Café para todos

MÉXICO, DF, 19 de noviembre de 2014.-El proyecto del actual gobierno -en el proceso hacia la globalización y la modernidad-, parecía marchar muy bien. Todo indicaba que las reformas que el presidente Enrique Peña Nieto impulsó en materias fiscal, educativa, de telecomunicaciones y energética, habían colocado el piso suficiente para despegar hacia una mayor inversión y un aumento al crecimiento sin precedentes en los próximos 4 años.

Sin embargo, el asesinato de 43 estudiantes en Iguala el pasado 26 de septiembre tomó desprevenidos a todos, y de pronto las cosas se tornaron primero grises y luego negras, principalmente para el gobierno de Peña Nieto.

Para quienes nos dedicamos profesionalmente al quehacer periodístico, resulta curioso que los hechos actuales tienen mucha similitud con lo que le ocurrió a su antecesor Carlos Salinas de Gortari en vísperas de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN).

El 1 de enero de 1994 -cuando se suponía que el gobierno debería de estar brindando en Los Pinos por el ingreso inminente del país al primer mundo-, la insurrección zapatista estropeó la fiesta al gobierno federal. En ambos casos no hubo previsión suficiente de parte del aparato de inteligencia sobre lo que podría ocurrir de repente cuando se suponía que todo debía de marchar de las mil maravillas.

En los últimos días, la prensa extranjera ha realizado varios análisis de cómo las cosas se derrumbaron justo en la coyuntura del llamado “Memo” (Mexican Moment). Los mismos diarios que exaltaron a Peña Nieto por haber conseguido que fueran aprobadas en el Congreso las reformas estructurales, que se antojaban imposibles, hoy comienzan a hablar de que México es un país con bases muy endebles, y lamentablemente existe una percepción de que el gobierno está sumido en el más completo desconcierto sin saber qué hacer.

Comienzan a surgir las voces -sobre todo entre grupos ciudadanos-, que claman por reprimir a los violentos encapuchados que incendiaron la presidencia municipal de Iguala, el edificio del Congreso guerrerense en Chilpancingo y las sedes de varios partidos en la misma ciudad, Morelia y Oaxaca.

Los bloqueos de carreteras, la toma de casetas y la ocupación de alcaldías son cosa de todos los días, y para colmo, el pasado fin de semana se quiso involucrar a la UNAM en un conflicto que pretendía escalar.

El ambiente de tensión prevalecía todavía este martes en Ciudad Universitaria, que amaneció con barricadas en algunas zonas. El pasado domingo encapuchados trataron de ocupar la Torre de Rectoría. Afortunadamente, la mayoría de estudiantes desaprobó esa acción y disuadió a los porros o “anarquistas” para que se abstuvieran de ocupar el inmueble.

De todos modos, la Preparatoria 5 paró actividades y fue hasta tarde que fueron removidas las barricadas donde habían sido incendiadas varias llantas y se había prendido fuego a montones de basura. El domingo hubo una marcha por la “violación de la autonomía universitaria”, en demanda de la renuncia del rector, debido a que elementos antimotines entraron unos metros a la Ciudad Universitaria para apagar el fuego del auto que pertenecía a los agentes de la Procuraduría.

El gobierno capitalino ofreció disculpas por este episodio y el rector Narro se pronunció contra la presencia de la fuerza pública en el campus y dijo que la autonomía es uno de los valores que se deben cuidar y fortalecer, “por eso nos duele, por eso nos preocupa, por eso nos molesta que se lesione”, manifestó.

Alguien -sin duda alguna la mano que mece la cuna-, está beneficiándose desde la oscuridad y seguramente, es la versión recargada “reloaded” -dirían los amantes de las secuelas cinematográficas-,  de aquella que tuvo injerencia en la “espontánea” rebelión zapatista.

Las más descabelladas versiones en torno al caso Ayotzinapa

Hoy el país se encuentra en plena efervescencia por la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, y las más descabelladas versiones comienzan a surcar los espacios informativos formales e informales.

Por ejemplo, mucha gente no cree en la versión de que el alcalde José Luis Abarca ordenó detenerlos a toda costa, porque supuestamente boicotearían una ceremonia donde su esposa María de los Ángeles Pineda planeaba lanzar su candidatura para relevarlo en el mando municipal.

Tampoco cree en la versión de que los normalistas fueron entregados al cártel de los Guerreros Unidos, quienes supuestamente los calcinaron en el basurero de Cocula y luego los arrojaron en bolsas de basura a un barranco junto a un río.

Otra suposición señala que en uno de los autobuses secuestrados por los normalistas había un cargamento de goma de opio y que los criminales pretendían recuperarlo. Es decir, ante la falta de análisis y declaraciones contundentes, la endémica desconfianza hacia el gobierno se ha convertido en una crisis de credibilidad.

El presidente y su gabinete están sometidos a la más dura prueba que cualquiera de sus antecesores haya enfrentado en varios lustros. El que la peor crisis de su gestión disminuya, permitirá que la situación se estabilice o empeore.

