Bárbara García Chávez / A Reserva. Gobernabilidad y gobernanza

Oaxaca, Oax. 14 de febrero 2011 (Quadratín).- Cuando pensamos en el papel que los gobiernos han realizado o realizan es recurrente que la calificación gire en torno a actuaciones u omisiones que registramos de manera aislada y que por este afán de desagregarlos no encontremos parámetros adecuados. Es posible que si hacemos este análisis desde una perspectiva sistémica, nos sean de más utilidad las referencias contenidas en los conceptos de gobernabilidad y gobernanza, como funciones que determinan explícitamente la gestión pública.
La categoría gobernabilidad nace para contribuir a fundamentar y diseñar la visión neoliberal del Estado y la política. Existen razones que le otorgan un valor metodológico indiscutible en la teoría política sobre El Estado Bienestar, relacionándola con componentes cruciales de la vida social y sus capacidades de desarrollo, que definen la sinergia en la capacidad de resolver pacíficamente los conflictos internos, la calidad de vida de la ciudadanía y la capacidad de sobrevivencia de un Estado-Nación como tal, inserto en la comunidad internacional.
La gobernabilidad se define desde diferentes tratamientos conceptuales. Se concibe como una capacidad social y una relación social. De esta manera, gobernabilidad es igualmente un concepto social como relacional. ”Las relaciones de gobernabilidad que permiten a una sociedad alcanzar objetivos incluyen la función y debida correlación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado”.
En efecto, frente a la perspectiva de la gobernabilidad, que esencialmente se preocupa por las capacidades de gobierno, entendidas como los recursos o poderes de que debe disponer el gobierno para estar en condiciones de gobernar a su sociedad, en un marco histórico concreto.
En este sentido, resulta imprescindible identificar, caracterizar y calificar a los diferentes sujetos sociales que componen el universo relacional que define la gobernabilidad; se consideran los seres humanos en grupos, organizaciones, localidades, naciones, regiones.
Desde otro enfoque, predomina el componente operativo del concepto que precisa la gobernabilidad como la capacidad de un determinado gobierno frente a su sociedad para afrontar positivamente los retos y oportunidades que se le plantean en un momento determinado.
También por gobernabilidad se entiende ”la capacidad del gobierno para legitimar sus decisiones con base en un desempeño eficaz de sus funciones”. En términos más amplios, la gobernabilidad igualmente puede definirse como la cualidad propia de una comunidad política, según la cual, sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio de un modo considerado legítimo por la ciudadanía.
Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la gobernabilidad significa ”el marco de reglas, instituciones y prácticas establecidas que sientan los límites y los incentivos para el comportamiento de los individuos, las organizaciones y las empresas”.
Se complementa…”el reto de la gobernabilidad democrática radica en fortalecer las capacidades de los gobiernos y demás actores de los países de la región para profundizar la democracia, hacer más eficientes y competitivos los mercados y mejorar la equidad, como componentes indisociables del concepto de desarrollo humano”.
Igualmente, el PNUD destaca que la gestión para el desarrollo humano, significa mucho más que instituciones y normas efectivas, la gobernabilidad democrática tiene ciertos atributos:
Respeta los derechos humanos y las libertades de las personas.
Vela por que exista igualdad entre hombres y mujeres.
Lucha por la no discriminación por motivos de raza, origen étnico, clase y género.
Es participativa y transparente en el proceso de toma de decisiones.
Dispone de mecanismos para la exigencia de responsabilidades de la sociedad.
Es eficiente en la utilización de los recursos.
Es equitativa.
Las políticas económicas y sociales responden a las necesidades de la sociedad.
El objetivo de las políticas económicas y sociales tienen como fin el bien común.
Promueve el Estado de Derecho.
Así, la promoción del desarrollo humano requiere de una gobernabilidad democrática tanto de forma como de contenido para el pueblo y por el pueblo.
La gobernabilidad democrática contribuye al desarrollo humano por tres motivos:
1. El hecho de gozar de una libertad política y poder participar en las decisiones que afectan nuestra vida es un derecho fundamental y forma parte del desarrollo humano.
2. Por ser la democracia, el único régimen que garantiza las libertades políticas y civiles, y el derecho a participar ayuda a proteger a las personas de catástrofes económicas y políticas.
3. Puede desencadenar un ciclo positivo de desarrollo, a medida que la libertad política hace posible que la ciudadanía exija políticas que amplíen sus oportunidades sociales y económicas.
La gobernabilidad implica necesariamente la reducción de la pobreza como determinante para medir la calidad de las instituciones, de los países y sus políticas, y que la democracia y el desarrollo sostenibles requieren instituciones transparentes con rendición de cuentas; funcionarios profesionales, competentes y responsables; así como leyes y marcos reglamentarios de la vida económica y política abiertos y equitativos.
