Cambios legales no constitucionales, para modernizar Pemex

MÉXICO, DF. 8 de octubre de 2013 (Quadratín).- Tiene que haber modernización pero sin ceder la tutela del sector energético, es decir con cambios legales pero no constitucionales, que garanticen que el petróleo sea del Estado mexicano, propuso el senador del PRD Benjamín Robles, quien fungió como moderador de la mesa Análisis constitucional sobre la reforma energética, en el Foro: Debate Público de la Reforma Energética que organizó el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado.

“Para renovar nuestra soberanía energética no es necesario privatizar la industria petrolera. Lo anterior porque no compartimos la pretensión de reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para salvar la ‘solventación’ presupuestal o la modernización de Petróleos Mexicanos  a través de la autorización de contratos de servicio y riesgo que implique su privatización. Ese es el cometido que el PRD se ha fijado al instalar estas mesas de discusión de manera alterna a las convocadas por el Senado de la República”, puntualizó.

En la apertura de la mesa de discusión, explicó que, entendiendo la complejidad e importancia del asunto y ante la andanada de publicidad desplegada por el Gobierno de la República,  el PRD se propuso invitar a voces autorizadas y reconocidas en el ámbito jurídico y político del país para que a través de su ponencia obsequien luz y argumentos que hagan frente a los retos que hoy impone el contexto político y social.

El petróleo no es un recurso natural más o de cualquier monta, además de su carácter estratégico y no renovable, el petróleo, en México mantiene una liga directa con la consolidación de la idea colectiva de nación, asentó.

Y es que, expuso que el Gobierno de la República dice que con la inyección de nuevos capitales, proveniente especialmente de sectores privados, se lograría la anhelada modernización que Pemex necesita, pues argumenta que la burocracia y el elevado costo que implica la manutención del sindicato no permiten su evolución.

“Nosotros decimos ¡no!, y con ello no quiero sonar a obstruccionista, nuestro disentimiento radica en que podemos lograr una empresa altamente competitiva en hidrocarburos (como la tuvimos) que dependa de Estado”, insistió.

Reforma de Peña, reforma rentista

Durante el foro El Debate Público de la Reforma Energética, Ignacio Marván Laborde, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), estimó que la iniciativa para modificar la Constitución y abrir a Pemex a la inversión privada es una contrarreforma, porque limita el crecimiento del Estado.

“Es una reforma rentista, parecen capitalistas del siglo XVIII, quieren venderse como muy modernos, es una reforma rentista que busca maximizar ingresos y comprometer recursos y comprometer el propio desarrollo del país”, aseguró.

Señaló que en la medida en que se debilita la capacidad del Estado para impulsar el desarrollo, “es una reforma absolutamente impolítica, por no decir que alguien que cede el poder de esta manera, es una estupidez política, ¿ese poder a cambio de qué lo vas a ceder?”.

Marván Laborde aseguró que la propuesta del Ejecutivo es una contrarreforma que va en contra de la visión con la que fue creado el Estado mexicano, pues deja sin efecto a los artículos 27 y 28 constitucionales, mismos que establecen la propiedad de los recursos naturales de la nación, y subordinan a la inversión extranjera a lo que mandata la Constitución.

Dijo que la consulta popular vinculatoria, propuesta por el PRD, es necesaria, porque corresponde a la nación decidir si quiere dar ese giro fundamental que le están proponiendo, cambiar la Constitución y ceder los derechos del petróleo a las empresas extranjeras o no.

Por su parte, Alejandro Morales, especialista en derecho constitucional, señaló que la explotación del petróleo por parte del Estado, debe ser protegido inexcusable por el poder Legislativo, por ser una riqueza básica, y porque así está establecido en la Constitución.

Detalló que los artículos 25 y 28 constitucionales obligan al Estado a mantener siempre la tutela de los organismos que se encargan de las áreas estratégicas del país, como son el petróleo y la generación de electricidad.