¿Qué opciones le quedan a Peña Nieto? Muchos analistas piensan que al par de endurecer su discurso -y arremeter contra quienes han encabezado las movilizaciones violentas de los últimos días-, debería tomar acciones de mayor peso y envergadura.

Hoy, por ejemplo, indicó que pareciera que estas protestas aparejadas al dolor de los familiares, buscan atentar contra el proyecto de nación que el gobierno ha impulsado.

El gobierno de la República es el primero en haber sido solidario con el dolor que ha provocado la desaparición de jóvenes estudiantes en Ayotzinapa, pero al amparo de este dolor y del sufrimiento de los padres de familia y de esta consternación social, hemos advertido movimientos de violencia que pretenden capitalizar la situación, dijo.

Desgraciadamente, los asuntos polémicos se han ido acumulando en los últimos días, alimentando la sed morbosa de los sofistas a sueldo y la de quienes se ostentan como “santones (as)” del periodismo, quienes difícilmente ocultan ya sus frustraciones personales, miserias emocionales y su papel de militantes “progres”.

Ciertamente, el tema de los normalistas de Ayotzinapa, el de la casa particular de la pareja presidencial y la cancelación de una licitación por 4 mil 800 millones de dólares a un consorcio encabezado por una empresa china y un grupo de empresarios cercanos, gravitan en la opinión pública nacional.

Sin duda, son temas que hay que abordar y resolver con toda prontitud y pulcritud.

En el fondo, quizá no sea mala idea endurecer el discurso, pero este debe ir acompañado también del empleo inteligente de la fuerza del Estado, ese conjunto de los órganos de gobierno, que a veces se olvida que somos más de 100 millones de mexicanos, una mayoría, a la que está obligado a procurar y garantizar, en primer término, seguridad y bienestar por encima de todo.

Ojalá Peña Nieto opte por la estrategia adecuada: un golpe inteligente de timón, para enderezar el rumbo de la nave.

Granos de café

La UNAM suele ser el termómetro del nivel que alcanzan las crisis políticas y sociales en el país y el incidente del pasado sábado -un confuso y estúpido operativo policiaco-, revivió el fantasma de 1968.

Ciudad Universitaria, Patrimonio Cultural de la Humanidad, no había vivido momentos difíciles desde aquella huelga del 20 de abril de 1999 y el 5 de febrero de 2000, tras el intento de las autoridades de aumentar las tarifas escolares.

Pero la presencia de tres agentes de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, un representante de la oficina jurídica de la casa de estudios y algunos desafortunados disparos como respuesta ante la agresión multitudinaria de los vándalos que se alojan en el auditorio “Che Guevara” de la Facultad de Filosofía, fueron la chispa que encendió una nueva jornada de furia, dándoles un magnífico pretexto a quienes consideran que la UNAM es sinónimo de extraterritorialidad o impunidad, y con ese argumento han pretendido convertirla en santuario de delincuentes y renegados.

Para aquellos que esgrimen con desparpajo la frase “autonomía universitaria”, y han prostituido su significado, he aquí un compendio del texto sustancial “La autonomía universitaria y el Estado” de Sergio Valls Hernández -prestigiado jurisconsulto chiapaneco y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)-, publicado el año pasado en la OEM, que permite comprender el alcance del término.

“Es conveniente mencionar que el artículo 3, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; que realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios contenidos en dicho artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación, de libre examen y discusión de las ideas; que determinarán sus planes y programas, fijando los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y que administrarán su patrimonio”, dice.

“De esta forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que la autonomía universitaria se refiere a la atribución de autogobierno a través de la cual se les confiere independencia académica y patrimonial a las universidades públicas para fijar los términos y condiciones en que se desarrollarán los servicios educativos, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio, siempre sujetándose a lo establecido por la Constitución Federal y en la leyes respectivas”, puntualiza. Y agrega:

“Así, el hecho de que la corporación pública de referencia sea un organismo descentralizado del Estado conforme al Estatuto y la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, esto es, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, así como de autonomía técnica y orgánica para impartir educación superior, no quiere decir que dicha institución no forme parte del Estado ni que altere el orden de la Administración Pública Federal, ya que su función, cimentada en la libertad de enseñanza, debe ser congruente con lo establecido en la Ley Fundamental y las leyes respectivas, es decir, seguir los principios y reglas predeterminadas por el propio Estado.

“Por tanto, no podría argumentarse que una intervención de las autoridades correspondientes en la ocupación ilegítima de la Rectoría de la UNAM vulnerara su autonomía, pues, como ya se dijo, ésta se encuentra encaminada a dotar a dicha institución de independencia académica y patrimonial para desarrollar los servicios educativos y sus relaciones con su personal, lo cual no significa que las autoridades facultadas por el Estado no puedan tomar las medidas pertinentes ante la comisión de hechos delictivos denunciados por el Rector y el abogado general de la UNAM, siendo el primero el jefe nato de la Universidad y representante legal, y el segundo, también como representante legal en asuntos judiciales, los cuales deberán velar por la defensa de los intereses de la institución”, indica el texto Ministro Sergio Valls Hernández…

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