Carlos Ramírez / Indicador Político / Agenda de ingobernabilidad

+ Agenda de ingobernabilidad
+ Garantía de dos alternancias
México, D.F. 21 de julio 2012 (Quadratín).- A pesar de contar con leyes, instituciones y protocolos, el conflicto poselectoral se salió de su cauce. Pero el juego político está claro: Andrés Manuel López Obrador ha lanzado su plan de defensa antes del dictamen de validez del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque sabe que legalmente la elección será en contra.
La agenda de la ingobernabilidad dibuja un escenario de provocación de la ruptura institucional:
–Las movilizaciones anunciadas por López obrador para explotar los ánimos –más bien: desánimos-.- de sus bases.
–La demanda de invalidez presentada por López Obrador carece de bases legales, por lo que será votada en contra. Por eso el tabasqueño se irá a las plazas.
–Los grupos radicales y rupturistas, al que se ha sumado el movimiento YoSoy132, tampoco van por la legalidad sino por tratar de impedir la victoria de Enrique Peña Nieto.
–Los grupos radicales van a tratar de repetir dos de los escenarios de conflicto social violento: un atencazo y una protesta etilo APPO oaxaqueña.
–López Obrador no ha querido aclarar pero busca la anulación de todo el proceso electoral del 2012 –federales y estatales– porque ahí se resintió el modelo de acopio de Votos de Peña. Sin embargo, todos los cargos perredistas ganados no van a seguir el juego.
–Las protestas morales le hacen al proceso electoral lo que el viento a Juárez. Pero la jugada de López Obrador es asumir la condición de víctima sexenal –otra vez– y tener pretexto para recorrer el país los próximos seis años hasta las presidenciales de 2018.
–López Obrador tiene todo el escenario mediático a su favor, mientras el PRI aparece a la defensiva y de botepronto.
–Lo que le falta aclarar a López Obrador es cómo será la instrucción para impedir la toma de posesión de Peña Nieto.
–El candidato derrotado perredista está jugando con fuego. Ha dejado que la Alianza Atenco –donde participan electricistas, appos, atencos, zapatistas y otros grupos radicales– reviva el lenguaje de la ruptura y de los machetes. Si hay violencia, López Obrador dirá que no son de su grupo, pero lo que no podrá negar es que esas organizaciones radicales revivieron por el discurso de López Obrador.
–De nueva cuenta hay una fractura en el PRD: la dirección del partido sigue de rehén de López Obrador, las instancias legislativas van a tomar posesión y buscarán acuerdos con todas las fuerzas políticas y las bases se están preparando para la lucha callejera. Lo malo es que las amenazas de López Obrador han perdido efectividad porque la ruptura violenta lo hundirá como un político agitador social.
–La lápida que enterró a López Obrador fueron los 3.4 millones de votos y los casi 7 puntos porcentuales de ventaja de Peña Nieto y el PRI.
–De ahí que el 2012 no vaya a ser tan tenso como el 2006.
DOS ALTERNANCIAS
La reforma electoral del 2007 fue operada por el PRD para subsanar los problemas de las elecciones presidenciales en el 2006; la tolerancia fue tanta, que se le cedió la designación del consejero presidente para Leonardo Valdés Zurita, en lugar de Luis Carlos Ugalde a quien el PRD y sobre todo López Obrador habían señalado de responsable del resultado electoral apretado en julio del 2006.
Ahora resulta que dice López Obrador que las elecciones fueron un fraude.
La reforma electoral de 1996 finalmente le quitó al gobierno federal la organización de las elecciones y se creó un instituto autónomo. La reforma de ese año se realizó con el deseo de que fuera la “definitiva”. Pero resulta que la organización de elecciones, cuando menos en denuncias de uno de sus más mediáticos y estridentes candidatos, parece estar peor en manos de ciudadanos y de partidos que cuando estaba en manos del gobierno.
Las catorce reformas electorales en México, de 1911 a 1996, fueron promovidas por el gobierno federal y su partido dominante. La de 1996 no sólo le quitó al PRI-gobierno la realización de las elecciones, sino que condujo a la pérdida priísta de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, a una mayor pluralidad en el Senado y a la derrota aplastante del PRI en el gobierno del DF, además de que prefiguró la derrota presidencial del PRI en el 2000 con nuevas reglas electorales.
La gran incógnita que queda en el ánimo social es muy simple: ¿cómo es que la reforma electoral que derrotó al PRI en los procesos 1997-2006 aparece ahora como inservible y sobre todo sin la confianza de cuando menos cuatro partidos, PRD, PT, MC y PAN? ¿Por qué el PRI aceptó la derrota electoral presidencial en el 2000 y en el 2006, a pesar de haber sido el invencible y el fundador del sistema político y por qué el PRD con López Obrador ha impugnado y desconocido los resultados de las elecciones presidenciales –sólo las presidenciales, no las legislativas ni estatales– del 2006 y del 2012?
El grave problema de López Obrador radica en su repudio a la derrota en las urnas y siempre encuentra culpables. Lo malo, sin embargo, radica en el hecho de que el PRD y el propio López Obrador aceptaron jugar en las elecciones con las reglas del juego vigentes y las cambiaron en el 2007 a su modo, pero a la hora decisiva se han negado a aceptar los resultados. Si tanto desconfiaban del proceso, López Obrador y el PRD tuvieron cuando menos tres oportunidades para salirse del proceso y denunciar anticipadamente las irregularidades: al momento del registro, durante la campaña y la víspera de las elecciones.
La denuncia a posteriori y la exigencia de invalidar las elecciones presidenciales y convocar a la realización de otras en el corto plazo no buscan en realidad limpiar el proceso sino usar todas las artimañas de la política, muchas de ellas leguleyas, para reventar el proceso, disfrazar la derrota de López Obrador con la supuesta ilegitimidad del ganador y reducir el margen de gobernabilidad del próximo sexenio. En el 2006 López Obrador se auto nombró “presidente legítimo”, tomó “posesión” de su cargo, se colocó la “banda presidencial”, designó a su “gabinete presidencial” y se sentó en la silla gestatoria del poder del águila; hoy carece de rutas de escape, a excepción de la violencia política.
Si la reforma electoral de 1996 ha permitido dos alternancias presidenciales en paz, entonces la estructura electoral no está tan mal. Y si López Obrador quiere reventar un proceso que aceptó y en el que participó con las reglas existentes y perdió por 6.6 puntos porcentuales y por 3.4 millones de votos, entonces el problema no es de instituciones sino voluntarismo personal.
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