La posverdad judicial
MÉXICO, DF. 11 de mayo de 2014 (Quadratín).- La novedad: coalición dominante y democracia consociativa.
Los desacuerdos, confrontaciones y oscilaciones en los comportamientos de los partidos políticos en el Congreso pueden analizarse como parte del juego de poder y del intercambio de favores: te doy y me das. Sin embargo, detrás de las agendas de la coyuntura se encuentra un hecho que hasta ahora no se ha racionalizado: la reconfiguración del sistema político priísta hasta ahora basado en la fuerza dominante del presidente de la república y el PRI y desde la alternancia obligado a acuerdos pluripartidistas.
La reorganización del sistema era obvia: el PRI sin coalición ganó la presidencia de la república en el 2012 con el 28.94% de los votos, 14.5 millones de sufragios, seguido por el PAN con 25.41%-12.7 millones. Sin embargo, las alianzas empujaron un poco a los candidatos: el priísta Enrique Peña Nieto subió a 38.21% y 19.2 millones de votos por su asociación con el Partido Verde Ecologista; el candidato de la coalición PRD-PT-Convergencia pasó de tercer lugar individual a segundo con 31.59%-15.8 millones de votos, en tanto la candidata del PAN Josefina Vázquez Mota se quedó con la misma cifra porque careció de alianzas.
La fragmentación del poder político comenzó en 1988 cuando Carlos Salinas de Gortari acreditó, en la contabilidad oficial que careció de credibilidad, el 50.3% de los votos, con el dato en matemáticas que fracciones mayores a 5 suben a uno y menores bajan a cero; así, el simbolismo colectivo se quedó con el hecho de que desde ese año, hace ya un cuarto de siglo, cinco presidentes han gobernado y gobiernan con menos del 50% de los votos.
El problema se ha extendido al poder legislativo federal: el PRI como primera fuerza minoritaria entre minorías en la Cámara de Diputados y el Senado tiene el 42% de las bancadas, debajo de la mayoría absoluta de 51% para aprobar leyes y de la mayoría calificada de 67% –dos terceras partes– para modificar la Constitución sin alianzas. Y si se agrega el hecho de que desde 1994 la composición en la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya no permite un control absolutista del presidencialismo sino que hay un reparto de posiciones entre abogados de diferentes ideologías, el cuadro final ofrece los perfiles de un sistema político priísta en crisis.
SI bien la fuerza política de la presidencia de la república sigue latente, de todos modos se tiene que ejercer vía los diputados y senadores porque el centro de las decisiones se desplazó al legislativo. Hasta ahora, el presidente de la república gobierna vía el congreso con el manejo de las diputaciones del Estado de México, Veracruz y Jalisco, a través de la mayoría priísta en la Conferencia Nacional de Goberndores y a partir de la administración de los recursos fiscales que se distribuyen a las entidades federativas. Y si el presidencialismo es fuerte, ahora depende de nuevos centros de poder político.
Los problemas para aprobar las reformas constitucionales y las leyes secundarias en el Congreso mostraron la reconfiguración del viejo sistema político priísta piramidal con la figura todopoderosa del presidente de la república que gobernaba sin consensos ni acuerdos; ahora está en marcha, en los hechos, y no muy comprendido inclusive por sus protagonistas, un nuevo sistema basado en cuando menos tres pilares con fuerza horizontal:
1.- La presidencia de la república pero ahora acotada y obligada a pactar con fracciones de su partido, los jefes parlamentarios priístas, los gobernadores que administran a los diputados por bancadas estatales y la oposición. La unidireccionalidad del antiguo sistema ahora funciona, cuando hay concesiones, en un presidencialismo consensuado.
2.- El sistema de partidos ha tomado el control del poder legislativo, con avances en autonomía cada vez mayores. El dominio absolutista del presidente de la república en el pasado se sustentaba en el control centralizado –en Gobernación– de las elecciones y en el manejo del presupuesto público; para lograr aprobaciones en algunas leyes, el presidente de la república desde 1995 ha tenido que cederle a los partidos más espacios efectivos de poder. El PAN comprometió su voto por la reforma energética con la que estaba de acuerdo pero a cambio de concesiones en la reforma política-electoral que le quitaron más hilos de control al PRI.
3.- El presupuesto era la clave del poder presidencial; Hacienda proponía y operaba las comisiones para la aprobación anual, sin permitir evaluaciones de supervisión legislativa. Ahora la presidencia de la república tiene que hacer concesiones en el Congreso y su poder presidencial ha disminuido.
El viejo sistema político priísta –presidencialista, autoritario, centralista– se encuentra ante un rediseño en los hechos y en la práctica –es decir: sin control– en función de dos modelos ya conocidos:
1.- La coalición dominante. En el estudio de los nuevos centros de poder, Modelos de partido (1982), el politólogo italiano Angelo Panebianco creó la categoría de “coalición dominante” basado en el hecho de que ya no existe una fuerza piramidal sino que el poder se reparte entre grupos, partidos, sectores y otros poderes. En México la coalición dominante está formada por el presidente de la república, el PRI, el PAN, los jefes legislativos de PRI y PAN y los gobernadores. El viejo presidencialismo absolutista ya murió de muerte natural.
2.- Y la democracia consociativa. En su estudio sobre nuevas formas de gobernar Modelos de democracia (1989) y luego en su análisis de treinta y seis democracias en el mundo (1994), el politólogo holandés Arend Lijphart buscó las formas de funcionamiento de la democracia y detectó una nueva forma diferente a las tradicionales: la democracia de consenso o consociativa basada en la existencia de gobiernos sin mayorías absolutas, reparto equitativo de poder entre tres partidos, sistemas electorales proporcionales y lucha entre poderes. Los acuerdos para gobernar llevan, de modo natural, a gobiernos de coalición por la prioridad de las reformas o las decisiones que en votaciones tradicionales nunca llegarían a acuerdos.
El Pacto por México, los acuerdos de aprobaciones por algunas leyes cambio de concesiones en otras y las negociaciones entre los grupos dominantes ilustran las nuevas formas de funcionamiento del sistema político priísta: el fin del presidencialismo absolutista y los consensos en toma de decisiones. La ruptura de negociaciones la semana pasada en el Senado por un madruguete al estilo del viejo régimen priísta intentado por el senador expriísta-neopanista Javier Lozano buscando la aprobación de la ley de telecomunicaciones sin consenso ni acuerdos estuvo a punto de hundir la aprobación de las leyes secundarias; el regreso del PAN y el PRD a la mesa de negociaciones fue producto de la reinstalación de acuerdos y consensos y no de imposiciones.
La posibilidad de avanzar en reformas ya no va a depender de la fuerza autoritaria del presidencialismo sino de la negociación con los nuevos centros de poder político. El México en el que el presidente de la república controlaba a la oposición se terminó desde hace mucho y a fuerza de conflictos el PRI ha tenido que reconocer que la viabilidad de gobierno se localiza en la democracia consociativa.
Lo mejor de este modelo de democracia es que permite incluir en las decisiones a todas las fuerzas dominantes y por tanto a generar reformas plurales con mejores posibilidades para el desarrollo.
Así que el viejo régimen priísta ha muerto, aunque ande deambulando como alma en pena por los pasillos de la política.
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