción de 10 Centros de Justicia, a través de una inversión de 516 millones de pesos; mientras que en 2016 se tiene proyectado la construcción de otros 13 espacios, con una bolsa de recursos de 750 millones de pesos aproximadamente.

Estos espacios contarán con recursos presupuestales, humanos y tecnológicos necesarios para ofrecer un servicio acorde a las exigencias del modelo de justicia a la población.

En este marco, el mandatario oaxaqueño reconoció la labor emprendida por los órganos encargados de procurar e impartir la justicia penal, así como implementar el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con lo cual de cumplimiento a la Reforma Constitucional en Seguridad y Justicia, permitiendo que Oaxaca se coloque a la vanguardia nacional en la materia, con sus respectivos códigos procedimentales.

Durante el encuentro –el cual se desarrolló en un marco de respeto y colaboración con el Poder Judicial- se informó sobre las reformas al Código Penal, así como a las leyes Orgánicas del Poder Judicial; de la Procuraduría General de Justicia, del Sistema Estatal de Seguridad Pública, de Protección de Sujetos que intervienen en el procedimiento penal y la de Extinción de Dominio Estatal.

Asimismo, se dio a conocer que el mes de marzo pasado, se aprobaron las nuevas leyes de la Defensoría Pública; Atención a Víctimas u Ofendidos, Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados y la Ley de Organización de la Unidad de Medidas Cautelares.

Gabino Cué señaló que a través de estas nuevas ordenanzas constitucionales, se impulsa el plan estratégico de implementación de los Centros de Justicia en la entidad, lo que implica que el próximo año se contará con un número más amplio de dichos espacios, los cuales son ciudades judiciales donde operarán las dependencias de Seguridad y Procuración de Justicia, a fin de hacer más funcional el acceso a la justicia a las y los oaxaqueños.

Estos centros se edificarán en los municipios de Villa Sola de Vega y Miahuatlán de Porfirio Díaz, ubicados en Sierra Sur, y en Ixtlán de Juárez, en la Sierra Norte.

En esta Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Acusatorio, el mandatario oaxaqueño instó a las dependencias vinculadas en este proceso a seguir capacitando al personal involucrado para instruirse correctamente en la aplicación de este modelo, entre ellos, jueces, agentes del Ministerio Público, peritos, defensores, mediadores y conciliadores, personal del sistema penitenciario, litigantes, entre otros.

Cabe mencionar que este modelo establecido a partir de la Reforma Constitucional de 2008, se rige por los principios de publicidad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración, y se fundamenta en el predominio de los derechos fundamentales de víctimas y personas imputadas, creando nuevas figuras y mecanismos procesales.