Carlos Ramírez/ Indicador Político

+ PRI adelanta vísperas en Sedena
+ Militares: estrictamente con la ley
México, D.F. 18 de mayo 2012 (Quadratín).-El cumplimiento de la orden de presentación del general retirado Tomás Ángeles Dauahare ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) fue ajena a la estabilidad institucional de las fuerzas armadas, pero reveló cuando menos tres hechos:
1.- El PRI adelantó vísperas e introdujo la inestabilidad en ciertos mandos militares retirados que ya ven al PRI de regreso a Palacio Nacional. La invitación como partido a generales retirados rompió la disciplina militar que aún los retirados deben guardar al mando castrense y al presidente de la república como comandante en jefe de las fuerzas armadas. Todavía no gana las elecciones y el PRI soltó la posibilidad de que el próximo secretario de Seguridad Pública federal sea un militar, lo que ha despertado la ambición de generales retirados.
2.- Algunos altos mandos militares retirados violaron la disciplina militar y cayeron en el juego priista de criticar la estrategia de seguridad del gobierno federal y del alto mando castrense como una forma de apuntarse a posiciones políticas para el próximo gabinete. El problema de fondo no fue el de conocer percepciones críticas de los retirados, sino que los militares retirados se han salido de los canales institucionales castrenses que son muy estrictos. En este sentido, el PRI politizó el comportamiento de generales retirados en el contexto de la decisión priista de fijar la percepción de que de los retirados podría salir inclusive el próximo secretario de la Defensa Nacional.
3.- Al usar a militares retirados para criticar la estrategia gubernamental de seguridad, en la que las fuerzas armadas constituyen el pilar fundamental, el PRI introdujo un factor de desestabilización. El general Ángeles cometió un error de criterio al aceptar presentarse en una reunión de la campaña presidencial del PRI y de criticar la estrategia gubernamental de la que él mismo fue parte como subsecretario de la Defensa Nacional al iniciar el sexenio del presidente Calderón. Con ello, el PRI está dividiendo la unidad de las fuerzas armadas justo cuando la disciplina militar es vital por el papel fundamental del ejército en la lucha contra el crimen organizado.
A estos puntos hay que agregar otros tres que ya contaminaron el proceso de presentación del general Ángeles ante la SIEDO a una solicitud formal de la Procuraduría General de la República:
1.- La decisión de los abogados del general Ángeles, obviamente con el aval del militar citado a declarar, de mediatizar el asunto y sacarlo de los canales institucionales de la disciplina militar para convertirlo en escándalo periodístico.
2.- La queja de un militar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, justo cuando se han multiplicado las denuncias ante ese organismo como parte de una campaña de desprestigio de las fuerzas armadas para debilitar la moral castrense en la estrategia de lucha contra los cárteles del crimen organizado. Con esa solicitud ante la CNDH, el militar trata de salvarse aportando elementos a los adversarios del ejército, a pesar de que se cumplieron los pasos institucionales y castrenses para conducirlo a declarar.
3.- La imprudencia de la esposa del general Ángeles de afirmar que su esposo fue víctima de una “traición”, concepto que tiene nociones delicadas en los procedimientos de la disciplina militar. De manera mañosa, la esposa del general Ángeles trató de introducir al general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, en un asunto del que el ejército es ajeno porque se trata de un expediente manejado directamente por la PGR. El problema fue que la esposa del general Ángeles buscó que el general secretario irrumpiera en un proceso judicial delicado para un acto de impunidad. En algunos sectores castrenses se leyeron las declaraciones de la señora Ángeles como una especie de vulgar chantaje.
Lo que el general Ángeles, su esposa y su abogado no quieren entender es que el asunto es ajeno al ejército, tiene que ver con un expediente de la PGR y se basa en declaraciones de un testigo que no se pueden dejar pasar y mínimo deben de investigarse. El general Ángeles goza de muy buena reputación en las fuerzas armadas, pero en denuncias vinculadas al crimen organizado no basta la confianza sino que hay que desahogar las indagatorias. En este sentido, el general Ángeles no fue detenido sino presentado a declarar; sin embargo, la politización de la información y el ruido que introdujo el PRI al convocar a generales en retiro a actos políticos de campaña y usar relaciones para designaciones propias de quien ya adelantó la victoria presidencial, llevaron a la autoridad a dictar el arraigo del militar retirado.
El dato que se quiere ignorar tiene que ver con una muestra de voluntad de los altos mandos del ejército de no usar el uniforme para la impunidad y que los presuntos acusados militares tendrán que ser llevado ante tribunales civiles. Lo paradójico del asunto es que la solicitud del general Ángeles de buscar la protección de la CNDH se convirtió en un dardo clavado en el costado del cuerpo militar y una evidencia de indisciplina. Mientras el ejército trata de salvaguardar el fuero militar como una garantía de eficacia y lealtad a la defensa de la soberanía, un general retirado ha buscado los espacios civiles en donde las leyes han permitido la impunidad.
De ahí que el ejército ha tomado el camino más sensato: reiterar que el caso del general Ángeles es un tema de una persona y no involucra a las fuerzas armadas como institución, algo que por cierto el acusado debió de haber entendido porque en aras de salvarse a sí mismo no vacila en tratar de embarrar a las fuerzas armadas y a sus altos mandos. La autoridad militar decidió cumplimentar un requerimiento de la PGR sin invocar la jurisdicción militar y con ello dejar claro que el ejército no protegerá a investigados ni los cobijará bajo el fuero militar.
La decisión militar de cumplir con una orden de presentación de la PGR contrasta con la complicidad de algunas instancias del poder civil que prefieren la apatía o la connivencia ante denuncias de funcionarios, políticos y policías señalados de colaborar o proteger a bandas criminales.
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