Bárbara García Chávez/A reserva/Justicia y seguridad, quimeras inalcanzables

Oaxaca, Oax., 11 de julio del 2011(Quadratín).- Como en todo el país, los índices delictivos han aumentando, enunciado salomónico del gobernador Gabino Cué al hablar con feministas el pasado 23 de junio, pretendiendo con ese argumento simplista, justificar el creciente aumento en asesinatos de mujeres en Oaxaca.
Poco antes, a principios de marzo, como resultado de los acuerdos con la sección XXII del SNTE, tratando de disminuir la embestida magisterial por la represión a maestros, acontecida en febrero pasado, el gobernador de la paz y el progreso, mediante decreto y sin adecuar la legislación respectiva, creó la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social.
Esa instancia, adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado, tenía como objetivo dar resultados a corto plazo a las averiguaciones previas originadas durante la revuelta del 2006, cuando la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) exigía la renuncia del entonces gobernador Ulises Ruiz, por diversos hechos violentos en contra del profesorado oaxaqueño.
El responsable de esta Fiscalía, Guadalupe Lucas Figueroa López Robledo, explicó que en total analizarían 412 averiguaciones previas sobre crímenes y les daría seguimiento, también mencionó que esta Fiscalía estaría a cargo de indagar los crímenes registrados contra 26 ciudadanos pertenecientes a la APPO que entonces fueron asesinados, entre los que se encuentra el periodista estadounidense Brad Will.
Otros de los asesinatos a investigar por parte de esta Fiscalía serían el del finlandés Jiry Jaakola y Beatriz Cariño, ambos ultimados a balazos cuando en abril del 2010 intentaron ingresar al municipio autónomo de San Juan Copala en la región triqui; así como el homicidio de los líderes Catarino Torres Pereda, del Comité de Defensa Ciudadana (CODECI) y de Heriberto Pazos Ortiz, del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), ocurridos en noviembre de ese mismo año.
Esto no responde a una acción política o demagógica, pues es convicción de este gobierno democrático llegar a la verdad y que haya justicia, dijo Cué, sentado en medio de su jefe de asesores, otrora ideólogo de la APPO, Víctor Raúl Martínez, y su Comisionada de Derechos Humanos, importada desde el gobierno de la ciudad de México.
En su discurso –que esta vez sí le habían preparado- para su lucimiento y ante los medios aseveró: ”Ya que nada hiere más a un país que el sentimiento colectivo de injusticia, porque afecta lo más valioso con que cuenta una nación: la moral de su pueblo”, asegurando pomposamente. “Los casos que atenderá la Fiscalía son respecto a hechos que han trastocado el tejido social, que han dejado abierta una herida”.
Después… nada pasó; nada se esclareció. Ni el fiscal resolvió caso alguno, ni la Comisión Ciudadana conformada por oaxaqueñas y oaxaqueños de reconocida solvencia moral, experiencia profesional en la promoción y defensa de los derechos humanos, dieron cuenta de las investigaciones.
Ahora, cuatro meses después, esa convicción democrática, se desvanece, a decir por el propio Gabino Cué que renunció a su fiscal, porque hubo resistencia de parte de algunos actores políticos de organizaciones sociales.
Resultan innegables en esta decisión unilateral dos circunstancias que evidencian –otra vez-, la falta de autoridad del gobernador y la debilidad de sus decisiones apresuradas que hoy nuevamente lo descalifican y deterioran la confianza ciudadana: primero, la implícita negociación a espaldas de la ciudadanía con la dirigencia de la Sección XXII, con la que responde al requerimiento de “justicia selectiva”. Situación que queda clara cuando los vemos a ambos –Gabino Cué y Azael Santiago Chepi- juntos entregando beneficios escolares en dos escuelas de la Ciudad.
Segundo la falta de oficio democrático y compromiso con las víctimas de los abusos que
padecieron los excesos de URO y de la policía federal durante el 2006, que alcanzaron
detenciones, desapariciones, torturas y asesinatos, y que por supuesto, la mayoría no se
encontraban en las filas del magisterio.
¿De qué justicia habla señor gobernador? En materia penal y de restitución por violaciones a los derechos humanos, ya vimos que no pasa nada, la impunidad y la inacción de su gobierno continúa. Dice Cué que la fiscalía por decreto sigue funcionando sin fiscal y remite la responsabilidad a la comisión ciudadana. ¡Qué aberración! ¿En qué cabeza cabe?
