Boicot electoral

Boicot electoral

OAXACA, Oax. 25 de marzo de 2015.-El acuerdo de la Sección 22 del SNTE para impedir la realización de la jornada electoral federal en Guerrero, Oaxaca y otras entidades del sur y sureste del país se inscribe en una estrategia diseñada por las organizaciones sindicales y sociales pertenecientes a la Asamblea Nacional Popular, fundamentalmente para obligar al gobierno de Enrique Peña Nieto a dejar sin efecto la reforma educativa, pero también para insistir en la atención de otras demandas nacionales y locales.

Es la crónica de un boicot electoral anunciado con mucha anticipación y que incluye no solamente el llamado a no acudir a las urnas y el acuerdo para impedir la instalación de casillas en las escuelas públicas, sino otras medidas de presión como los plantones y tomas de las sedes del consejo local y los consejos distritales del INE y, eventualmente, el boicot a la propia jornada electoral.

El plan de acción se inició en Guerrero y ahora sigue Oaxaca. Y el hilo conductor en ambos estados es el gremio magisterial nucleado en la CNTE: en Guerrero la CETEG y en Oaxaca la Sección 22 del SNTE, sin duda los sectores disidentes mejor organizados y con mayor capacidad de movilización.

Aunque hasta ahora la convocatoria para boicotear las actividades previas a la jornada electoral se ha concentrado en el gremio magisterial no hay que perder de vista que tanto en Guerrero como en Oaxaca existen otras organizaciones sociales que al formar parte de la ANP también se irán incorporando al plan de acción. En el caso de Oaxaca solo habría que mencionar al FPR y al FALP para ir calibrando lo complicado y difícil que pudiera resultar una acción concertada y contundente de estas organizaciones si fracasaran las negociaciones que ya sostiene la Secretaría de Gobernación con las dirigencias del magisterio disidente para intentar establecer acuerdos que permitan al INE organizar las elecciones.

Buscar sedes alternas para reubicar las casillas que tradicionalmente se instalaban en las escuelas públicas estaría resolviendo parcialmente el problema pues el proceso electoral tiene otras etapas y actividades relevantes como las sesiones del Consejo local y los consejos distritales que si el activismo magisterial y de otras expresiones de la ANP los interrumpen sistemáticamente pueden alterar el calendario electoral y con ello la certeza jurídica del proceso.

Expresar demasiada confianza en un arreglo entre el gobierno y el magisterio no es una ruta aconsejable para garantizar la celebración de las elecciones, pero tampoco apostarle a la confrontación y descalificación mediática pues no hay que perder de vista que otros sectores sociales y políticos que ahora pugnan por un nuevo Constituyente también se han pronunciado por el boicot electoral, pero éstos por la vía pacífica.

En todo caso, y para ir buscando salidas, habría que demandar del gobierno federal y del gobierno del estado de Oaxaca información amplia y documentada sobre las cartas que la Sección 22 del SNTE ha puesto sobre la mesa de las negociaciones para no radicalizar sus posturas y permitir que los ciudadanos y ciudadanas decidan con libertad si con los candidatos y partidos que este año se disputarán cargos de elección popular a nivel federal todavía vale la pena salir a votar o, como ya ocurrió en el 2012, proceder a anular el voto como una expresión de descontento contra el sistema electoral mexicano.