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México, D.F. 10 de noviembre de 2010 (Quadratín).- En México imperan los excesos en el gasto público que ejercen organismos autónomos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Federal Electoral (IFE), al igual que autoridades de encargadas de la procuración de justicia, de la administración de la renta petrolera y los municipios, concluyen los primeros seis estudios elaborados por investigadores del CIDE en la serie denominada El Uso y Abuso de los Recursos Públicos.
Estos documentos, elaborados por diversos autores, coinciden también en la acentuada opacidad y falta de uniformidad para medir la eficiencia y efectividad del presupuesto asignado año con año a estas instituciones, lo que confirma que pese a los profundos cambios políticos que México ha experimentado, éstos no han tenido una correlación con la forma en que se concibe y ejerce el gasto público.
Ante este panorama y con el apoyo de la Fundación Hewlett se puso en marcha un programa que desarrollará a lo largo de dos años, y que tiene como fin evidenciar la forma en que instituciones, autoridades y programas hacen uso discrecional e irresponsable del presupuesto público.
Para los académicos Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo Mayer – Serra, resulta clave romper inercias de nuestro legado histórico e impulsar nuevas concepciones de lo que significan la asignación de recursos y el ejercicio de ellos.
Necesitamos pasar de una realidad política, en donde el dinero público se maneja como si perteneciera a quien ejerce el gasto, a una donde se conciba que ese dinero pertenece a los ciudadanos. Es decir, un equilibrio en el que cada peso público gastado tenga una justificación en términos de los bienes que el estado debe generar a favor de la ciudadanía y donde hacerlo de la forma más eficaz y austera posible es indispensable.
El uso y abuso de los recursos públicos presenta en esta primera etapa seis estudios:
Nuestros caros defensores de los derechos humanos: El caso de la CNDH, de Carlos Elizondo Mayer-Serra y Ana Laura Magaloni.
¿Por qué nos cuesta tanto dinero la Suprema Corte? de Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo Mayer-Serra. ¿Cuestan demasiado las elecciones en México? El IFE en perspectiva, de Marco A. Mena Rodríguez
Reflexiones para crear un fondo soberano en México: ¿cómo asegurar la participación de las futuras generaciones del patrimonio petrolero?, de Jorge Chávez Presa.
¿Qué tan bien gastan las procuradurías estatales los recursos públicos?, de Marcelo Bergman Harfin y Fernando Gabriel Cafferata.
El Municipio: ¿la institución de la opacidad?, de Juan E. Pardinas Carpizo y Emilio Granados Franco.
Los estudios que comprenden la serie El uso y abuso de los recursos públicos analizan la evolución del gasto por cada una de las instituciones; la comparación a nivel internacional o entre entidades federativas y la identificación de problemas concretos que ejemplifican el tipo de abusos o excesos en el ejercicio presupuestal, propios de un sistema político que no tenía que rendir cuentas a la ciudadanía.
Entre los hallazgos más significativos se ubica el hecho de que los organismos autónomos que tuvieron la oportunidad de ser un referente de lo que significa cumplir sus atribuciones con estricto apego al ejercicio presupuestal austero y transparente, optaron por copiar prácticas autoritarias y opacas. Claro ejemplo de ello es la CNDH, la SCJN y el IFE, cuyos datos confirman que la autonomía les ha dado un espacio en términos de gasto público para la discrecionalidad, el exceso y la arbitrariedad.
Asimismo, se documenta que la CNDH es el organismo en materia de derechos humanos más caro del mundo; mientras que la SCJN cuenta con una excesiva estructura burocrática que no tiene comparación con ningún otro tribunal constitucional.
En tanto que las procuradurías y los municipios, instituciones por excelencia de proximidad y cercanía con el ciudadano, son opacas, ineficientes e ineficaces. Ambas son instituciones que se encuentran en el centro del debate y que en tiempos recientes han visto incrementados considerablemente sus presupuestos, sin que ello haya generado los bienes públicos que la sociedad reclama.
Los seis estudios reportan como constante una plantilla laboral excesiva, creciente y mucho mayor al de los organismos e instituciones internacionales con que fueron comparados. Dicha situación no sólo es extraordinariamente costosa, sino profundamente improductiva para el país.
Los investigadores concluyen que la falta de cuidado y rigor para gastar los recursos públicos y rendir cuenta de ellos se debe a la renta petrolera, ya que ésta lejos de invertirse en un fondo para las generaciones futuras como sería ética y económicamente deseable, se destina a todo tipo de gasto corriente.