Otro aspecto de la justicia, que esperamos, es la relativa al ejercicio financiero de la administración pasada, tanto del gobierno estatal como de los municipales. En esta función hay tres instancias competentes y comprometidas por ley a dar cuentas y en su caso fincar responsabilidades.
La Auditoría Superior del Estado, cuya titular que cómodamente renunció hace dos días, Rosa Lizbeth Caña Cadeza, ex procuradora de Justicia en la gestión de URO, y cuestionada durante el conflicto social 2006; protagonista entonces, de un escándalo político cuando acusó a integrantes del movimiento social de ”guerrilleros urbanos”.
Ahora, sólo se le acepta la renuncia, cuando evidentemente su dictamen favorece a su grupo político. Se va a su casa sin implicar responsabilidad alguna al gobierno de Ruiz Ortiz, lo que concluyó actuando evidentemente como juez y parte.
A lo que si implica responsabilidad penal es a presidentes municipales, en 14 ayuntamientos de Oaxaca, que incurrieron en irregularidades en el manejo de recursos públicos por más de 251 millones de pesos en 2010, ahora le toca a la Procuraduría desahogar las diligencias hacia el ejercicio de la acción penal y el debido proceso.
-La Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior en el Congreso estatal, órgano técnico que tiene a su cargo la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de los Poderes del Estado y Municipios; la preside ni más ni menos que otro priista cuestionado, el anterior presidente municipal de la capital oaxaqueña José Antonio Hernández Fraguas, sí, el de Oaxaca Linda.
Resulta obvio el acuerdo inexplicable y fusco entre las fracciones parlamentarias de los partidos aliados al gobernador Cué y el PRI, al dejar esta comisión en manos de quien pondría, sin duda, “la iglesia en manos de Lutero”.
Las componendas inmorales en la nueva-vieja clase política, ponen a salvo a los que han vilipendiado el ejercicio público, en una franca complicidad que separa de facto los discursos inflamados de “espíritu democrático” y sus maliciosas acciones.
El diputado Hernández Fraguas podrá cuestionar el dictamen de Caña Cadeza, que excusa la administración de URO y señalarle responsabilidades, con lo que saldaría cuentas revanchistas; pero nunca aplicará responsabilidad alguna a su propia gestión, manipulando cifras y cuentas a su favor. Oaxaca Linda quedará excusada, sus excesivos gastos no comprobables y obras fantasmas dormirán el sueño de los justos, tal como ha sucedido con la administración interina de su antecesor Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, a quien el mismo Fraguas cubrió y exoneró.
-La Secretaría de Contraloría y Transparencia, a cargo de Perla Woolrich, sigue formando expedientes que van raspando nombres y poniéndolos a modo, listos para cambiar de bando como prisioneros delatores a cambio del perdón y la impunidad. Sin embargo, a decir de la actual contralora, se han detectado desvíos por tres mil 200 millones de pesos, tan sólo del último año de gestión del ex gobernador priista.
Por lo pronto ni un pez gordo en la cárcel, no cabe duda, la justicia del gobierno por la paz y el progreso es acomodaticia, o tal vez sólo lenta y muy pero muy ciega.
Y, junto con la justicia selectiva, la creciente y abrumadora inseguridad, que nos toca cada vez más de cerca, si es que no en carne propia, delincuencia que escala los niveles de permisión tacita e impunidad, frente a la ineficacia procaz y la ausencia de proyecto que encuentra la sinrazón en las mentecatas declaraciones del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Marco Tulio López Escamilla, que traducidas en términos razonables dice que solo el 12 por ciento de los elementos de policía estatal y municipales han aprobado los exámenes de control y confianza, que es lo normal y por lo tanto sólo nos quedaremos con 370 policías, eso sí de elite, universitarios y muy bien armados; los demás, mas de dos mil policías, serán despedidos; a la calle sin empleo, y como lo demuestra la experiencia, seguramente un alto porcentaje irá a engordar las filas de la delincuencia.
Mientras unos hacen exámenes, otros en la universidad, piensan que a falta de ofertas de empleo, pues ni modo, se irán de policías, en tanto los despedidos, unos de guaruras y otros a ofrecer su experiencia al mejor postor; la sociedad aterrorizada esperando que llegue lo que nos prometieron; cuando menos la tranquilidad.