El ejercicio de la democracia supone el acceso abierto a la información; la participación en las decisiones públicas; el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo a los marginados de los beneficios del desarrollo de la sociedad.
¿En qué momento gobernabilidad y gobernanza, para reafirmar la gestión pública legítima, encuentran su vértice determinante?
Gobernanza es un término que se origina a partir del intento de traducción, sin exactitud semántica, del anglicismo Self-Government, que tiene su origen en Gran Bretaña y se refiere a los gobiernos municipales pretendiendo autonomía de acción, respaldándose en los sectores sociales privados más poderosos y su intervención en las decisiones y funciones públicas.
La gobernanza se preocupa por el proceso directivo de la sociedad; equivale –de acuerdo a las más modernas teorías políticas- al proceso mediante el cual los actores de una sociedad deciden sus objetivos de convivencia, fundamentales y coyunturales— y las formas de coordinarse para realizarlos constituye, por tanto, un nuevo ámbito conceptual y práctico que va más allá del enfoque estricto de la gobernabilidad.
Se trata, entonces, de una perspectiva que alude al proceso mediante el cual se define el futuro social deseado; la distribución de autoridad y responsabilidad entre los diferentes agentes sociales, con el propósito de que los actores sociales privados contribuyan con sus recursos, competencias, especializaciones, destrezas, acciones y productos al logro de los objetivos sociales.
Desde la perspectiva de la gobernanza, las sociedades débiles, proclives al desgobierno, la gestión pública será vertical, autoritaria y centralizada; en sociedades con amplia participación ciudadana, el modo de gobernación será más horizontal, descentralizado y asociativo, e incorpora la deliberación de la ciudadanía (organizaciones privadas y sociales, nacionales o multinacionales) en los asuntos públicos, sobre las acciones que emprenden para atenderlos.
Así, la gobernabilidad se afianza cuando queda asentada en normas, reglas y valores, que definen su calidad, a partir de un estilo de ejercicio del gobierno que convierte la interacción y la cooperación de actores -públicos y privados- en uno de sus puntales claves para el ejercicio del gobierno. Y si se trata de cooperación e interacción, estamos hablando de participación. Ello define un nuevo estilo de gobierno marcado por la participación de los llamados sectores públicos y privados (sin exclusión), en los procesos de toma de decisión del gobierno y la vida política en general.
Esta comprensión que hemos elaborado a partir de las definiciones esbozadas anteriormente, nos permiten entender que la gobernanza otorga a la gobernabilidad un matiz democrático que debe de tener, toda vez que entendemos por democracia el grado de armonía, identidad o correspondencia que existe entre los intereses del pueblo y la actividad del Estado, como concepto rector que rige todos los procesos políticos y no sólo aquellos que define el sistema de partidos y el ejercicio electoral.
Siendo así, la gobernanza tiene su génesis en las normas de su comportamiento político, en que los intereses de la coparticipación de los sectores públicos y privados sean inclusivos y se determine claramente el interés general.
Si privaran como protagonistas inequitativamente los actores que representan los intereses de la hegemonía del mercado universal, menospreciando los intereses de la sociedad, entonces, el rompimiento entre gobernabilidad y gobernanza deslegitimará el ejercicio del gobierno.
La gestión pública, que dirige sus funciones a satisfacer las condiciones del mercado, abre profundas contradicciones políticas frente a su sociedad, lo que conduce a permanentes crisis políticas, lacera la credibilidad y legitimidad del gobierno, redunda en lo que se ha dado en llamar falta de gobernabilidad y deficiente o nula gobernanza. Es el descalabro de la política para las grandes mayorías, el enraizamiento de la apatía política y el descrédito total de ella, que conduce a que el gran triunfador de los procesos electorales sea el abstencionismo, como ha sucedido en los últimos años de manera progresiva.
Se trata de un hastío del electorado con respecto a los partidos, el Estado y la política en general; la o el ciudadano común y corriente pierde la poca confianza que tenía en la dimensión de la política y en sus actores principales.
La consecuencia es una clara pérdida de legitimidad del sistema de partidos y hasta del Estado, y en su disminuida facultad para captar y articular los anhelos y las exigencias de la población.
Conociendo el significad de los términos, que implica el buen gobierno, es deber de ciudadanas y ciudadanos exigir de quien elegimos responsabilidad en la gestión pública, que refrende la gobernabilidad democrática y la inclusión de todos los sectores sociales en las decisiones y actuaciones que promuevan el bienestar general, generando permanentemente condiciones de gobernanza.