Carlos Ramírez/ Indicador Político

+ Candidaturas: distribuir poder
+ Partidos acotados por el Trife
México, DF. 11 de marzo del 2012 (Quadratín).- La asignación de candidaturas para cargos de elección popular en la rama legislativa ha estado marcada por dos características que nada tienen que ver con la democracia: la consolidación de grupos de poder y la judicialización de la protesta. Los partidos de nueva cuenta se alejaron de la posibilidad de definir candidaturas que promovieran la pluralidad política.
El punto central de la asignación de candidaturas tiene que ver con el modelo de la representación política. Ciertamente que los legisladores electos representan al pueblo, pero el votante no tiene más remedio por elegir de la lista que la presentan los partidos. De ahí que las dirigencias partidistas hayan vuelto a fallar en la selección de candidatos por imponer las candidaturas como premios a grupos de poder.
Los partidos políticos han padecido la distribución de candidaturas por carecer de métodos democráticos. Un caso puede ilustrar el problema: el aspirante priísta oaxaqueño Jaime Larrazábal Bretón –que ya ha sido diputado– participó en el proceso de nominación de candidato por el distrito 10 federal de Oaxaca. La decisión final de la comisión encargada de procesos internos rechazó su inscripción como precandidato; sin embargo, Larrazábal acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presentó sus pruebas y logró que el organismo regulador judicial ordenara al PRI reponer el proceso y registrar al aspirante como precandidato.
Los mecanismos de asignación de candidaturas de los partidos son flexibles como para otorgarle a las dirigencias criterios subjetivos de decisión. Al final, todos los partidos tienen estructuras verticales que impiden el juego democrático interno. Esta estructura fue criticada hace un siglo, en 1912, por el sociólogo alemán Robert Michels al señalar que en los partidos se daba “la ley de hierro de la oligarquía”, es decir, que al final las élites en los partidos se apoderan de los cargos de decisión y por ello la selección de candidatos responde a sus intereses.
El PRI fue el más autoritario en la asignación de candidaturas, el PRD se inclinó por el mecanismo no abierto de encuestas sin difundir sus resultados y el PAN cerró la competencia interna. Así, las listas de aspirantes no representan una buena oferta al elector y sí respondieron a los intereses de la oligarquía de cada partido. El problema se magnificó en la distribución de las candidaturas plurinominales, en donde las dirigencias prácticamente distribuyeron cargos en función de la dinámica de los intereses de pequeños grupos.
En este sentido, de nueva cuenta la lista de candidatos no resolvió el sentido original del modelo de representación política: que los cargos legislativos del poder popular realmente representen los sentimientos de la población. El ciudadano, militante o no de algún partido político, carece de mecanismos para promover que los candidatos tengan alguna representación previa. Hasta ahora, los candidatos representan los intereses de un sector corporativo de los partidos.
La solución ideal serían las elecciones primarias en los partidos, controladas por la autoridad electoral, pero su costo sería demasiado. Las primarias permiten el registro de cualquier ciudadano para pugnar por una candidatura a cargo de elección popular y la decisión final sería de los militantes en una votación similar a la constitucional. Ahora, en cambio, los aspirantes deben militar en el partido y cumplir requisitos que ahuyentan a los ciudadanos de la participación política; por ejemplo, en el PRI se necesitan firmas de un porcentaje del sector al que pertenecen.
En este sentido, el sistema de representación política se pervierte porque los elegidos llegan por el voto popular pero su nominación y apoyo de campaña corresponderá al partido, al grupo dominante o a algún grupo de interés. Por tanto, sus votaciones no corresponderán a los votantes de su distrito sino a la decisión de la oligarquía de su partido. Un caso conocido resulta ejemplar: en la legislatura de la segunda parte del gobierno de Zedillo, el diputado Oscar González consultó a los habitantes de su distrito cuál debería ser el sentido de su voto por el fin del Fobaproa y el nacimiento del IPAB y ahí recibió la instrucción de votar por el no; sin embargo, su partido, el PRI, tenía la obligación de votar por el sí. González obedeció a sus votantes pero fue castigado por el PRI. Así, los diputados obedecen a las consignas de sus superiores que los designaron y no a los ciudadanos que lo llevaron al Congreso con su voto.
Ahí es donde se pervierte el modelo de representación política. La tradición constitucional señala que el sistema mexicano es republicano representativo y federal, pero tomando el concepto de representativo como de representación popular, no de élite o de partido. Este punto ha sido soslayado por los promotores de la relección de legisladores, cuando en realidad primero debiera resolverse el asunto de los mecanismos de asignación de candidaturas para una auténtica representación popular.
Si se revisan las listas de candidatos distritales y plurinominales, se encontrarán muchos de los políticos de siempre, muchos de ellos beneficiarios del esquema del trapecio político que los hacen pasar de una cámara a otra. Y si bien la experiencia legislativa sólo se adquiere con la participación en los cargos, el trapecio no responde precisamente a la experiencia sino a las complicidades políticas del poder; hay legisladores que pasan de una cámara a otra sólo como cargo similar a un empleo y sin dejar ninguna huella a favor de la sociedad.
La crítica social ha comenzado una campaña en contra de los diputados y para desaparecer los 200 diputados plurinominales que se eligen por lista y sin hacer campaña y que reproducen en paralelo la votación por distritos. En el fondo se trata de una dura crítica social en contra del poder legislativo y su precaria aprobación de leyes en beneficio de la sociedad. Por ejemplo, la sociedad se entusiasmó con la reforma política salida del Senado para la relección de legisladores y sobre todo las candidaturas ciudadanas y los diputados priístas la frenaron porque no respondía al interés de su precandidato Enrique Peña Nieto.
La distribución de candidaturas obliga a revisar el modelo de representación política a través de partidos que son dominados por intereses de una oligarquía, pero los diputados sin duda se van a negar cualquier reforma que rompa con los cargos legislativos como empleo informal al servicio de intereses de las élites dirigentes de los partidos y no a los intereses de la sociedad.
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