Carlos Ramírez/ Indicador Político

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México, D.F. 17 de septiembre 2012 (Quadratín).- En la ceremonia que dio por concluido el sexenio en materia militar, el presidente Calderón y el general secretario Guillermo Galván Galván aprovecharon el espacio político para ofrecer el contexto social y de seguridad nacional que condujo a la decisión de enviar a las fuerzas armadas a combatir al crimen organizado que se había apropiado de espacios de soberanía territorial del Estado.
La disposición de usar a las fuerzas armadas no fue estimulada por razón alguna que tuviera que ver con la legitimación política por el conflicto poselectoral del 2006. Calderón afirmó en viernes pasado, en la ceremonia de clausura del ciclo escolar 2011-2012 de planteles militares y de apertura del ciclo 2012-2013, que envió a militares y marinos “a combatir el cáncer de la criminalidad que, por muchos años, se extendió casi impunemente hasta enquistarse en nuestras comunidades”, “un cáncer, una plaga que amenazaba la viabilidad misma del Estado mexicano”.
Los discursos de Calderón y del general secretario Galván dibujaron el contorno del tema que ha desgastado el consenso interno: el involucramiento de las fuerzas armadas contra el crimen organizado. Se trató no de un asunto de seguridad pública que le correspondía a las fuerzas policiacas, sino un tema central que tiene que ver con la soberanía del Estado: la seguridad interior, parte sustancial de la seguridad nacional y la seguridad nacional amenazada no por otros ejércitos invasores sino por un crimen organizado que había expulsado leyes y autoridades de espacios territoriales de la república.
El tema se ha agotado en la superficialidad de los análisis. Al comenzar el sexenio, varios estados estaban bajo dominio de una decena de cárteles de la droga. Corrompidas las autoridades políticas y de seguridad estatales y municipales, la opción era dejar las cosas como estaban o recuperar la soberanía del Estado. Ahí se localizó la decisión estratégica de seguridad nacional de usar a las fuerzas armadas como dique de contención para impedir el avance de la criminalidad.
La crisis en la conceptualización de la seguridad condujo al ejército a la modernización de su pensamiento militar ya no en función de los viejos modelos de defensa de la soberanía territorial ante eventuales invasiones de ejércitos extranjeros, sino a su adecuación ante las nuevas amenazas contra el Estado. El general secretario Galván señaló que la educación superior militar dio dos pasos sustanciales: la maestría en Seguridad Interior y Defensa Nacional en el Colegio de Defensa y el curso de Estado Mayor Conjunto en lo que era curso superior de guerra.
Mientras las instancias legislativas y civiles siguen regateando la modernización de las fuerzas armadas, los planteles militares dan saltos cualitativos en la conceptualización de las doctrinas de defensa, algo similar a lo que ha ocurrido en otros países en donde las doctrinas de defensa nacional reconocen el papel fundamental de los ejércitos en la defensa de la soberanía ante amenazas externa e internas nuevas.
De ahí que el papel de las fuerzas armadas en acciones de seguridad interior como parte de la seguridad nacional se haya dado no sólo en los campos de batalla enfrentando la violencia criminal contra la sociedad sino en la redefinición de funciones para la estabilidad de la república. A pesar de los regateos civiles y judiciales, las fuerzas armadas lograron desmantelar bandas, decomisar droga y armamentos y diezmar a los principales cárteles.
La errática y deficiente política de comunicación social del gobierno federal no logró acreditar el peligro que representaba el poder armado y de corrupción del crimen organizado. Pero la apreciación del presidente Calderón el viernes fue la más certera: el poder del crimen organizado “amenazaba la viabilidad misma del Estado mexicano”. Todavía en los últimos meses el poderío criminal de los cárteles atacó zonas de Tamaulipas y Michoacán desbordando a las autoridades estatales y municipales, sin que sectores de la sociedad alcancen a entender la dimensión del peligro.
La comunicación gubernamental no pudo fijar el debate nacional sobre la inseguridad y la violencia criminal en los terrenos de la corrupción, la complicidad del sistema político y la falta de responsabilidad de las autoridades estatales y municipales, por lo que la discusión se agotó en la pobreza y el desempleo como nutriente de los cárteles. Asimismo, la estrategia gubernamental desdeñó las campañas de educación, los programas de empleo temporal en zonas afectadas e inversiones sociales de emergencia.
Al finalizar el sexenio de Calderón y comenzar el de Peña Nieto, el sistema político debe evaluar los pasivos con las fuerzas armadas: la reforma a la ley de seguridad nacional para mayor certeza jurídica, una doctrina de defensa nacional y la salvaguarda del fuero militar. Los cárteles del crimen organizado como enemigos de la república van a seguir latentes después del primero de diciembre, sino es que antes organizan una ofensiva para recuperar posiciones aprovechando el vacío político y de poder del interregno.
Y el nuevo gobierno debe resolver la paradoja política: el ejército es castigado por abusos de algunos militares que ya habían sido castigados por tribunales castrenses, pero la estructura política y judicial del Estado ha sido penetrada por los narcos y nada hace para establecer sanciones: un diputado del PRD que fue acusado de informar al cártel de Michoacán y un secretario de estudio y cuenta de un ministro actual de la Corte Suprema -.-donde se castiga severamente el fuero militar– está preso por ser informante del cártel del Chapo, ambos protegidos por sus instancias políticas y judiciales.
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Foto:Ambientación