Carlos Ramírez / Indicador Político

Oaxaca, Oax., 12 de agosto del 2011(Quadratín).-
-Grave intermediación farmacéutica
-Distribuidores sacan a laboratorios
Si el seguro popular desprivatizó alrededor del 30 por ciento del mercado de medicinas al pasar a los agremiados a cobertura pública, la industria farmacéutica derivó en una reorganización que prohijó la estructura de dominio del mercado por los distribuidores, colocados justo en medio de laboratorios productores y usuarios institucionales o privados.
De acuerdo con una indagación de un grupo de especialistas, ocho empresas distribuidoras controlan alrededor del 90 por ciento del mercado de las medicinas, constituyen no nada más un oligopolio sino un cártel en términos económicos –la unión de unos pocos para controlar el mercado y desplazar a otros competidores–, cuyo dominio del 70 por ciento o más del mercado permite utilidades anuales de 120 mil millones al año.
El cártel de distribuidores de medicinas está formado por empresas fuertes: Casa Saba, Maypo de los hermanos Jesús y Carlos Arenas, Nadro de la familia Escandón, El Fénix de la familia González Torres, Fármacos ERspecializados y Selecciones Médicas de la familia Pérez Fayad, Ralca de los hermanos Alberto y Sergio Ramírez, Disur de los hermanos Víctor, Jesús y Armando Sánchez Anaya y Lomedic de Carlos Lomelí Baños.
El seguro popular le quitó alrededor de 40 millones de personas a las empresas privadas de salud pública, por lo que el negocio se trasladó a la intermediación. En las licitaciones de medicinas por parte de instituciones medias o no centrales de salud participan los intermediarios y con ello aumentan los precios. El problema se ha trasladado a algunas instancias intermedias prestadores de servicios de salud porque quedan atrapados en la red del control del mercado de abasto y de precios de los intermediarios. Inclusive, algunos intermediarios han contratado a políticos para algunas gestiones institucionales.
Los laboratorios productores de medicinas carecen de sistemas de logística para la promoción, mercadeo y reparto y carecen de experiencia para sumirse en el sistema de adquisiciones de las oficinas públicas. Pero al utilizar a los distribuidores permiten el encarecimiento de los productos porque los costos se transforman en sobreprecio.
Si antes la mayoría de los mexicanos utilizaba la medicina privada por las limitaciones en la cobertura de la seguridad social pública, el seguro popular facilitó el acceso a medicinas vía instituciones oficiales. Por ello el negocio se traslado a la comercialización de medicinas en el sector público. Lo malo es que muchas dependencias medias han sido vencidas por el poder del cártel de los distribuidores y las licitaciones no permiten un libre juego de las centenas de empresas farmacéuticas y el dominio de los concursos ha estado en poder de los distribuidores.
El problema se extiende a un tráfico internacional de medicinas porque han descubierto lotes de medinas para utilización en México pero en puntos de venta en Centro y Sudamérica. Muchas de las fugas se han detectado en los sistemas estatales de salud, donde los controles suelen ser menos drásticos o hasta inexistentes. En los estados existe el esquema de compra conocido como “servicio integral” o “consolidación de proveedor”, en donde bajo el pretexto de tratar con un solo proveedor se licitan entre distribuidores todas las claves de medicamentes y material de curación, así como el manejo y la administración de farmacias de los hospitales de control estatal. Así, un solo distribuido puede tener la licitación de todo el paquete de medicinas, desde una aspirina hasta la más especializada. Este modelo ha encarecido los precios finales entre 25 por ciento y 35 por ciento, de acuerdo con investigaciones de pequeños productores.
Las autoridades federales ya han detectado este manejo parcial del mercado y han comenzado a integrar investigaciones especiales.
Una denuncia va a ser presentada en el corto plazo: la licitación LA- 018T41026T8-2011 de Petróleos Mexicanos estaría precisamente en este esquema de intermediación artificial. La licitación la ganó la empresa Maypo pero en un proceso en el que se abrieron al mismo tiempo las ofertas económicas que las técnicas, lo que es una práctica inusual en las licitaciones porque primero tienen que revisarse las características técnicas. Con el mismo mecanismo Maypo también se llevó contratos por más de 650 millones de pesos en una licitación del ISSSTE el año pasado.
En la licitación de Pemex hubo participación de varias empresas no grandes para un contrato sobre sistemas logísticos, de almacenamiento y de distribución. El contrato lo ganó la empresa Maypo pero a partir de su mecanismo de dominio del mercado por oligopolio y por ofrecer precios competitivos a la baja, en una aplicación interna de dumping, también conocido como mecanismo de precios predatorios porque ofrece precios bajos pero no por negocio sino para sacar del mercado a otras empresas sin capacidad para una competencia agresiva.
Lo malo es que en el caso de la licitación en Pemex radica en el hecho de que Maypo podría convertirse en juez y parte porque sus precios en el manejo del almacenamiento y la distribución va a favorecer a las empresas distribuidoras del cártel de la intermediación de la industria farmacéutica. El mecanismo de licitación se basó solamente en el precio y no es la percepción más integral y de diversificación de las labores de salud dentro de la paraestatal; al final, las licitaciones no tienden a resolver las especulaciones que derivan en desabasto sólo para aumentar precios de suministro vía intermediarios.
En el fondo, el daño social provocado por el cártel de distribuidores de la industria farmacéutica afecta las finanzas de las instituciones compradoras de materiales en forma masiva y también al derechohabiente por el desabasto como especulación de mercado. La salud sigue siendo un negocio muy jugoso.
(Diario Político 2012 de Carlos Ramírez en www.grupotransicion.com.mx)
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