Carlos Ramírez/ Indicador Político

+ Anulación electoral, imposible
+ Tendría que ser toda la elección
México, D.F. 25 de julio 2012 (Quadratín).- La solicitud de anulación de la elección presidencial que hizo el equipo jurídico de Andrés Manuel López Obrador será negada en tribunales. Pero no por razones políticas sino de procedimiento: es imposible anular solamente la votación de Presidente de la República en una elección que involucró otras votaciones federales y estatales.
Por tanto, los márgenes de maniobra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serán estrechos. No hay forma de separar la elección de presidente de la de diputados federales y senadores y de gobernadores pues todos se dieron en la misma casilla, con los mismos electores y con los mismos funcionarios electorales.
De ahí la radicalización adelantada del programa de lucha de López Obrador para impedir la calificación de Enrique Peña Nieto y de descalificar una elección donde hubo dos millones de ciudadanos a cargo y donde en la elección presidencial perdió el partido en el poder. Y a ello se agrega el hecho de que la ventaja del PRI fue de casi 7 puntos porcentuales y 3.4 millones de votos.
Pese a esas certezas del proceso electoral, de todos modos López Obrador buscará mantener la radicalización de su movimiento para no aceptar la derrota y para culpar a los demás de la falta de votos a su favor. Por lo pronto, el tabasqueño está dejando sueltos a los grupos radicales para pasar a la violencia en protestas y en tomas de empresas privadas como una forma de cohesionar la fortaleza del grupo disidente.
El error del equipo jurídico de López Obrador en su impugnación radicó en el hecho de centrarse sólo en la elección presidencial, pero con datos reveladores de que el mismo votante que supuestamente fue comprado por el PRI votó a favor del PRI en la presidencial pero en contra del PRI en las legislativas federales. Jurídicamente es imposible encontrar una explicación documentable –como lo estableció Mauricio Farah en su análisis publicado en Milenio el pasado lunes 12 de julio–: el voto diferenciado en las preferencias en una misma votación significó un voto razonado que indicó una capacidad de decisión del elector al margen de las supuestas compras de su conciencia.
En este sentido, de ser cierta la queja de López Obrador, el voto por el PRI debió de haber sido el mismo en los cuatro niveles: presidente de la república, senadores, diputados federales y gobernadores y jefe de gobierno. Pero en el DF, por ejemplo, el candidato del PRD, Miguel Ángel Mancera, tuvo más votos que López Obrador y que Peña Nieto y en términos generales.
El razonamiento de Farah es fundamental y se explica en los datos oficiales:
–A nivel de presidente de la república el PRI sin alianza tuvo 28.94% de los votos, el PRD sin alianza alcanzó 19.37 y el PAN llegó a 24.49.
–En la votación de senadores, el PRI sacó 31.25%, más que Peña Nieto, el PRD llegó a 18.56%, menos que López Obrador, y el PAN tocó techo con 26.28% de los votos, menos de un punto más que Vázquez Mota.
Las cifras comparativas hacen trizas el argumento desesperado de López Obrador de que Peña Nieto había comprado los votos; en todo caso, debería reconocer que el PRD y el PAN fracasaron en la construcción de una alternancia anti PRI y el votante decidió una alternancia hacia el PRI que había destronado en el 2000.
Los datos diferenciados de las votaciones de presidente, senadores, diputados federales y gobernadores-jefe de gobierno del DF no checan con la argumentación retórico de López Obrador; sirven esos apasionamiento, eso sí, para calentar la plaza y ofrecerle a sus seguidores el argumento del fraude. El problema de López Obrador es que su acusación de fraude es jurídicamente inconsistente, aunque políticamente capitalizable ante masas que ya veían a su líder despachando en Los Pinos y no como “presidente legítimo” en el zócalo de la ciudad de México.
La única manera que tiene López Obrador de fundamentar su acusación de fraude –sin contar con las pruebas que pasen la prueba jurídica en los tribunales, cuyos funcionarios fueron electos en el congreso por los partidos y sin intervención presidencial– sería con la aplicación de la propuesta de Adolfo Gilly: que todos, pero absolutamente todos, los candidatos triunfadores del PRD se nieguen a asumir el cargo que les dieron las urnas bajo el argumento de que fueron elecciones fraudulentas.
La protesta de López Obrador sí calentaría la política si en su momento Miguel Ángel Mancera, los jefes delegacionales electos y el poder legislativo del DF rechazaran los cargos y dejaran las instancias de gobierno sin titulares. De otro modo, los magistrados del tribunal electoral no podrán explicar la anulación de la elección presidencial que denunció López Obrador, si los demás perredistas electos ya recibieron su constancia de mayoría y se disponen a tomar posesión de sus cargos.
Lo de menos es el asunto político o, podrían decir los lopezobradoristas, la falta de solidaridad de los perredistas electos. El asunto es jurídico: ¿cómo determinar que hubo fraude en la elección de presidente si existió voto diferenciado y razonado en el electorado al votar por diferentes partidos en la misma casilla y en elecciones de otros niveles?
El error jurídico de López Obrador fue haber solicitado la anulación de la votación presidencial sin tomar en cuenta las otras votaciones. Farah le recuerda a López Obrador los datos: en el 2012 subió 1.1 millones sus votos con respecto al 2006, pero ante un aumento de más de 8 millones de votantes en un sexenio; es decir, sólo convenció al 13% de los nuevos votantes.
El voto diferenciado es la prueba de que el electorado voto como quiso.
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