Carlos Ramírez/ Indicador Político

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México, D.F. 04 de octubre de 2012 (Quadratín).- Por ser fin de sexenio, fin del primer ciclo panista bisexenal en la presidencia y fin de una estrategia de seguridad ante el crimen organizado, el perfil del próximo secretario de la Defensa Nacional se ha convertido en un punto sensible.
En las pasadas celebraciones militares de la independencia nacional en septiembre pareció quedar clara una cosa: ante los vaivenes políticos, las agendas del cortísimo plazo y la disputa política de posiciones, el ejército se aparece como el hilo conductor de la identidad nacional, de la soberanía de la república y de la existencia misma del Estado nacional.
El día en que se analice con frialdad estratégica la decisión de lanzar a las fuerzas armadas contra los cárteles del narcotráfico y otras organizaciones transnacionales del crimen organizado, entonces se va a entender la dimensión del peligro en que se encontraba la república. La soberanía del Estado había sido violada por el dominio territorial de narcos, por la incapacidad policiaca para combatir delincuentes, por los miedos de las clases políticas locales a ejercer el poder, por las alianzas útiles de organismos sociales exigiendo el regreso de las fuerzas armadas a sus cuarteles para que el país quedara a merced de los delincuentes y por las mezquindades de los grupos legislativos al regatear reformas para darle certidumbre jurídica a las acciones contra los criminales.
Las demostraciones militares en el Heroico Colegio Militar y sobre todo el mensaje que dejó la organización del desfile militar del 16 de septiembre exhibió el papel estabilizador del ejército en la fase de desorganización social y de lucha política sin reglas, ambas en pos del poder. El ejército exhibió su preocupación social, la identidad nacional, su papel en la historia y su músculo de fuerza. Ahí se mostraron las razones reales de la intervención de los militares en la lucha contra el crimen organizado como una defensa de la seguridad interior y ésta como parte fundamental de la seguridad nacional vulnerada por el carácter transnacional de los cárteles.
Más que el color del partido en la próxima presidencia de la república o los jaloneos entre grupos políticos que quieren apadrinar militares o las presiones para atar al ejército y con ello disminuir el escudo de seguridad nacional del Estado o las presiones extranjeras para romper la unidad histórica entre el ejército y la república, la designación del próximo secretario de la Defensa Nacional tendría un escenario doble:
1.- Lo que le siguen debiendo al ejército. Ante el diagnóstico del narcotráfico como cáncer, el gobierno de Calderón tomó la decisión de usar al ejército para recuperar la soberanía del Estado sobre espacios expropiados por los grupos criminales. Pero el poder civil y el poder político le quedaron debiendo al ejército varias cosas:
–Una ley de seguridad nacional para reforzar el papel militar en circunstancias cuando la seguridad pública se convierte en seguridad interior caracterizada por la Constitución y ambas como parte de la seguridad nacional. El ejército no pidió intervenir sino que gobiernos estatales y municipales lo clamaron.
–Una doctrina de defensa nacional dentro de un plan de defensa nacional que reafirme el papel del ejército en la vida interna del país como parte de sus tareas de seguridad nacional y entre éstas incluido el criterio de que una seguridad nacional estable se garantiza con desarrollo, bienestar y contención de grupos criminales que hayan rebasado a las policías.
–Y una reafirmación del principio de fuero militar como parte esencial de la disciplina militar, no escondiendo violaciones de derechos humanos sino reiterando que sin fuero militar el ejército perdería su cohesión interna.
2.- El perfil del próximo general secretario. Hasta ahora, los mecanismos de designación han sido institucionales porque los mandos del ejército obedecen a un escalafón diferente al de los políticos, como se vio en la designación en el 2000 con el primer gobierno de alternancia. Eso sí, hay criterios que uniforman el perfil que debería tener el próximo General Secretario:
–Experiencia y conocimiento en el ramo de la inteligencia.
–Conocedor de uno de los grupos fundamentales en las fuerzas armadas: las fuerzas especiales, orgullo de los militares.
–Experiencia en el ramo administrativo dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional y dentro del ejército como institución armada.
–Buena relación con los Estados Unidos, así como firmeza para garantizar los intereses estratégicos, geopolíticos y de seguridad nacional de México.
–Relaciones de confiabilidad en los niveles de gobierno y de la clase política gobernante, así como con los gobernadores que son los principales demandantes de la presencia militar en estados donde las policías y las autoridades han sido rebasadas por el crimen organizado.
Como contexto, el gobierno de Peña Nieto debe de clarificar el papel del general Oscar Naranjo, ex director de la Policía Nacional de Colombia, no tanto por su experiencia sino por su proclividad a buscar los espacios mediáticos con declaraciones que afectan a los organismos mexicanos aún involucrados operativamente en la lucha contra los cárteles. La última entrevista de Naranjo con El País distorsionó algunas ideas adelantadas por el presidente electo Peña Nieto y sembró confusión.
Por lo pronto, la designación del próximo General Secretario será delicada porque tendrá como contrapunto el saldo positivo del actual General Secretario Guillermo Galván Galván.
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Foto:Ambientación