CIDH, ¿supremo poder conservador? Un poder supranacional en Los Pinos

Indicador Político

MÉXICO, DF, 24 de septiembre de 2015.- Si bien los padres de los 43 normalistas asesinados en un basurero de Cocula por orden del alcalde del PRD en Iguala necesitan agotar todas las vías de la certidumbre jurídica, la reunión en Los Pinos hoy podría estar sentando el mal precedente de subordinar el poder ejecutivo mexicano a una autoridad extranjera controlada por la Casa Blanca.

La presencia de los expertos de la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH), impulsada por su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, debería ser considerada una violación de la soberanía y un riesgo de seguridad nacional. Una cosa es que la CIDH-OEA tenga la facultad de realizar investigaciones sobre violaciones a garantías e imponer condiciones al sistema jurídico, y otra obligar al presidente de México a aceptar sus conclusiones sin objetar contenido.

La decisión de México de asociarse a la OEA y a la CIDH no implica que estos organismos se conviertan en una autoridad por encima de las instituciones mexicanas. En este sentido, el enojo de los padres de familia por el asesinato de sus hijos por órdenes de un alcalde del PRD y por estar en medio del tráfico de heroína no debería conducir a la ruptura del orden constitucional. De ser así, entonces habría que designar a Álvarez Icaza como Procurador de la República y simultáneamente presidente de la Suprema Corte de Justicia de México.

Lo que parecen ignorar los padres de los normalistas es que su intención sería la de convertir a la CIDH en una especie de Supremo Poder Conservador que el conservadurismo del siglo 19 impuso en el periodo centralista 1836-1846 como cuarto poder nacional, por encima de los tres tradicionales. El SPC tenía la función de decretar la validez o invalidez de las decisiones de cualquiera de los tres poderes, rompiendo el equilibrio de poderes porque añadía un cuarto poder político y un segundo poder jurídico.

El riesgo de la soberanía mexicana radicaría en que a partir de hoy los dictámenes de la CIDH van a tener que debatirse cara a cara con el jefe del poder ejecutivo mexicano, introduciendo una corte extranjera y supranacional al funcionamiento del régimen político. Cualquier mexicano podrá desde ahora ir a quejarse a la CIDH y ésta resolverá diferendos directamente con el presidente de México.

Los miembros de la CIDH tienen diferentes nacionalidades y su función es la de evaluar si en algún caso específico se violaron los derechos fundamentales de ciudadanos; a partir de esa evaluación jurídica, dictamina recomendaciones que son obligatorias. Pero se trata de recomendaciones y no de la imposición de investigaciones periciales que corresponden exclusivamente al ministerio público.

Los reportes de las CIDH deben ser por escrito y siguiendo el procedimiento de entregarla a las autoridades y esperar respuestas y resultados. Permitir que la CIDH y un grupo investigador debata con el presidente de México y las autoridades periciales una investigación criminal, sería ceder soberanía a una autoridad extranjera colocada por encima de los poderes reconocidos por la Constitución.

Al final, los padres de los 43 normalistas que se niegan a exigirle responsabilidad criminal al PRD serán los modernos tramontanos en busca de un gobierno extranjero -EE.UU. a través de la OEA y la CIDH- que venga a enseñarle a los mexicanos cómo se debe gobernar.

Sólo para sus ojos:

Preocupación en la clase política de Chihuahua porque la salud del gobernador César Duarte fue muy afectada por la caída de su helicóptero. Creen que no pueda terminar su periodo.

La orden de arresto con fines de extradición contra Joaquín El Chapo Guzmán puede provocar la violencia. El narco se escapó justamente para eludir que lo enviaran a EE.UU. Hay que estar atento a los indicios.

El subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, parece tener equivocada la brújula: habla de los 43 normalistas como desaparecidos cuando son secuestrados; las desapariciones son un delito político.

Los normalistas radicales y los maestros disidentes de Guerrero quieren un muertito para dinamizar el movimiento de los 43; por eso la violencia irracional en Guerrero.

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