Carlos Ramírez/ Indicador Político

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México, D.F., 24 de febrero de 2012 (Quadratín).-En esas ironías jurídicas del viejo régimen priista, el ex gobernador chiapaneco Pablo Salazar Mendiguchía reclama, exige, suplica y manipula para sí derechos humanos que él aplastó cuando gobernó el estado por la vía de la represión.
Durante su gestión estatal 2000-2006 como candidato (ex) priista y una alianza de toda la oposición anti priísta, Salazar reprimió la disidencia, encarceló periodistas, persiguió penalmente a políticos del gobierno anterior, castigó a indígenas y utilizó la ley como un instrumento de control político caciquil.
Su brazo operador fue el ex fiscal federal Mariano Herrán Salvatti, hoy también encarcelado por delitos probados. Salazar tiene ya varias órdenes de aprehensión ejercidas, entre ellas por su responsabilidad en la muerte de niños en un hospital de Comitán. Sin embargo, montado en una estridencia mediática, Salazar no ha probado su inocencia pero ha intentado politizar su encarcelamiento.
Lo malo para el político chiapaneco es que dejó una estela de represión criminal y de corrupción a su paso por el gobierno estatal. Varios hechos de represión contra la prensa estatal obligaron a la intervención del gobierno de Vicente Fox, pero Salazar se protegió detrás del principio de la autonomía estatal.
Uno de los ejemplos de la manipulación del poder de Salazar sigue abierto: después de que el periódico estatal Cuarto Poder reveló con pruebas que no estaba titulado y usurpaba ilegalmente la profesión de abogado cometiendo delitos penados, Salazar persiguió al dueño del diario Conrado de la Cruz Morales; para salvar su vida, Conrado tuvo que exiliarse. Sin embargo, el gobernador Salazar encarceló al hijo de Conrado y ordenó que lo vejaran duramente en la cárcel, al viejo estilo de las venganzas mafiosas de los priistas de antes; por decisión de Salazar, Conrado hijo permaneció encarcelado. El dueño del periódico murió en Miami sin poder regresar a su estado porque Salazar lo tenía amenazado de muerte.
Si el encarcelamiento por razones políticas fue grave, la familia De la Cruz tuvo que padecer las vejaciones del hijo en prisión. Conrado hijo murió al salir de la cárcel pero por el daño causado dentro de la cárcel por instrucciones directas del gobernador Salazar. Al final, como ocurrió con el caso de otro periodista perseguido, el director de Orbe de Tapachula, la intención final de Salazar era la que apropiarse de los medios de comunicación para construir un poder periodístico local.
El contraste no deja de ser parte de las ironías de la democracia: como titular de un poder caciquil, Salazar ordenó la vejación de un reo por causas periodísticas y políticas; pero hoy encarcelado por acusaciones probadas de fraude y tráfico de poder, Salazar goza de servicios de comunicación como el twitter y su cuñado tenía un centro de espionaje contra sus enemigos políticos.
El periódico Cuarto Poder había denunciado que Salazar no sólo no era abogado como se ostentaba y como tal había ascendido a senador por el PRI y firmado documentos oficiales cometiendo el delito de usurpación profesional, sino que había falsificado su título y ostentaba la cédula profesional 0745078 que le pertenecía a una licenciada en sicología. La revelación enfureció al entonces gobernador y éste utilizó todo el poder político para perseguir al dueño y a su hijo.
La represión de la prensa chiapaneca en los tiempos del gobierno de Salazar provocó quejas pero nunca una rectificación. Escudado en el apoyo y el aval político del PRD, el PAN, el PT, Convergencia, el Partido de la Sociedad Nacionalista, Alianza Social y el Partido del Centro Democrático, Salazar hizo un gobierno autoritario y personalista ajeno a los compromisos de la alianza opositora. Su brazo autoritario fue Herrán Salvatti, ex procurador general de la república, quien cometió delitos de abuso de poder –dinero, aviones y riqueza a su disposición– y tejió una red de poder que tuvo algunos indicios vinculados al crimen organizado que hasta ahora las autoridades no han querido profundizar.
Como político priísta, Salazar manipuló el gobierno para poner sucesor pero Juan Sabines Guerrero construyó su candidatura a través del entonces Frente Amplio PRD-PT-Convergencia, en tanto que Salazar regresó a pactos secretos con el PRI para impulsar al priista José Antonio Aguilar Bodegas, hoy bajo investigación por presuntas relaciones peligrosas con Salazar. La intención de poner sucesor al viejo estilo priísta rompió la alianza de toda la oposición y el voto se dividió entre el FA, el PRI-Verde y el PAN.
La ironía jurídica del sistema penal le ha permitido a Salazar invocar violación de derechos humanos en la cárcel, cuando él los aplastó en el encarcelamiento de adversarios políticos y la persecución contra periodistas. Y ahora el gobierno de Sabines Guerrero ha tenido que hacer esfuerzos adicionales para lograr el encarcelamiento de Salazar con suficientes pruebas de sus corruptelas, represiones e irregularidades. Asimismo, el gobernador Sabines Guerrero ha liberado a decenas de indígenas presos por razones políticas.
Las redes de poder de Salazar son inusitadas. El PRD y el PAN que lo llevaron al gobierno estatal se han desentendido de las acusaciones; y el EZLN del subcomandante Marcos ha fortalecido una extraña alianza con Salazar que buscaba colocar ahora a Aguilar Bodegas como candidato del PRI-Partido Verde al gobierno estatal, sólo que denuncias legales del gobierno lo sacaron de la jugada y el candidato PRI-Verde sería el senador Manuel Velasco, nieto del reconocido médico Manuel Velasco Suárez. La jugada de Salazar era poner gobernador estatal priísta y salir de la cárcel.
A pesar de todo, a Salazar lo alcanzó la justicia por irregularidades en su gestión, aunque quedan pendientes todos los casos de represión brutal a la prensa y la persecución de la libertad de opinión.
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