Carlos Ramírez / Indicador Político

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Oaxaca, Oax., 21 de octubre de 2011 (Quadratín).- El desplegado de no más de una docena de líneas proponiendo el gobierno de coalición causó más dudas que certezas porque fue un deseo pero sin explicar beneficios y problemas. Al final, el desplegado fue un acto de oportunismo.
Sin embargo, el modelo de gobiernos de coalición tiene un sustento en la teoría de las formas de gobierno. De ahí la importancia del texto de María Amparo Casar, politóloga que ha estudiado los gobiernos divididos y sin mayoría, el presidencialismo y el sistema político, sobre lo que son y lo que no son los gobiernos de coalición.
En un artículo aparecido en Reforma el martes de esta semana, Casar reconoce el ambiente adverso de la iniciativa en un escenario de desacuerdos políticos permanentes pero al mismo tiempo convoca a su debate a partir del criterio simple de “por qué no”. Por su importancia, Indicador Político reproduce el artículo de Casar:
Muchas y variadas han sido las reacciones ante la propuesta de dar respaldo jurídico a la figura de un gobierno de coalición. Ofrezco mi punto de vista –uno entre los 46– sobre su sentido y contenido.
La propuesta consiste en que si el voto no le otorga mayoría en el Congreso al partido del Presidente, éste pueda acogerse a la figura de gobierno de coalición bajo dos premisas: el pacto entre dos o más partidos de una agenda legislativa común que respalde el programa de gobierno y el acuerdo sobre el equipo encargado de implementarlo. En este caso, ambos –agenda y equipo– deberán ser sometidos a aprobación del Congreso. El esquema propuesto tiene algunas ventajas.
Primero, es opcional. Si un Presidente sin mayoría en el Congreso no deseara acogerse a la figura del gobierno de coalición, sería libre de apostar a gobernar en condición minoritaria e intentar hacer, como hasta ahora, alianzas legislativas caso por caso.
Segundo, respeta el sistema de representación proporcional vigente que cuenta con el consenso de la mayor parte de las fuerzas políticas y que guarda una proporcionalidad aceptable y aceptada entre número de votos y número de asientos en el Congreso. En este sentido cuida la pluralidad que es un elemento importante de la gobernabilidad.
Tercero, ofrece una alternativa a la formación de mayorías partiendo del reconocimiento de que los votantes tienen preferencias distintas, que es necesario conciliarlas y que los partidos coaligados tienen más que ganar si hacen una coalición que si cada uno jala por su lado. Esto es, reconoce que si ningún partido logra la mayoría es porque no hay un sentido mayoritario del voto y que la única manera de llevar a buen puerto un programa de gobierno es negociándolo. Desde luego que dicho programa sería uno de compromiso y, como en todo compromiso, las partes se verían obligadas a sacrificar porciones de sus proyectos. Así es la política.
En la propuesta no hay toma de posición política en favor o en contra de algún candidato o partido. No se pronuncia sobre las alianzas electorales: válidas pero inútiles a la hora de gobernar. Nada tiene que ver con cómo se accede al poder. Es un planteamiento sobre la conformación y ejercicio de gobierno una vez que los votantes emitieron su voto y decidieron la Presidencia y la integración del Congreso.
Hay, sí, una toma de posición frente a aquellos que ante la ausencia de una mayoría parlamentaria para el partido del Presidente buscan crearla a partir de reglas electorales que no incorporan como valor central el que la proporción de legisladores de cada partido sea igual o lo más parecida posible a la proporción de la votación nacional que recibió. Una toma de posición frente a la desaparición o reducción de la representación proporcional, la eliminación del tope de sobre-representación o la adopción de la cláusula de gobernabilidad que premiaría al partido que obtuviese el 35% o 40% de los votos con el 51% de los diputados.
Los promotores de estas alternativas aducen dos ventajas. El Presidente tendría el respaldo parlamentario para llevar a buen puerto su programa y dejaría en claro al ciudadano quién es el responsable del buen o mal desempeño del gobierno.
Ambos argumentos tienen problemas. La creación de una mayoría en la Cámara de Diputados dejaría abierta la posibilidad de que el Senado quedara dividido –como lo está hoy– impidiendo que el Presidente pasara sus reformas. Por otra parte, la Constitución imposibilita que un partido por sí mismo tenga los 2/3 de la representación y por tanto la posibilidad de reformar por sí solo la Constitución. La persistencia de estas dos características –entre otras– anula las ventajas de la solución ”mayoritarista”: la eficacia en la implementación del programa del Presidente y la asignación de responsabilidades. Para que ello ocurriera un partido debería controlar todas las instancias decisorias.
A ello habría que añadir que las fórmulas propuestas son para crear mayoría para algún partido, no específicamente para el partido del Presidente. Bien podría ocurrir –como de hecho ocurre en el sistema mixto que hoy prevalece o como ocurre desde hace 50 años en Estados Unidos– que las elecciones bajo la fórmula mayoritaria dieran el triunfo a un partido distinto al del Presidente. En este caso, también desaparecerían las ventajas aducidas.
Tienen razón los críticos de la propuesta de los gobiernos de coalición sobre que las posibilidades de que transite son pocas, pero eso no la descalifica. Tienen razón también al decir que nada impide hacer gobiernos de coalición y que si no se hacen es porque falta voluntad política. Pero, ¿por qué no acicatear la voluntad con una reforma que puede incentivarla?
(Diario Político 2012 de Carlos Ramírez en www.grupotransicion.com.mx)
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